MADRID.- Esperanza Aguirre y Francisco Granados, hoy en prisión preventiva por su supuesta vinculación con la trama de corrupción Púnica que salpica al PP madrileño, podrían volver a verse pronto en la Asamblea de Madrid. Podemos ha registrado este viernes una petición de comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y hoy líder del PP en el Ayuntamiento, su exconsejero de Justicia y Presidencia, y el que fuera delfín de Aguirre y heredero de la Presidencia de la Comunidad, Ignacio González.

Previsiblemente, la Mesa de la cámara autonómica, en manos del PP de Cristina Cifuentes, deberá decidir este mismo lunes si acepta las comparecencias de la presidenta del PP madrileño, de Granados y del defenestrado González, en el marco de la comisión de estudio de la deuda que promueve el partido de Pablo Iglesias en la Asamblea.

Este viernes, el portavoz de Podemos en la cámara, José Manuel López, explicaba que el objetivo de esta comisión, que echará a andar el próximo martes 6 de octubre, no es hacer desfilar a figuras estrella del PP vinculadas a la gestión de la Comunidad, sino despejar dudas sobre el importante incremento de la deuda madrileña en los últimos ocho años de gobierno del Partido Popular, cuando esta ha pasado de los 10.000 a los 25.000 millones de euros.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de todos los otros grupos de la cámara, PSOE, Ciudadanos, y PP ─aunque Podemos asegura que los últimos no lo están poniendo fácil─, pretende servir para supervisar casos concretos, para aclarar cómo y porqué se aprobaron distintas actuaciones públicas de gran presupuesto, como la truncada Ciudad de la Justicia, que supuso un gasto de 130 millones de los que hoy se dan por perdidos 105, sin que nadie haya asumido responsabilidades. El objetivo último sería, según Podemos, crear un paquete legislativo para prevenir despilfarros en la gestión pública, aunque en caso de que la comisión de estudio detecte indicios de corrupción, estos casos pasarán a una comisión de investigación o incluso a los tribunales.

"No es una comisión que al PP le interese", sostenía López, que ha presentado la iniciativa acompañado por la presidenta de la comisión de estudio y del grupo parlamentario, Lorena Ruíz-Huerta, y el portavoz del partido en la comisión, Eduardo Gutiérrez. Los tres diputados han explicado este viernes que en primer lugar solicitarán la comparecencia de gestores relacionados con tres casos concretos: La Ciudad de la Justicia, el Plan Prisma 2006/2007 y la firma Arpegio, y la gestión del Canal de Isabel II. "Queremos conocer las explicaciones de los gerentes, aprender si los procedimientos son claramente mejorables", explica Guitérrez, que apunta que trabajarán para lograr una gestión "lo más eficaz, eficiente y garantista" que sea posible.

Así, siguiendo el guión del partido, el martes comparecerán Miguel Ángel Fernández Calvo, liquidador del campus de justicia, y el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda. También contaban con la presencia de Javier Rodríguez Fernández, último consejero delegado del campus de justicia antes de la liquidación, que según Podemos no podrá asistir, pero se muestra predispuesto a hacerlo en un futuro.

En su primera fase, la comisión pedirá las comparecencias de los gerentes de los organismos investigados -con perfiles más técnicos-, y a partir de finales de octubre o al inicio del mes de noviembre previsiblemente deberán comparecer Aguirre, Granados y otros cargos políticos.

Se reunirán cada dos semanas, los martes -en un horario que coincide además con otras actividades de la cámara-, y comenzarán abordando el caso de la Ciudad de la Justicia, este martes, para después continuar con el Plan Prisma y la gestión del Canal Isabel II en sucesivos encuentros. 

La presidenta de la comisión explicaba también que su objetivo no es "traer a figuras estrellas" a la cámara, sino pedir los informes que teóricamente deberían haber justificado las inversiones de dinero público, buscar si realmente este gasto obedecía a necesidades reales. O si, por contra, y como todo parece indicar en algunos casos, durante el gobierno del PP han tenido lugar despilfarros que alimentaran la "red clientelar" que según López ha germinado en la capital al amparo de los conservadores.