El Gobierno de los Países Bajos ha anunciado este martes que tiene previsto dejar de integrar el controvertido Tratado de la Carta de la Energía (TCE) al considerar que no está en armonía con el acuerdo climático de París y dificulta la posibilidad de alcanzar los objetivos de reducción del calentamiento global.

Su ministro para el Clima, Rob Jetten, ha anunciado esta decisión en el marco de un debate parlamentario en el que ha hecho hincapié en que la medida ya está tomada y responde, entre otras cuestiones, a que el citado tratado permite a los inversores extranjeros reclamar una compensación económica en el caso de que los gobiernos modifiquen sus políticas económicas y estas afecten a sus inversiones.

La decisión de Países Bajos se produce apenas unos días después de que España diese un paso al frente y anunciara su salida del tratado. Ya el pasado junio, Teresa Ribera pidió que Europa se replanteara la situación e iniciara los trámites de una salida conjunta. "Ha llegado el momento de solicitar a los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la retirada del Tratado", aseguró la responsable de Transición Ecológica.

El proceso, no en vano, puede ser largo y lleno de trabas jurídicas. Además, prevalece la llamada "clausula de supervivencia" que permite que los Estados puedan seguir siendo objeto de demandas durante los próximos 20 años a haber ejecutado su marcha. De esta forma, si un país decidiera desligarse podría recibir demandas por parte de inversores extranjeros hasta 2042.