Paso a paso, el Tribunal de Estrasburgo cobra cada vez más peso en la estrategia de defensa de los dirigentes independentistas procesados por el Supremo en el caso procés, el macrojuicio que arrancará la semana del 5 de febrero. La búsqueda de apoyos en Europa siempre ha sido fundamental para los dirigentes independentistas; nunca han ocultado que la silueta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se dibuja con nitidez en el horizonte de las defensas de los 12 acusados -pese a sus diferencias de estrategia-, pero las decisiones de Estrasburgo ya han sido arrastradas al tablero, para pasar a influir directamente en esta pantalla de la causa judicial.

La onda expansiva de los pronunciamientos del TEDH se ha dejado notar este lunes en el Tribunal Constitucional, que ha pospuesto su decisión sobre la puesta en libertad del líder de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en prisión desde el 2 de noviembre de 2017. La división entre los magistrados los ha llevado a retrasar esta decisión, previsiblemente hasta después del arranque del juicio al procés, tal y como ha avanzado La Vanguardia.

Y es que el dictamen del TEDH sobre el llamado caso Demirtas es una de las bazas con las que cuenta el equipo legal de Junqueras. El 4 de enero, su defensa añadió al recurso de amparo presentado en febrero de 2018 -sobre el que el Constitucional aún no se ha pronunciado-, un escrito en el que enarbolaba esta sentencia de Estrasburgo.

En concreto, el 20 noviembre del pasado año, el TEDH respaldó al exlíder del pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos y parlamentario, Selahattin Demirtas. Estrasburgo dictaminó entonces que Turquía mantuvo a Demirtas en prisión durante dos campañas electorales en “un intento por asfixiar el pluralismo y el debate político, fundamentales en una sociedad democrática”. Turquía no es parte de la UE, pero sí del Consejo de Europa, y la decisión del TEDH es vinculante, si bien el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se muestra reacio a acatar esta sentencia.

Paralelamente, mientras el Constitucional gana tiempo, el Tribunal Supremo ha negado -también este lunes- la existencia de similitudes entre los casos de Junqueras y otros 8 procesados, con el del líder opositor Demirtas. En sus respectivos escritos de defensa, presentados este mes, 9 de los 12 dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo reclamaban ser puestos en libertad, amparándose en esta resolución de Estrasburgo.

En un auto dado a conocer a apenas una semana del juicio, el Supremo rechaza sus peticiones, y esgrime que el caso Demirtas “no presenta una identidad sustancial” con el de los dirigentes independentistas presos, “más allá de que la persona privada cautelarmente de libertad estaba sometida a una investigación penal y era, como alguno de los procesados en esta causa, miembro de una Asamblea legislativa”.

Según el Supremo, y mientras el encarcelamiento del líder pro-kurdo “podría llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”, los 9 procesados estaban “plenamente integrados en las estructuras del ejercicio de poder autonómico”, y por tanto no "expresaban la silenciada voz del discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos".

“No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes sostiene ahora al mismo gobierno autonómico, y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado”, añade el Supremo, que aún hoy aprecia riesgo de fuga.

Por otra parte, la defensa de Junqueras registró este recurso de amparo ante el Constitucional, el 14 de febrero de 2018. El Tribunal sólo se pronunció sobre su puesta en libertad de manera cautelar -la rechazó en mayo-, pero no sobre el fondo de este recurso, el mismo que hoy ha recibido una nueva patada hacia adelante.

Junqueras: “La sentencia es directamente aplicable”

En el escrito registrado el 4 de enero, el equipo legal de Junqueras, dirigido por el letrado Andreu Van den Eynde -también a cargo de la defensa del exconseller Raül Romeva- esgrime que la sentencia de Estrasburgo sobre Demitras es “directamente aplicable”, y su caso “plenamente equiparable” al del exvicepresident. Pide la suspensión cautelar de la prisión provisional, o su sustitución por una medida “menos gravosa”.

“Demirtas no pudo ejercitar sus obligaciones parlamentarias durante el periodo de 1 año, 7 meses y 20 días, por cuanto se encontraba en prisión provisional, sin que se justificara el motivo en base al cual no se adoptaron medidas menos gravosas que le permitieran ejercer sus funciones representativas. Ante tales circunstancias, el TEDH ha resuelto por unanimidad que la privación de libertad del demandante ha supuesto la vulneración del artículo 3 del Protocolo núm. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, haciendo notar de forma expresa que ‘en una democracia, el Parlamento y órganos comparables son esenciales para el debate político, del que forma parte el desempeño de los deberes parlamentarios’”, reza este escrito. Junqueras revalidó su escaño en el Parlament en las elecciones de diciembre de 2017, en las que fue cabeza de lista, si bien fue suspendido de esta condición por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, en julio de 2018.

Con todo, más allá de este pronunciamiento concreto de Estrasburgo, y del futurible recurso ante los tribunales europeos, de darse una resolución condenatoria, -la Fiscalía reclama 25 años de cárcel para Junqueras-, su petición de amparo ante el TC está cargada de referencias a otras sentencias del TEDH. Algunas están relacionadas con el derecho a la participación política, otras con la libertad de expresión, e incluso hay alusiones al derecho a la vida familiar.

Pase lo que pase en el Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es casi parada obligatoria -y final- del periplo judicial de los dirigentes independentistas, que denuncian la vulneración de varios de sus derechos. Además, consideran que el clima político y judicial está viciado y, en el caso particular de Junqueras, sus abogados denuncian que constantemente se le presente como “culpable en todos los medios de comunicación”.

El recurso ante el Constitucional del expresident apunta que las informaciones que así lo señalan provienen “en muchas ocasiones de fuentes públicas u oficiales, de comentarios de miembros del gobierno o del Ministerio Fiscal”, en contra de lo que establece “la doctrina establecida por el TEDH en el caso Allenet de 1995”.

En última instancia, en el arranque de esta semana en tiempo de descuento, el propio Junqueras ha apoyado parte de su relato en que quienes ejercerán como acusación particular en el juicio son los ultraderechistas de Vox, acusando al Supremo de apoyarles, al haber permitido su personación.

Y, como avanzó este diario, el líder de ERC ha reconocido que no tiene previsto responder a las preguntas de Vox, el partido que reserva destacados puestos de su programa electoral a la promesa de suspender la autonomía catalana e ilegalizar los partidos independentistas; el mismo que se servirá del juicio para hacer campaña para las elecciones de mayo.