La oposición de Pablo Casado al Gobierno no se limitará al Congreso y al Senado. El líder del PP ha diseñado un plan para confrontar con el recién conformado Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Para ello, las autonomías en las que gobierna el PP de la mano de Ciudadanos y con el apoyo de Vox —como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o la Junta de Andalucía— serán clave y ejercerán de contrapeso a las políticas del Gobierno central —en materia fiscal o social— siempre que dispongan de la competencia para hacerlo. 

"Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio, y lo que dice es: súbase al caballo. No, hombre, no, pero no por nosotros, sino por el caballo, que es España. Nosotros estaremos abajo haciendo un dique de contención para que no vaya al precipicio y con un lazo derribaremos su Gobierno", le espetó el conservador a Pedro Sánchez durante el debate de investidura que finalmente lo ratificó como presidente del Gobierno. Este "dique de contención" lo conformaran las iniciativas presentadas por el PP en las cámaras nacionales y, especialmente, los líderes 'populares' en sus respectivas autonomías y municipios.

El laboratorio ideal para los 'populares' es la Comunidad de Madrid donde gobierna Isabel Díaz Ayuso. Frente a las subidas fiscales que planea el Gobierno central a las altas rentas que superen los 130.000 euros brutos anuales, Ayuso promete "bajar los impuestos".  De hecho, esta región perdona cada año más de mil millones de euros en impuestos a los ricos. El incremento de las fortunas domiciliadas en Madrid, que los analistas han vinculado tradicionalmente con el favorable trato fiscal que la comunidad ofrece a sus dueños, en un caso flagrante (aunque legal, eso sí) de dumping tributario con el resto de territorios que ha disparado tanto la nómina de ricos domiciliados en ella como su nivel.

La propia Díaz Ayuso advirtió en los días previos a la investidura que cuando se pusiera en marcha el gobierno de Sánchez e Iglesias su "obsesión" sería "atacar Madrid", tratando, a su juicio, de impedir que se bajaran los impuestos. La presidenta madrileña aseguró que la Comunidad lucharía "tanto en tribunales como en las calles" contra cualquier tipo de "ataque" por parte del Gobierno central. En un desayuno informativo celebrado este jueves, Ayuso defendió que una "fiscalidad baja es la receta para una región con futuro": "A Madrid se viene a que te dejen en paz", alegó.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también aseguró que utilizaría "todos los recursos, también la calle, para evitar el ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía": "Andalucía pierde y Catalunya saldrá beneficiada. Habrá contraprestaciones en financiación. Unas comunidades serán mimadas y otras perjudicadas".

La derecha incidirá en la batalla ideológica

Sin embargo, la fiscalidad no es el único punto de divergencia entre la derecha y el nuevo gobierno progresista. El PP, de la mano de los ultras de Vox, y con el apoyo de Ciudadanos, tratará de frenar las medidas enmarcadas en el ámbito social —educación, sanidad, igualdad, vivienda...— aprobadas por el Ejecutivo. Esta semana el Gobierno ha anunciado que no tiene ninguna intención de permitir que la censura parental —autodenominada por la ultraderecha 'pin parental'—que actualmente se aplica en la región de Murcia, dirigida por PP y Ciudadanos.

Esta medida, propuesta por el partido de Santiago Abascal, supone que los padres decidan si sus hijos pueden asistir a las actividades complementarias en las escuelas, entre las que se enmarcan las charlas de diversidad LGTBI y sobre igualdad de género. Los 'populares', que en el pasado se habían mostrado en contra de su puesta en marcha, ahora la defienden: "Los padres tienen derecho a saber y decidir si van a ese tipo de charlas. Sea bueno o no el contenido, no entro ahí, creemos que son los padres y no Sánchez los que tienen que decidir a que actividades van los hijos", ha señalado el número dos del partido, Teodoro García Egea, este viernes.

La Ministra de Educación, Isabel Celáa, ha explicado que desde el Gobierno llegarán hasta los tribunales si es necesario porque esta medida va contra "los derechos constitucionales": "No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres", ha sostenido. Pablo Casado le ha respondido a través de su cuenta de Twitter asegurando que sus hijos son suyos y no del Estado. El líder del PP viajará este domingo a Murcia para participar en un acto con alcaldes de toda España bajo el lema 'Gobiernos por la libertad'.

Vivienda: Madrid rechaza limitar el precio del alquiler

Una de las medidas que recoge el acuerdo programático del Gobierno de coalición es la limitación del precio de los alquileres. Según el Banco de España, usando datos de Idealista, los alquileres han aumentado un 50% en el último lustro a nivel nacional, una subida acusada sobre todo en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, las islas y otros enclaves turísticos. En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general en el mercado laboral español. 

Sin embargo, en el PP ya han anunciado que se negarán a aplicar esta limitación, aunque el Ejecutivo trate de ponerla en marcha: "No vamos a aceptar que el Gobierno central nos imponga medidas, fuertemente intervencionistas, que además invaden competencias y son ineficaces", afirmó el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez. 

Los 'populares' y Ciudadanos han trasladado que "lucharán con todas las herramientas jurídicas legales en caso de que haya una imposición" en materia de control de precios del alquiler, llevando el asunto, incluso al Tribunal Constitucional. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, comparó recientemente la medida con un impuesto de la época franquista. La derecha también la ha vinculado tradicionalmente al "comunismo" y a "Estados fracasados".

No obstante, la regulación de los precios de los alquileres ya se aplica en algunos Estados de EEUU, como California, Oregón y Nueva York, en ciudades de Alemania como Berlín, en Francia, Portugal e Italia. En España, además, hay otro problema añadido en comparación con la media europea: la escasa oferta de vivienda social para alquilar, lo que alimenta una escalada imparable de los precios. El Defensor del Pueblo reclamó un cambio en la política de vivienda para contar con una mayor oferta pública a favor del alquiler social y pidió a las administraciones más recursos y rapidez para atender situaciones de emergencia social.