El auto del juez Juan José Escalonilla, titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, en el que exonera a Podemos de apropiación indebida en relación a las obras de rehabilitación de la sede del partido, fechado el pasado 12 de enero, contiene, sin embargo, una reprimenda relativa al pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del Ayuntamiento de Madrid, inmerecida, a tenor de las pruebas en poder de Público.

Si bien el juez Escalonilla concluye en su auto que "no hubo distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras en la sede del partido para pagos ajenos a dichos trabajos", reprocha a Podemos lo siguiente: "Se ha requerido en dos ocasiones al partido político Podemos a los efectos de que presentara la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto – por error material se hizo referencia al pago de la licencia de obras – sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICO conforme al valor real de las obras". Incluso, ordena dar traslado al Ayuntamiento de Madrid "por si procediera realizar una liquidación final del ICO conforme al valor real de la obra".

Sin embargo, tanto el consistorio madrileño como el juzgado de instrucción 42 ya habían recibido esa autoliquidación por las obras en la sede de la calle  Francisco Villaespesa, nº 18 de Madrid. Los gestores de Podemos presentaron en plazo la documentación requerida por el juez Escalonilla. Concretamente, el día 28 de diciembre pasado, a las 13,15 horas, según consta en el documento de registro de entrada en el juzgado y el correspondiente acuse de recibo telemático, a los que ha tenido acceso Público. Quince días antes de que el juez dictase su auto.

En la documentación a la que ha podido acceder este diario sobre el pago del citado impuesto, consta que el 11 de enero de 2019, el partido ingresó 25.228,40 euros como pago inicial por las obras presupuestadas en ese momento en 639.710 euros. El 21 de marzo de 2020, se efectuó la autoliquidación complementaria por la diferencia entre el coste inicial y el coste final de dichas obras, ingresando al Ayuntamiento de Madrid otros 22.159,92 euros por un sobrecoste final de 553.998,08 euros.

No es la primera vez que se produce en el juzgado de Juan José Escalonilla un error que puede perjudicar al partido de Pablo Iglesias, en el curso de las investigaciones sobre sus cuentas, iniciadas por las denuncias de José Manuel Calvente, abogado despedido por Podemos. Calvente declaró ante el juez el 29 de julio de 2020 durante casi tres horas y media. Días después, el 4 de agosto, los abogados de Podemos pidieron en el Juzgado la declaración de Calvente. Pero solo les entregaron una grabación de 41 minutos y 52 segundos. Al día siguiente, Podemos pidió de nuevo la grabación completa, pero el juzgado les dijo que eso era lo único que había en el procedimiento y que tampoco había transcripción alguna de la declaración.

Sin embargo, la grabación completa apareció cuando Vox, personado como acusación particular, solicitó también la declaración. Entonces el juzgado comunicó por escrito que la había localizado y ordenó que se entregara a ambos partidos. Un error, un despiste... El caso es que Podemos no está contento con la marcha del juzgado de instrucción 42, pese a que el juez Escalonilla ya ha archivado cuatro de las acusaciones iniciales por presunta malversación y administración desleal.

Fuentes del partido explican a Público que, pese a que el juez ordena el sobreseimiento de la causa por las obras de la sede, existe "preocupación" por este "error" y perciben "animadversión" del juez hacia Podemos. En estos momentos, solo queda viva una causa contra el partido, la que investiga los contratos de la formación con la consultora Neurona para las elecciones generales de abril de 2019.