El juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán (ambos jubilados anticipadamente) y cuatro antiguos agentes de la Unidad de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Palma encara su meridiano con la balanza del lado de los acusados. 

A tenor de las testificales practicadas hasta ahora, no hay rastro de las coacciones imputadas al juez, al fiscal y a los policías, para quien la Fiscalía pide casi 600 años de cárcel. Además, en lo referente a las supuestas filtraciones a la prensa, seis periodistas han declarado que los acusados no fueron sus fuentes de información. 

Los seis investigadores del caso Cursach se sientan en el banquillo por presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción, descubiertas a raíz de que la Policía interviniera un chat de 'Whatsapp' que mantenían todos ellos. 

Según la tesis de la Fiscalía, los mensajes mostrarían un ánimo de coaccionar a los testigos para que declararan en contra del magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y el resto de acusados. El caso finalmente se saldó con la absolución de todos los procesados debido precisamente a que el Ministerio Público retiró sorpresivamente las  acusaciones. 

La funcionaria adscrita al Juzgado de Instrucción 12 de Palma, que dirigía Penalva, en cuya presencia se tomaron declaración a los testigos y detenidos de la trama Cursach, ha negado haber presenciado coacciones o presiones por parte del juez o del fiscal. Al contrario: "Muchas veces los declarantes querían modificar cosas. En mi presencia nunca se les impidió", ha dicho y ha subrayado: "El fiscal siempre insistía en que la transcripción fuera literal". 

El secretario judicial, por su parte, ha reconocido que no estuvo presente en todas las declaraciones porque llevaba otros asuntos del juzgado y "no podía estar en todo". Ha negado que en su presencia se presionara a los testigos y ha dicho que nunca recibió quejas por supuestas manipulaciones de las declaraciones o que se les impidiera realizar modificaciones. "Eso no pasó nunca", ha declarado. 

Este letrado de Justicia ha explicado cómo era su trato con el fiscal Subirán: "Unos días era amable, casi cariñoso y otros días no te saludaba. Era su forma de ser". Sin embargo, no le constan amenazas o presiones por parte de Subirán a testigos. 

Miedo de las testigos protegidas

Por otro lado, una testigo protegida ha ratificado la declaración que prestó en 2017 en el juzgado de Penalva, salvo en un detalle, que beneficia la tesis del fiscal. Ha negado haberse referido al 'principito', apodo con el que identificaban al exdiputado del PP y concejal del Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón diversos testigos como receptor de fiestas sexuales pagadas por el magnate Bartolomé Cursach.  

Gijón, que fue detenido en relación al amaño del concurso de las máquinas de aparcamiento de Palma, está personado en el juicio, junto con un hermano y sus padres, que también fueron detenidos por presuntamente participar en el blanqueo de la comisión. El caso ORA, que fue una de las piezas separadas del caso Cursach, fue sobreseído al no presentar el fiscal Herranz acusación. 

La testigo, que ha declarado por videoconferencia, ha negado que ella hiciera mención al 'principito' y que firmara la declaración con una cruz grande, tal cual consta en un documento que le ha mostrado el fiscal Tomás Herranz. 

Otra testigo protegida, conocida como 'la madame', no ha querido contestar a las preguntas del fiscal porque está incursa en un procedimiento por falso testimonio; tan solo ha declarado: "Pido perdón al señor Gijón por todo el daño que por mis declaraciones le he causado". El fiscal, visiblemente satisfecho, le ha agradecido estas palabras. 

Parece que la brutal paliza que recibió esta mujer de dos sicarios en 2017 y todas las presiones de las que fue objeto para que se retractara han tenido el efecto deseado. 'La madame' pasó de señalar a Álvaro Gijón y a José María Rodríguez, ex alto cargo del PP balear, como beneficiados de fiestas sexuales pagadas por Cursach a asegurar que la agenda del prostíbulo que ella misma aportó al juzgado y que probaba las prebendas era falsa y que la había elaborado ella misma al dictado del fiscal Subirán. 

El juez instructor de la causa contra Penalva y Subirán abrió contra esta testigo un procedimiento por falso testimonio y en estos momentos está procesada, pendiente de juicio.

Espionaje ilegal a los periodistas

Hasta ahora han desfilado por el juicio seis periodistas que han desmentido que alguno de los acusados les filtrara datos de la investigación del caso Cursach. Los más señalados han sido Blanca Pou, de Europa Press, y Francisco Mestre, de Diario de Mallorca. A ambos la Policía les incautó los móviles, en un escandaloso episodio de espionaje ilegal a periodistas.  

Blanca Pou recordó que "hubo una primera visita informal de los policías. Meses después vinieron con una orden judicial. Estuvieron encerrados conmigo en un despacho tres policías y la secretaria judicial. Yo proteste porque entendía que vulneraba mi derecho al secreto profesional. Me dijeron que no podía hacer nada, que había una orden judicial. Se llevaron el móvil, dos ordenadores, un pen drive y documentación". 

Hay que recordar que el juez que permitió el espionaje, Miguel Florit, con el beneplácito del fiscal Juan Carrau, fue exonerado pese a que el TSJIB sentenció que se vulneró el secreto profesional de los periodistas. Este lunes la defensa de Penalva y Subirán ha renunciado a la declaración de Florit y Carrau, ante la protesta de algunas acusaciones, que pretendían un careo entre Subirán y Carrau.

Parece que al fiscal Herranz no le quedó clara la sentencia porque la semana pasada preguntó a la periodista de Europa Press quién le facilitó el informe económico del grupo Cursach. "Como comprenderá llevo cuatro años pleiteando por esto y no voy a revelar mis fuentes", le contestó la informadora. 

"Falta de respeto absoluto al trabajo periodístico"

Por su parte, el periodista Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, explicó que los inspectores Juan Márquez y Juan Palomo, los 'Juanes', los dos policías que armaron las acusaciones contra Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo, jamás preguntaron cómo funcionaba el sistema de publicación digital del periódico y que por eso se equivocaron en sus informes sobre la hora de publicación de las noticias que ellos tildaban como filtraciones. 

Por ejemplo, los 'Juanes' sostienen que Mestre publicaba el ingreso en prisión de acusados antes de que se decretara por el juzgado. El periodista ha desmentido esto y ha explicado que en realidad son actualizaciones de noticias anteriores. "Imagine el riesgo que habría corrido si hubiera publicado eso antes de que se hubiera decidido --ha dicho Mestre--. Con esta historia engañaron al señor Florit". 

Juan Márquez y Juan Palomo llegaron a plasmar en sus informes que Blanca Pou habría podido pagar a los policías de Blanqueo por el informe de Cursach. "Es una falta de respeto absoluto a nuestro trabajo", se quejó Francisco Mestre. 

Respecto a la incautación de su teléfono, Mestre ha indicado: "Márquez me citó en el juzgado. Me exigió el móvil y me dijo que lo había ordenado el juez y que lo había respaldado la Fiscalía Anticorrupción. Fue una encerrona. Dicen que fue una entrega voluntaria. La alternativa era irme detenido", ha clamado el periodista. 

Mandos policiales en contra de los agentes

Este lunes ha declarado José Luis Santafé, actual jefe superior de la Policía Nacional en Balears, y jefe de la Brigada de la Policía Judicial cuando se investigaba el caso Cursach. "En julio de 2016 llego a la jefatura de Policía Judicial y veo que hay un grupo que se comporta como unidad adscrita que depende mucho del juez y fiscal cuando en realidad es una unidad orgánica, y yo intento recuperar que las cosas pasen por mí", ha relatado Santafé.

"Me entero de la detención de la familia Gijón muy poco antes, porque este grupo policial me informaba tarde y de forma incompleta. No podíamos tener una visión completa de lo que se estaba haciendo", ha continuado. 

"Yo pensaba que este grupo estaba actuando correctamente", ha dicho Santafé, que sostiene que cambió de opinión a raíz de conocerse los 'whatsapp' privados de los policías, el juez y el fiscal. 

Santafé ha introducido un nuevo elemento en el juicio, al afirmar que el juez Penalva le amenazó: "Me dijo 'Si quieres órdenes judiciales las tendrás pero atente a las consecuencias'". Este dato es inédito, pues nadie, hasta ahora, había retratado así al juez jubilado.

Sobre el fiscal jubilado Subirán, el jefe de Policía de Balears ha dicho que le trató "de forma indigna, me gritaba, me trataba fatal. Era una persona que en cuanto le ponías una pega, te gritaba; yo le gritaría también..."

Antonio Suárez, exjefe de la brigada de Crimen Organizado de Balears, ya jubilado, ha mostrado cierta animadversión contra los agentes de Blanqueo, a los que se ha referido como "una unidad fallida". "El jefe, García Reguera, no tenía condiciones ni conocimientos. Blanca Ruiz, tampoco, pero sus funciones eran influir sobre el policía Iván [Bandera]. Sus conocimientos sobre blanqueo de capitales eran cero", ha dicho, incidiendo especialmente en la inspectora Ruiz: "Hacia gala de una soberbia impropia".