Podemos ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra las actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción del número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga las cuentas de la formación morada a raíz de una denuncia realizada por el abogado despedido del partido José Manuel Calvente. En su escrito, los abogados del partido piden la nulidad de las autos en los que se imputan a varios de sus dirigentes y, subsidiariamente, solicitan el archivo del procedimiento "por no apreciarse indicio alguno de hecho delictivo".

El recurso ante la Audiencia Provincial recoge los argumentos del escrito de nulidad presentado ante el Juzgado. El partido señala que sólo se le ha podido proporcionar los primeros 41 minutos y 52 segundos de la grabación de la declaración de Calvente (que se prolongó por más de tres horas) en la que exponía sus denuncias sobre una supuesta caja B en el partido.

Los abogados del partido subrayan que las diligencias acordadas por el juzgado se adoptaron "a la vista del contenido de dicha declaración", y al disponer sólo de un extracto parcial, se genera una "evidente indefensión" porque se tendría que ejercitar "a ciegas" el derecho de defensa.

El escrito añade otro argumento para solicitar la nulidad de las actuaciones. Los letrados de Podemos apuntan que la documentación aportada por el abogado despedido se obtuvo en el ejercicio de sus funciones en el partido, y, según señalan, "le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad", y contiene datos de carácter personal "que fueron recabadas en el marco de una fraudulenta investigación secreta".

Podemos plantea así que los datos y documentos obtenidos por Calvente, "aun siendo irrelevante penalmente pero aderezada con las apreciaciones subjetivas y sesgadas del denunciante", deben ser excluidos del proceso "por haber sido obtenida mediando vulneración de derechos fundamentales".

"No tienen la relevancia penal suficiente"

El recurso solicita subsidiariamente el archivo del procedimiento porque "los hechos denunciados carecen de cualquier sustento indiciario ni tienen la relevancia penal suficiente para iniciar una instrucción judicial".

El escrito insiste en que las denuncias de Clavente sobre las cuentas de la formación (que se refieren al uso de la caja de resistencia del partido, a la contratación de las obras de la sede de la formación y a las campañas contratados con la firma Neurona Consulting) "están en su práctica totalidad basadas en las meras apreciaciones subjetivas que el juez de instrucción hace suyas sin someterlas a un mínimo juicio de ponderación o análisis objetivo para verificar si nos encontramos ante verdaderos hechos punibles".

El escrito de Podemos cuestiona la actuación del juez Escalonilla, que ha realizado una instrucción del caso "en términos desproporcionados, vagos e imprecisos", acordando una amplia serie de diligencias "que ha derivado en una suerte de investigación prospectiva que perturba gravemente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa".

Los abogados de la formación morada aseguran que el titular del Juzgado de Instrucción "pretende aplicar otro modelo procesal de garantías muy alejado al vigente", que obliga a las personas investigadas a probar la ausencia de un hecho delictivo, invirtiendo la carga de la prueba.

El escrito también denuncia "la celeridad con la que el Juzgado ha admitido como acusación popular al partido político VOX," además sin fianza.

El recurso concluye señalando que el magistrado "debería haber evitado abrir una causa general y no practicar diligencias absolutamente irrelevantes para la causa", y que está realizando "una investigación irregular, indeterminada, con graves perjuicios al derecho a la defensa y la presunción de inocencia".