El comercio de material armamentístico con Marruecos vuelve a estar sobre la mesa. Tras la crisis migratoria y diplomática desatada esta semana, una plataforma compuesta por organizaciones de derechos humanos y grupos prosaharauis ha reclamado al Gobierno de España que paralice la millonaria operación cerrada en enero pasado entre Navantia y la Marina Real marroquí para la construcción de un buque de guerra.

Las distintas organizaciones firmantes –entre las que se encuentran la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental o la Asociación de Periodistas Saharauis en España– advierten que "no se puede rearmar a un socio que no es confiable y que es capaz de promover –aprovechándose de una precariedad y pobreza que él mismo provoca– que mujeres con bebés se lancen al mar arriesgando su vida".

"Las imágenes distribuidas a través de los medios de comunicación y el testimonio de las personas que están llegando a nuestras costas acreditan la situación de miseria grave que sufre la población de Marruecos, cuyos indicadores económicos y sociales y tasas de analfabetismo, mortalidad o déficit alimentario lo sitúan a la altura de los países africanos peor situados", sostienen, remarcando en tal sentido que "es ilegal vender armas a un país en esta situación". 

Destacan además que "la venta de armas a Marruecos apunta hacia la población saharaui y viola la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio no autónomo del Sahara Occidental reconocida por Naciones Unidas y por la propia justicia española y europea". "Denunciamos este hecho por nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y el derecho internacionalmente reconocido del Pueblo Saharaui a su autodeterminación", subrayan. 

En enero pasado, Navantia hizo público que había logrado un contrato con la Marina Real de Marruecos "para diseñar y construir un patrullero de altura que supondrá un millón de horas de trabajo para los astilleros de la bahía de Cádiz, cerca de 250 empleos durante los próximos tres años y medio". El acuerdo fue anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una visita al astillero de San Fernando. Según trascendió entonces, el precio rondaría los 150 millones de euros.

"Perturbar la paz"

En marzo pasado, la plataforma contra la venta de armas a Marruecos presentó un recurso ante la Secretaría de Estado de Comercio para pedir la anulación de ese contrato, alegando que "existen indicios racionales de que el material de defensa puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, o ser utilizados con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos y en otros supuestos".

"Conviene añadir, además, que la operación en cuestión es contraria a los
intereses generales de la Defensa Nacional y la Política Exterior del Estado,
máxime cuando el Reino de Marruecos mantiene pretensiones territoriales sobre determinadas regiones de nuestro país", añadían.