TransparenciaUn organismo del Congreso debe decidir si las declaraciones de los diputados de Vox sobre sus contratos y regalos son válidos

Los 52 diputados de Vox del Congreso han rehusado ofrecer detalles sobre las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario, así como de las donaciones, obsequios o beneficios no remunerados recibidos. Los representantes de la formación ultra, que llegaron a las instituciones para dotarlas de "más transparencia" —según manifiestan— han respondido a la información requerida por el Congreso usando la misma fórmula, señalando que su actividad está siempre al servicio del "interés superior de España".

La Cámara Baja publicó el pasado martes las declaraciones de intereses económicos de todos los diputados, una información que sus señorías han tenido que registrar en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre. "Con la finalidad de atender las nuevas

exigencias derivadas de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y de las demandas sociales en materia de transparencia, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado han creído conveniente desarrollar esta regulación con el fin de garantizar que la ejemplaridad y transparencia constituyen hoy en día los principios básicos de la conducta de los parlamentarios y parlamentarias ya que, en cuanto representantes del pueblo, su comportamiento ha de responder a los más exigentes imperativos éticos", recoge el acuerdo.

De esta manera, cada diputado ha tenido de plazo hasta el 15 de febrero para registrar su declaración de intereses económicos, que ahora aparece en la ficha de cada uno de la web del Congreso y del Senado. La información contempla las actividades que el parlamentario desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos"; las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario; y su implicación con las fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

Si bien, todos los parlamentarios de Vox no han dado detalles sobre la información requerida y han repetido la misma respuesta. "Ninguna de las actividades desarrolladas por mi durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados", señalan en la primer punto relativo a las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores. 

Sobre las actividades que les hayan proporcionado ingresos, se remiten a lo consignado en sus respectivas declaraciones de bienes que todos los diputados deben registrar al acreditarse en la Cámara y que son también públicas. En cuanto a los regalos, aseguran no haber recibido ningún obsequio "de especial consideración y valor". "Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante", justifican. Tampoco detallan las organizaciones en las que están implicados y sólo señalan que han realizado "pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa".

La Oficina de Conflicto de Intereses valorará las declaraciones

A tenor de lo expuesto en el artículo 3.1 del Código Ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un "interés personal, tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes"; de tal forma que "se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general". Asimismo, "no existirá conflicto de intereses cuando se obtenga algún beneficio únicamente por pertenecer al conjunto de la población o a una categoría amplia de personas".

Sin embargo, el articulado de la norma no recoge la omisión de detalles a la hora de informar sobre las actividades y regalos de los diputados. En esta línea, fuentes del Congreso explican a Público que la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales tendrá que examinar las declaraciones realizadas por los diputados y valorar si se ajustan o no a la información solicitada. Y es que, este organismo, encabezado por un miembro del Cuerpo de Letrados con experiencia en las materias atribuidas, ha sido creado precisamente para resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código de Conducta.

El texto tampoco concreta en lo referido a las infracciones y sanciones, sólo menciona los procedimientos que deben de seguirse para dilucidar una falta por parte de un diputado, sin detallar en qué consisten esas sanciones. En esta línea, la norma recoge que la Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, puede solicitar la apertura de un procedimiento para "dilucidar si se ha producido una infracción del presente Código por parte de un diputado o senador, especialmente en el caso de conflicto de intereses".

Después, el órgano de gobierno de la cámara encomendará a la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado la "elaboración de un informe sobre la posible infracción". Para ello, la Comisión "deberá oír al parlamentario afectado y, en su caso, podrá recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses".

Después, el informe de la Comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, en su caso, "proponer la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara respectiva", un supuesto que aún no viene estipulado en la actual regulación.