El Gobierno prevé modificar la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal para abordar la cuestión del auge de viviendas de uso turístico, uno de los principales retos al que se enfrenta el turismo, ha señalado este lunes la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver.

En este sentido, ha destacado que el actual Ejecutivo socialista ha decidido liderar la acción con el fin de dar respuesta a uno de los principales problemas del sector que el anterior Gobierno popular no abordó. "Creo que el anterior Gobierno dejó en ese caso de ejercer su función de liderazgo", ha agregado Oliver en la presentación del estudio Turismo y economía. Análisis, medición y horizonte, elaborado por el Consejo General de Economistas.

La secretaria de Estado ha explicado que el Gobierno va a abordar el tema de alquileres turísticos en varias líneas, entre ellas prevé una modificación de la ley de arrendamientos urbanos, con la idea de planificar lo que es el alquiler de corta duración, para separarlo del turístico, que es competencia de las comunidades autónomas. 

Asimismo, se prevé cambiar la ley de propiedad horizontal, en el sentido de modificar las mayorías para que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre sus propiedades y sobre lo que se hace en sus comunidades. Oliver ha detallado que el ministerio ya ha empezado a hablar con todas las comunidades autónomas sobre dicha cuestión y que esta semana habrá más reuniones, mañana y pasado mañana.

A estas reuniones asistirán todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque los ayuntamientos y la administración local es "esencial" en el tema de alquileres turísticos y en el turismo en general. También estarán presentes representantes del Ministerio de Vivienda y todas aquellas asociaciones, plataformas, entidades que tienen el interés en expresar su opinión al respecto.

En los encuentros previstos esta semana se dará voz a todos los implicados en esta compleja cuestión: hoteles, empresarios, plataformas, vecinos y sindicatos, con el objetivo es acordar, entre todos, unas líneas maestras que sirvan de guía para regular este fenómeno y den mayor seguridad jurídica, ha agregado. Oliver espera la asistencia de hasta dieciocho entidades, que podrán expresar su punto de vista sobre una cuestión que ha calificado de "muy compleja jurídicamente".