El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en primera lectura la nueva ley del empleo, que aspira a llevar a cabo una transformación radical de los servicios públicos de empleo que, de la mano de la reforma laboral, ataje los problemas y la ineficacia del mercado de trabajo en España. 

La norma es muy amplia y contiene importantes modificaciones, llegando a afectar a la estructura misma de las administraciones públicas y a su organización.

En este sentido, el mejor ejemplo es el objetivo de convertir el actual Servicio Público de Empleo (SEPE) en una Agencia Española para el Empleo que, por un lado, sea más eficiente para que el ciudadano pueda encontrar trabajo (o conservar el que ya tiene) y, por otro, pueda medir su actividad y el nivel de empleabilidad logrado para corregir errores y reorientar sus políticas si es necesario.

La ley se basa, fundamentalmente, en 11 medidas de calado cuyo objetivo es la elaboración de un catálogo de servicios garantizado de las personas demandantes de empleo. En primer lugar, siguiendo la estela marcada por las políticas activas de empleo, se va a impulsar la elaboración de un perfil individualizado del usuario que permita, a través de evidencias estadísticas, mejorar su empleabilidad.

Se tendrán en cuenta las habilidades, las competencias, la edad, el ámbito territorial, la pertenencia a un colectivo prioritario, y el tiempo y los motivos del desempleo, entre otros factores, con el objetivo de elaborar itinerarios y rutas personalizadas que permitan encontrar de manera ágil un empleo.

Este análisis personalizado será posible gracias al uso de la inteligencia artificial y la digitalización de las administraciones públicas, de manera que la futura Agencia Española para el Empleo será la encargada de cruzar estos datos y de garantizar que los algoritmos y las herramientas digitales de tratamiento masivo de datos no penalizan a los demandantes de empleo y no introducen sesgos (existen ejemplos de herramientas algorítmicas que han 'aprendido' e interiorizado sesgos de género, por ejemplo, penalizando a las mujeres).

Emprendimiento y autoempleo

Desde hace casi un año, los orientadores de los servicios públicos de empleo trabajan con una herramienta denominada 'Senda', que cruza datos de manera masiva con el objetivo de ofrecer itinerarios personalizados eficaces a los demandantes de empleo. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, esta herramienta ha ido "aprendiendo" y "mejorando" el cruce de datos, de manera que cada vez "ofrece mejores resultados", en un proceso que sigue en marcha.

Otro de los objetivos es que los usuarios de estos servicios puedan contar con atención personalizada y, a ser posible, presencial; en este sentido, en Trabajo se maneja una ratio de 7.000 orientadores por cada millón de demandantes de empleo. Los orientadores deberán ofrecer itinerarios personalizados adaptados a cada ciudadano en función de sus necesidades.

También habrá modificaciones importantes en el impulso del emprendimiento y el autoempleo. Desde Trabajo se ha detectado que hasta ahora este impulso es muy genérico y que conlleva importantes riesgos (desde las administraciones públicas se anima a los ciudadanos demandantes de empleo a ser emprendedores sin ningún tipo de base).

Para mejorar este impulso se implantará un modelo de asesoramiento para el emprendimiento y el autoempleo con garantías, cuyo elemento central será la realización de una auditoría de viabilidad que analice si los proyectos emprendedores tienen base para desarrollarse, para que el autoempleo deje de ser una "aventura" y se puedan minimizar sus riesgos.

La norma recoge un mínimo de periodicidad de ofertas de trabajo de los servicios públicos de empleo: no podrá haber menos de una oferta de trabajo al año y, cuando pasen seis meses sin que haya una oferta, se tendrán que justificar las razones que han llevado a esa situación. El sistema de la Agencia Española para el Empleo deberá ser informado de las vacantes que se producen en las empresas, de manera que se conozca de primera mano la realidad laboral de cada momento, la oferta y la demanda de empleo.

Una de las principales novedades de la ley es la creación de un expediente laboral personalizado único que facilite la búsqueda de empleo. El impulso de los servicios de empleo locales también tienen un lugar importante en esta legislación; como novedad, cuando haya entidades locales (ayuntamientos) con recursos para desplegar las políticas activas de empleo, la Conferencia Sectorial de Empleo podrá destinar a través de las comunidades autónomas partidas presupuestarias para que los consistorios puedan desarrollarlas de manera autónoma.

Todas estas modificaciones correrán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (que destinan la mayor partida de la historia, 7.500 millones de euros, a políticas activas de empleo), de los fondos europeos de reconstrucción y de los propios recursos económicos del SEPE.

Junto a la ley del empleo, el Consejo de Ministros también ha aprobado la Estrategia de Activación del Empleo. La norma, que se aprueba en primera lectura, tendrá que abordarse con los agentes sociales y con las comunidades autónomas antes de su aprobación definitiva.