Fin de fiesta. Ocho meses después de que Público tirase de la manta sobre la brigada política de Interior y sus montajes contra políticos y partidos rivales del PP, finalmente van a tener que comparecer para dar explicaciones en sede parlamentaria los más altos responsables del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la comparecencia en comisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, del director del Gabinete de la Presidencia, Jorge Moragas, y del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, para que den explicaciones sobre la Operación Cataluña, cuyos entresijos ha revelado Público en los últimos meses y que quedó de manifiesto por primera vez con las grabaciones del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que este diario reveló en exclusiva. 

Junts pel Sí (JxSí) registró la semana pasada una petición para crear una comisión de investigación sobre esta trama contra el proceso soberanista, una solicitud que será votada en el pleno del 8 y 9 de marzo y que contará con suficiente mayoría para ser aprobada, a tenor del apoyo público expresado por la CUP, Catalunya Sí Que Es Pot y el PSC.

Pese a que ya en esta comisión de investigación se abordará el asunto, en la comisión de asuntos institucionales del Parlament JxSí ha sometido a votación varias solicitudes de comparecencia relacionadas con la misma Operación Cataluña, que han sido aprobadas con los votos de JxSí, el PSC y la CUP, la abstención de Ciudadanos y Catalunya Sí Que Es Pot y el "no" del PPC.

Pero no sólo han sido llamados a comparecer ante la Comisión de Asuntos institucionales del Parlament, Sáenz de Santamaría, Moragas y Millo, sino también el excomisario de Policía y empresario José Manuel Villarejo y el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda –exjefe de Asuntos Internos–, para que informen sobre "las informaciones y las grabaciones aparecidas en la prensa" –fundamentalmente, las de Público– sobre la llamada operación Cataluña.

Los portavoces de la oposición en el Parlament catalán han reprochado a JxSí que someta a votación unas comparecencias que deberían tener lugar o bien en la comisión de investigación aprobada en el Congreso de los Diputados –y que se pondrá en marcha a partir del 7 de marzo– o bien en la que se abrirá en el propio Parlament de Catalunya.

El diputado de JxSí David Bonvehí, sin embargo, ha mantenido la votación de hoy, aclarando que se pueden acabar unificando estas comparecencias con las que se pidan en la comisión de investigación que pondrá en marcha el Parlament.

La diputada del PP de Catalunya Esperanza García ha arremetido contra JxSí por lo que ha tildado de "operación de distracción". García aseguró que estas solicitudes de comparecencia sólo sirven para "tapar las vergüenzas" de la antigua CDC en el caso Palau, cuyo juicio arranca hoy. Bonvehí ha replicado que es el PP quien lanza "cortinas de humo" para tapar sus casos de corrupción, mientras "se persigue a la gente por sus ideas".

Según algunas fuentes del PP y del PSOE, los dos grandes partidos pretenden ponerse de acuerdo en el Congreso de los Diputados para que en esa comisión de investigación no se cite a declarar a Villarejo –protagonista de gran parte de las operaciones y montajes de la Operación Cataluña–, aduciendo que es mejor no interrogar a comisarios.

Los medios de comunicación afines a Interior llevan en los últimos meses haciendo campaña para convencer a los lectores de que todo el escándalo se limita a una "guerra de comisarios" –entre Villarejo y Martín-Blas–, pero la realidad es que el primero forma parte de los ex altos mandos policiales (como el anterior director adjunto operativo, Eugenio Pino), que están intoxicando las investigaciones sobre la trama.

El último escándalo de estas intoxicaciones fue la aparición de un misterioso pendrive sobre el caso Pujol. Poco después se produjo una purga de fiscales encargados de investigar tramas de corrupción del PP y se ascendió a fiscal jefe Anticorrupción a Manuel Moix, el fiscal jefe de Madrid que ocultó durante casi un año el informe de Asuntos Internos que denunciaba las sospechosas irregularidades de la fortuna acumulada por el comisario Villarejo.

El nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha tenido que rendir cuentas hoy mismo ante el Congreso sobre esa purga de fiscales, que empezó con su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez del PP, por su presunta implicación en la trama Púnica.