El 12 de abril el Partido Popular y Vox aprobaron la tramitación por vía de urgencia de la ampliación de la superficie agrícola regable en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que supondría la legalización de unas 800 hectáreas de cultivos ilegales en la zona según los cálculos de la Junta de Andalucía. Organizaciones ecologistas como WWF elevan esta cifra a 1.900 hectáreas.

El Plan del presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, chocó de frente con el Gobierno central y la UNESCO. Fue así como la sequía, la sobreexplotación de los acuíferos y las plantaciones irregulares de frutos rojos entraron de lleno en la campaña electoral del 28M.

Sin embargo, el conflicto lleva más de diez años enquistado en la región. En especial en los municipios onubenses que se verían afectados por el Plan: Almonte, Lucena del Puerto, Bonares, Moguer y Rociana del Condado.

En 2004, el PSOE presentó el Plan Especial de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, que permitía legalizar los cultivos ilegales que se habían extendido por estos términos municipales entre finales de los 90 y principios del dos mil. Tras varios conflictos legales y políticos, fue aprobado diez años después, con el consenso de populares y socialistas.

Según Ecologistas en Acción y WWF, la falta de recursos mermó la aplicación efectiva de dicho plan. Mientras tanto, los cultivos ilegales continuaron creciendo. Durante el verano del 2020, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico declaró en mal estado cuantitativo tres de las cinco masas de agua que conforman el acuífero de Doñana y en septiembre de 2022 la laguna permanente más grande del Parque Nacional terminó de secarse.

Ahora, Moreno Bonilla busca legalizar también los cultivos ilegales que proliferaron entre 2004 y 2014. Esto supondría ampliar el dividendo del reparto del agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, satisfaciendo las demandas de los agricultores de estos cultivos irregulares, pero poniendo en riesgo la salud hídrica de la región, sobre la que ya pende una sanción de la Comisión Europea.

Las versiones locales del PSOE y del PP de los municipios afectados por el Plan de la fresa han canalizado el apoyo o el rechazo de su población a la legalización de los cultivos. Público hace un repaso de la respuesta electoral a dicho conflicto en los pueblos afectados por el Plan.

Rociana del Condado y Lucena del Puerto, a favor de la legalización

El epicentro del conflicto por la legalización de los regadíos en Doñana es Lucena del Puerto (Huelva). Se trata del pueblo menos habitado de todos los afectados por el Plan de la fresa, pero también el más grande en términos de extensión territorial. Quizá por ello, es el municipio donde más han proliferado los cultivos ilegales.

Las plantaciones de frutos rojos aquí se han extendido a lo largo de 608,2 hectáreas dedicadas tradicionalmente al secano y por 127,5 que ni siquiera estaban destinadas al cultivo, de acuerdo con el estudio realizado por WWF.

Desde que en 2014 se explicitara la imposibilidad de legalizar las plantaciones irregulares de este territorio, el apoyo de su población a los partidos pro-legalización ha sido generalizado.

Este 2023, la participación de los vecinos en los comicios locales ha alcanzado el 78,16% de la población censada, incrementando el apoyo a los populares y a Vox, que por primera vez presentaba una candidatura en el municipio. A pesar de ello, no ha conseguido representación.

Con el 62% de las papeletas (880 votos) y 7 de los 11 concejales, Álvaro Regidor gobernará el consistorio de Lucena del Puerto en los cuatro próximos años. Esto supone 708 votos más que los que obtuvieron en 2019, si bien han sumado el apoyo de los Independientes, una fuerza política local también partidaria de la legalización, pero que no presenta candidatura este 28M.

Históricamente, Rociana del Condado (Huelva) ha sido gobernada por el PSOE. Pero este 28M, el municipio onubense ha sucumbido al tsunami electoral que ha pintado de azul el mapa nacional. El próximo 17 de junio, el hasta ahora alcalde socialista Diego Pichardo cederá la vara de mando al popular Asís Pérez, que ha cosechado el 67,57% de los votos del municipio, recogiendo también los de Ciudadanos, que no han presentado ninguna candidatura en estos comicios.

La necesidad de sus habitantes por legalizar las 180,1 hectáreas de cultivos irregulares que existen en el municipio, según los cálculos de la organización WWF, también ha sido clave en este resultado electoral. En las urnas, el apoyo a los populares se ha incrementado un 89% entre 2019 y 2023, pasando de 1.215 a 2.308. Un 206% (1.554 votos) de diferencia si se mira la tendencia en la última década, en la que los partidos del bipartidismo han cooptado las fuerzas políticas alternativas.

De acuerdo con los datos estimados por WWF, las hectáreas ilegales de Lucena del Puerto suponen el 41% del total de cultivos existentes en el término municipal. En el caso de Rociana del Condado, el porcentaje sería bastante mayor: un 26%. Según la organización ecologista, estas elevadas cifras son el motivo por el que el apoyo al Plan de la Junta es mayor. De la misma manera, en aquellos pueblos en los que la proporción de legales es superior a los ilegales, el apoyo a las fuerzas contrarias al Plan de Moreno Bonilla.

Almonte, Bonares y Moguer: la resistencia al Plan de Moreno Bonilla

Almonte es el tercer pueblo más importante de Huelva. A lo largo de su territorio se extienden, al menos, 4.232 hectáreas de frutos rojos. Todos ellos reciben una dotación regular de agua, establecida en su Plan Hidrológico anual. Fuera de ellos, la organización WWF, ha detectado otras 991,3 hectáreas que se abastecen ilegalmente de los recursos hidrológicos de la Cuenca del Guadalquivir.

De ser correcta esta estimación, las hectáreas ilegales supondrían el 8,46% del total de cultivos presentes en el territorio. Esto relega a un segundo plano las aspiraciones de legalización de dichas plantaciones en este municipio. Así se traduce en las urnas año tras año.

Este 28M, las fuerzas contrarias a la legalización de los cultivos continúan sumando la mayoría en la localidad onubense. Ilusiona, con Paco Bella, antiguo militante del PSOE a la cabeza, ha logrado la mayoría absoluta. Además, el PSOE y Mesa de Convergencia, partido que gobernó el municipio en la legislatura anterior, han logrado el otro 26,86% de los votos. Por otra parte, el incremento del apoyo a Vox y al Partido Popular han crecido tan sólo en 316 y 58 votos respectivamente.

Algo similar sucede en Bonares y Moguer, en donde la superficie que pretende legalizar Moreno Bonilla es apenas un 22% y un 11% respectivamente del total de cultivos. En Bonares, sin embargo, el apoyo al PP ha crecido en 400 votos, debido a la falta de candidaturas alternativas a la derecha. A pesar de ello, el PSOE continúa teniendo la mayoría absoluta y Juan Antonio García seguirá al frente del consistorio en los próximos cuatro años.

También el alcalde de Moguer desde 2007, el socialista Gustavo Cuéllar, repetirá en esta legislatura en la que gobernará en solitario gracias al 50,11% de los votos. Si se suman las papeletas de la Asociación de Vecinos de Moguer (AVEMA), con representación en el Ayuntamiento desde el año 2007, las fuerzas contrarias al nuevo plan sumarían el 59% de los votos del municipio.

Al otro lado de arco ideológico, los populares han recortado su distancia con los socialistas tanto en votos como en concejales, a los que suman uno más que la pasada legislatura, haciendo un total de ocho.

A pesar de su oposición a la Proposición de Ley de Regadíos de Doñana presentada por el Gobierno de la Junta, tanto Juan Antonio García como Gustavo Cuellar expresaron a mediados de abril la necesidad de que las autoridades autonómicas y nacionales llegaran a un consenso.