El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insta al estado español a garantizar los derechos políticos de Jordi Sánchez, número dos de Junts per Catalunya y excandidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. "Se le ha pedido al estado español que tome todas las medidas necesarias para que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos de acuerdo con el artículo 25 del Convenio", declara la defensa. 

El organismo también anuncia que, de acuerdo con el artículo 92 de sus normas de funcionamiento, pide medidas cautelares a España para evitar daños irreparables a las personas que denuncien abusos de sus derechos. 

Con el fin de analizar el caso y tomar una decisión de acuerdo con los tratados internacionales, el Comité pide al gobierno español cualquier tipo de información u observación sobre el caso de Sànchez. En cualquier caso, su opinión no es legalmente vinculante y no obligaria a España a cambiar la situación del político. 

El apoyo de la ONU a Sànchez llega después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional le hayan denegado la excarcelación. El exlider del ANC se encuentra en la prisión de Soto del Real desde el pasado mes de octubre, por lo que, no se ha podido someter a un debate de investidura. 

El martes pasado se conocía que el político tiene la intención de renunciar a la investidura y dejar el acto de diputado en las próximas semanas. Esto lo anunció su abogado en la vista de apelación del Supremo que le denegó la libertad. 

Puigdemont

A principos de mes, un equipo de abogados internacionales presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, una demanda contra el Estado español al considerar que se habían vulnerado los derechos de Carles Puigdemont. 

Entre estos abogados, especializados en derechos humanos, se encuentra Ben Emmerson, encargado de representar a la viuda de Aleksandr Litvinenko, el exagente del KGB que murió envenenado en Londres en el año 2006. 
La prisión de Sánchez, así como la de Oriol Junqueras y Jordi Cuixat, también se ha llevado hasta el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. El mismo Emmerson presentó una petición a este grupo de trabajo en el que se denuncia que la detención de Junqueras, Sànchez y Cuixart viola los derechos de asociación, expresión, opinión política y participación en la vida pública.