El pacto de silencio entre el CNI y el Gobierno de Israel dio paso a millonarias ventas de armamento desde 2014

Los empresarios españoles que venden armas a Israel tienen el silencio a su favor. Las operaciones realizadas en los últimos diez años, susceptibles de haber contribuido a la maquinaria genocida que Benjamín Netanyahu activó en octubre de 2023 contra Gaza, están amparadas bajo el secretismo que garantiza el acuerdo de  confidencialidad firmado en 2014 por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y el Ministerio de Defensa israelí.  

Según datos obtenidos por Público, entre 2014 y el primer semestre de 2023 –último periodo del que existen datos disponibles– los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez autorizaron 355 exportaciones de material de defensa a Israel por un importe total de 108.341.101 euros.

Las cifras de ese periodo contrastan con las registradas en los años previos a la firma del acuerdo entre España e Israel para proteger los negocios militares. De acuerdo a la información recopilada por Amnistía Internacional, entre 2002 y 2013 –justo un año antes de que entrara el convenio de confidencialidad en vigor–, España realizó operaciones con Israel por valor de 14,8 millones de euros.

Entre las exportaciones autorizadas desde 2014 figuran espoletas para pruebas y validación en granadas de mortero iluminantes y sistemas electro-ópticos de vigilancia, observación y detección de blancos, munición de artillería para "pruebas internas por parte de empresas públicas de defensa" o repuestos y accesorios de equipos de visión nocturna.

"Riesgo de desvío"

Según consta en los informes de la Secretaría de Estado de Comercio, en ese mismo periodo la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de conceder o rechazar las peticiones de exportación, denegó 17 licencias por un total de 260.813.388 euros.

Este abultado importe se debe a que en 2022 hubo una denegación de exportación de un software informático a distribuidores privados israelíes por valor de 250 millones de euros, debido a la "existencia de denegaciones de otros países y riesgo de desvío en uso y destino".

Asimismo, entre las exportaciones rechazadas figura una licencia de exportación a Israel de botes de cartuchos de balas de goma, que fue denegada por el Gobierno de Rajoy en 2015 "debido al posible riesgo de desvío a un uso en represión interna".

El Ejecutivo del PP también denegó en 2017 dos licencias individuales de exportación destinadas a sendas "empresas públicas de defensa" en Israel de diez cañones para desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carro de combate por un valor conjunto de 1,9 millones de euros, alegando como razón la "situación regional".

"Respeto a los derechos humanos"

En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó una licencia de exportación de 2.000 grilletes de inmovilización por valor de 17.000 euros con destino a la Policía de Israel debido a la "situación interna" y el "respeto a los derechos humanos".

Ese mismo año se denegaron dos licencias de exportación a una empresa privada en Israel de 550 dispositivos electrónicos que iban a ser empleados por las Fuerzas Armadas de ese país en aviones no tripulados. En ese caso, el Gobierno alegó que se trataba de "material letal" y que existía "riesgo de un uso militar".

También rechazó una licencia individual de exportación a una empresa privada del sector informático del mismo país de diverso material hardware y software de seguridad por valor de 10 millones de euros, en este caso por "no existir suficiente información sobre el usuario final".