Pensiones, estatuto del becario y subida del SMI, la cuesta de enero del diálogo social

El diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales tiene abiertas tres importantes mesas de negociación que podrían ver su resolución en enero, aunque algunas están más enquistadas que otras. Se trata de las negociaciones que abordan la reforma de las pensiones, el denominado estatuto del becario y la subida del salario mínimo interprofesional.

Cada proceso es distinto y sigue sus propios plazos, pero, en general, se trata de negociaciones que se encuentran en sus últimas fases, lo que no quiere decir que en todas se prevea un acuerdo garantizado. Una de las más importantes es la de pensiones, que protagonizan el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y los sindicatos.

La mayoría de las cuestiones que se abordan están prácticamente cerradas, y se habrían alcanzado importantes consensos en torno a medidas para paliar las denominadas lagunas de cotización (aquellos periodos en los que un trabajador no ha cotizado o ha cotizado por debajo de las bases mínimas por distintos motivos, como un trabajo precario o un contrato a tiempo parcial).

Sin embargo, el nudo gordiano que estaría impidiendo, a día de hoy, un acuerdo es el aumento del periodo de cálculo de la pensión. En la actualidad se tienen en cuenta los últimos 25 años de trabajo, y el departamento dirigido por José Luis Escrivá quiere extenderlo hasta los 30 años (con la posibilidad de que el pensionista pueda elegir los "mejores" de su carrera profesional).

La propuesta de Inclusión y Seguridad Social, sin embargo, no cuenta ni con el apoyo de los sindicatos ni con los números suficientes para salir adelante en una eventual votación en el Congreso de los Diputados (ni Unidas Podemos, ni ERC ni EH Bildu están a favor de esta medida). Por este motivo, la mesa de diálogo social no ha cerrado aún la reforma, uno de los hitos más importantes que se comprometió con Bruselas a cambio de la recepción de los denominados fondos europeos de reconstrucción.

La reforma de las pensiones debería haberse aprobado antes de que acabara el 2022 para poder percibir el siguiente tramo de los fondos (de unos 6.000 millones que llegarán en abril); sin embargo, la UE pospuso el cumplimiento de este hito al despliegue del siguiente tramo de dinero, y el próximo plazo clave del acuerdo en pensiones es el verano. Pese a todo, los agentes sociales creen que se podría cerrar un acuerdo en las próximas semanas, siempre y cuando se saque de la ecuación el aumento del periodo para el cálculo de la pensión.

La patronal y la negociación del estatuto del becario

Como alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema y dotarlo de recursos para encarar las jubilaciones de la generación del baby boom, en Unidas Podemos han propuesto el destope de las bases máximas de cotización (lo que implicaría que los salarios más altos cotizaran en función de lo que perciben y no dejaran de contribuir al sistema, como sucede en la actualidad, a partir de 4.139 euros, lo que implica a todos los trabajadores que tienen un sueldo mayor de 45.000 euros).

Sin embargo, las patronales no están de acuerdo con esta medida ya que, denuncian, las empresas que tengan a trabajadores cobrando más de 45.000 euros verían aumentado el coste laboral (las corporaciones pagan una parte de las cotizaciones) y, a su juicio, tendrían problemas y desventajas competitivas con otras empresas en el extranjero.

El estatuto del becario es otra de las negociaciones que podría cerrarse antes de que acabe enero. El pasado año, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT alcanzaron un principio de acuerdo para eliminar las denominadas prácticas extracurriculares que, entre otras cuestiones, recogía la prohibición para las empresas de tener en su plantilla a falsos becarios, al impedirse de facto que un estudiante en prácticas pueda realizar labores y asumir responsabilidades propias de un trabajador asalariado.

En Trabajo tienen el objetivo de que la reforma salga con el mayor consenso posible y, aunque la patronal no participó por decisión propia en las negociaciones del pasado año, ha entrado la mesa en la recta final del acuerdo. El departamento dirigido por Yolanda Díaz habría puesto una propuesta encima de la mesa con el objetivo de desatascar la negociación en la que se da a las empresas y a las universidades un periodo de adaptación de tres años en los que se puede continuar con prácticas extracurriculares (la mayor puerta de entrada a la contratación de falsos becarios) hasta un máximo de 36 créditos por curso académico.

Tras este periodo, las extracurriculares deben desaparecer. Esta propuesta, sin embargo, no ha convencido a los sindicatos, que han pedido a Trabajo volver al texto bipartito (pactado entre el departamento de Díaz y las organizaciones sindicales), que a su vez rechaza la patronal. La vicepresidenta segunda ha insistido recientemente en la necesidad de desbloquear el acuerdo: "No es posible que las empresas abusen de trabajadores cuyo objetivo es aprender. Hay que garantizar la formación y evitar que se use a falsos becarios".

La negociación de la subida del salario mínimo interprofesional es, quizá, la que tiene un camino más despejado y corto de las tres. El SMI es competencia del Gobierno, pero en esta legislatura siempre se ha buscado el pacto con el diálogo social para actualizarlo. El grupo de expertos del Ministerio de Trabajo han trazado una horquilla de subida que lo situaría entre 1.046 y 1.082 euros, cifra necesaria para cumplir con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura.

Los sindicatos, sin embargo, piden una subida que situaría al salario mínimo en una horquilla entre 1.082 y 1.100 euros. La previsión es que se cierre un acuerdo antes de que acabe el año, y desde CCOO se ha pedido celeridad con este asunto porque "España no puede discutir si cinco o diez euros abajo cuando las empresas están teniendo los beneficios que tienen".