MADRID
Actualizado:Organizaciones internacionales de varios países se han unido este martes para velar por el cumplimiento de los derechos de los 12 dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo de los acusados en el marco del juicio al procés catalán. Con la vista puesta en el proceso que arrancará en torno al 5 de febrero en el Tribunal Supremo, la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case, presentada este martes, ha sido ideada ad hoc para dar cauce a estas organizaciones, para que puedan supervisar el desarrollo del macrojuicio.
Y, como ha hecho Amnistía Internacional, reclaman al Alto Tribunal que les reconozca como observadores, y que guarde cinco plazas para ellos en la sala a diario. De hecho, en la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, en Madrid, han resaltado la importancia de estar presentes en el juicio, y se han mostrado dispuestos a acceder como público, llegado el caso, si el Tribunal Supremo no les otorga el pretendido estatus de observadores.
Sabata: "Que se este filtrando que los observadores son de parte me parece un poco alarmante, y demuestra la politización de este juicio"
Aún no hay respuesta formal por parte del Alto Tribunal, si bien fuentes jurídicas trasladaron el lunes a Europa Press que éste podría desestimar su petición, al entender que actúan como parte. Si bien la plataforma reivindica la "autonomía" de las organizaciones que la integran, así como su intención de velar por el exclusivo cumplimiento de los derechos humanos -sin querer entrar en valoraciones sobre la cuestión catalana-, el hecho de que alguna de las asociaciones promotoras sea favorable al derecho a decidir podría influir de este modo en la decisión del Supremo, siempre según estas fuentes.
Por su parte, la fiscal general del Estado, María José Segarra, defendió este lunes la "transparencia" del juicio. "Televisado y en directo. No podemos ofrecer más", afirmó la máxima representante de la Fiscalía, en respuesta a la petición de permitir el acceso a observadores internacionales, planteada también por las defensas.
A este respecto, Robert Sabata, miembro de la Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, ha criticado esta filtración de las intenciones del Supremo a un medio de comunicación. "Si realmente eso se ha filtrado a la prensa, es que se están tomando decisiones en base a un desconocimiento profundo de lo que son los observadores internacionales. "Que se este filtrando que los observadores son de parte me parece un poco alarmante, y demuestra la politización de este juicio"
"Si realmente se quiere ser transparente y garantista no entendemos qué problema hay con que haya personas independientes en el juicio", apuntaba Anaïs Franquesa, coodirectora del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia.
Los observadores no cobrarán; los recursos, por donación
Por otro lado, los portavoces de esta plataforma han explicado que ninguno de los observadores cobrará por su labor, que sus fondos provienen de donaciones, y que publicarán sus cuentas conforme avance el proceso, si bien por el momento no han aportado cifras. El trabajo de las organizaciones que integran la plataforma se dividirá en tres grupos: uno de académicos, otro de organizaciones internacionales y un tercero de asociaciones de expertos juristas.
Entre las promotoras de esta iniciativa están la Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans; el Collectiu Praga -que, según EP, defiende que el derecho a decidir tiene cabida en el actual marco constitucional-; el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña; el Centro Irídia; la Associació Novact y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
Por su parte, entre las organizaciones que forman parte de esta plataforma se encuentran la American Bar Asociation (Estados Unidos); la Federación Internacional de los Derechos Humanos (Francia); la red europea Euromed Rights (Dinamarca) -que representa a más de 80 organizaciones de derechos humanos de una treintena de países. También la integran la Asociación Abogados Europeos Democrátas (AED) y la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH), entre otros.
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