pandemiaLos pleitos relacionados con la covid copan la actividad de más de 50.000 abogados en España

Los pleitos relacionados con la pandemia son ya uno de los principales ámbitos en los que se mueve la abogacía española. Según el último barómetro interno de la profesión, uno de cada tres abogados está llevando algún caso relacionado con la covid-19 o tiene sobre la mesa uno para tramitarlo en los próximos meses. Según los últimos datos del Consejo de la Abogacía Española, de finales de 2019, hay censados un total de 154.296 letrados y letradas, por lo que en torno a 51.432 de ellos están trabajando en causas relacionadas con el coronavirus.

El reciente estudio, elaborado por Metroscopia, indica que un 25% de los abogados consultados ha indicado que ya ha tramitado reclamaciones relacionadas con la crisis sanitaria, mientras que otro 25% ha asegurado que lo hará en los próximos meses. 

Con una economía que se ha contraído en 2020 un 11% y una cifra alarmante de paro a causa de la pandemia, que se sitúa en los 3,98 millones, 724.532 durante el año pasado, las reclamaciones laborales son el principal asunto en estos momentos para los despachos laboralistas. Sin datos oficiales aún, los abogados consultados por Público afirman que han "doblado" su clientela en los últimos meses.

En Barcelona, el abogado Luis Fernández Pallarés ha visto incrementado "espectacularmente" su nivel de trabajo. El número de reclamaciones por personas que han sido despedidas de sus empleos se ha disparado. "Si antes tenía un despido cada semana o cada dos semanas, ahora tengo dos o tres casa día".  Cuenta que en estos momentos se están celebrando los juicios por despidos efectuados durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y junio. Los despidos no han parado, aunque se han contenido por los ERTES. A finales de noviembre de 2020 había 746.900 personas en esta situación.

"Si antes tenía un despido cada semana, ahora tengo dos o tres cada día", dice un abogado

El volumen de trabajo es tan grande que "tengo que pasar casos a otros abogados de la cooperativa de la que formo parte", explica Fernández Pallarés, para quien el golpe económico por la pandemia se va a alargar bastante y ha pillado a España con una "reforma laboral del Partido Popular, que hace que siga siendo muy barato despedir". "Los empresarios se saltan la norma que indica que está prohibido despedir por causa del coronavirus. La mayoría de los jueces están dictaminando que son despidos improcedentes, en vez de decir que son nulos. Así que el empresario paga los 33 días por año trabajado y ya está, le sale a cuenta".

Según este abogado laboralista de Barcelona, en la primera ola los primeros despedidos fueron los trabajadores temporales. "Ahora están despidiendo a los que tienen más antigüedad y la tercera ola de despidos será cuando acaben los ERTES, seguramente a partir del verano próximo".

Hosteleros y comerciantes, en pie de guerra

La hostelería española ha comenzado hace poco a interponer las primeras demandas por los efectos económicos que ha sufrido debido a los cierres decretados en algunas comunidades en los momentos de mayor incidencia de la pandemia. Por ejemplo, la plataforma de hosteleros 'La hostelería de todos' ha presentado este jueves ante el Ministerio de Industria 50 demandas por los daños y perjuicios por los cierres ordenados debido a la covid. Estas son las primeras de las más de mil que anuncian que presentarán, y con ellas inician el procedimiento que les llevará a una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y contra las Comunidades Autónomas. 

El bufete Cremades & Calvo Sotelo dirige la estrategia jurídica de esta plataforma de hosteleros de toda España. Desde el despacho se explica que las primeras demandas se han interpuesto ante Industria "porque la hostelería es una parte esencial del tejido económico, cultural y social del país y un elemento de competitividad internacional". Destaca el bufete que las demandas pueden acumularse en un único procedimiento "para que se resuelva en sentencia única".

Estos hosteleros valoran los daños por los cierres de 2020 en el 65%  de la media de facturación de cada establecimiento en los años precedentes, aunque avisan en sus demandas de que los daños y perjuicios sufridos por cada uno difieren según el tipo de local, la comunidad autónoma o el barrio en el que se ubique debido a los dispares criterios de cierres y aforos permitidos. 

Las muertes de ancianos en residencias 

Los muertos por covid en los geriátricos suman casi 25.000 en lo que llevamos de pandemia, casi un año, según datos de la Fiscalía General del Estado. Este es uno de los asuntos que más consultas genera a los abogados. ¿Qué se puede hacer para depurar responsabilidades contra las residencias por la muerte de un familiar? La respuesta no está clara porque, de momento, la Justicia está instruyendo pocos casos. 

La asociación del Defensor del Paciente recibió durante la primer ola cerca de 600  denuncias por el fallecimiento de personas mayores en residencias. "Ahora siguen llegando denuncias, no con la virulencia de la primera ola --dice Carmen Flores, presidenta de la asociación--, pero ahora como mandan a los ancianos al hospital cuando ya no pueden hacer nada, pues siguen muriendo y sus familias nos consultan". Los servicios jurídicos de la entidad se están encargando de un buen número de casos, pese a que la Fiscalía se opone a ver delito en muchas de las muertes de ancianos en residencias.  "Hemos interpuesto algo más de cien acciones por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Sanidad. Si falla la vía penal, es una manera de garantizar la acción de la Justicia", explica Carlos Sardinero, abogado de la asociación del Defensor del Paciente.

Desde el mes de marzo de 2020, la Fiscalía ha abierto 441 diligencias penales por muertes de ancianos en residencias de toda España, de las que solo sobreviven en estos momentos 209, que siguen instruyéndose. Más de la mitad de ellas, 112, se refieren a residencias en Madrid, tanto públicas como privadas.

En la comunidad de Madrid, la Marea de Residencias, creada hace dos años para impulsar una Ley de Residencias en la región, ha llevado a los juzgados los casos de un centenar de ancianos fallecidos en estos centros, a través de abogados colaboradores.