El Consejo de Estado sí emitió un informe sobre el CETA a petición del Gobierno, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que no es necesario hacer lo propio -y, en este caso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha evitado pedírselo-. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha decidido este jueves por unanimidad no pronunciarse sobre el polémico acuerdo comercial entre la UE y Canadá, a pesar de que este implanta un sistema de arbitraje al que sólo pueden acceder las grandes empresas canadienses -o las miles de filiales estadounidenses basadas en este país-, y de que supone abrir una vía paralela a las justicias nacionales de los 28.

Con siete votos a favor, incluidos los miembros progresistas de la Permanente, y a falta de uno de los integrantes de este órgano, la Comisión sigue la línea marcada por el Gabinete Técnico del CGPJ. Como informó Público este martes, el informe de los técnicos del poder judicial argumentaba que no existe "base legal" para afirmar que es necesario el pronunciamiento de este organismo ante la ratificación de tratados internacionales.

"No hay base legal que permita extender la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial, ni incluir en el objeto sobre el que se proyecta la potestad de informe prevista en el artículo 561.1 de la LOPJ, a la autorización parlamentaria de tratados y acuerdos internacionales previa a su celebración, y, en concreto, a la autorización parlamentaria para la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)", reza el documento elaborado por el Gabinete, fechado el 27 de junio.

La decisión de la Permanente llega un mes y una semana después de que una de las vocales del CGPJ, María Concepción Sáez Rodríguez, pidiese a este órgano que se pronunciase sobre el CETA.

En declaraciones a este diario, Saéz valora de forma "negativa" la decisión del CGPJ: "Creo que el máximo órgano decisorio del Consejo que, querámoslo o no, nos representa a todos los vocales y, a la postre, a los jueces y magistrados del estado español, no asume con convicción sus competencias como tercer poder del Estado. No ya frente, sino compartiendo con los otros dos poderes del Estado su responsabilidad en una materia que afecta de lleno al núcleo de la función judicial: la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles en su tarea de resolver los conflictos, y juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

La argumentación de Sáez se basaba en que el informe es preceptivo "a tenor del Artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Artículo 156, en relación con el Artículo 109, ambos del Reglamento del Congreso, y en conexión con los Artículos 88 y 23.2 de la Constitución Española".

Bustinduy denuncia la "dejación de funciones" del CGPJ

Por su parte, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces, que Sáez requirió a su vez a petición de Ecologistas en Acción, una de las más de 350 organizaciones que forman parte de la Campaña no al CETA, TTIP y TiSA.

En declaraciones a Público, su portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Pablo Bustinduy, se muestra "en radical desacuerdo" con la posición del CGPJ.

"Políticamente me parece un ejercicio de dejación de funciones. La ciudadanía sigue indefensa ante la inseguridad jurídica que crea el CETA. No entiendo esta prisa y esta cerrazón para no examinar legalmente un texto de tanto calado. Seguiremos en la pelea para defender el interés público", apostilla.

Tras recibir luz verde en la Cámara Baja, la tramitación del acuerdo comercial seguirá su curso, en este caso en la Cámara Alta, a partir del mes de septiembre, cuando comience el nuevo periodo de sesiones. La mayoría absoluta de la que goza el PP en el Senado garantiza su aprobación, aunque Unidos Podemos ya ha anunciado que pedirá el control previo de constitucionalidad sobre el CETA en esta cámara, como hizo en el Congreso, donde su solicitud fue tumbada por PP, PSOE y C's, entre otros.

Además de eso, el grupo parlamentario de la formación de Pablo Iglesias planea presentar un recurso de inconstitucionalidad, al entender que el acuerdo supone una merma de la soberanía española y un serio peligro en lo que respecta al empleo, a la protección de los consumidores o a la defensa del medio ambiente, entre otras esferas.