Continúa el pulso de la Justicia contra la ley de amnistía, que toma velocidad en su tramitación en el Congreso. Las causas en el punto de mira son las de Tsunami Democràtic, donde están imputados Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo, y también la que afecta a los ex altos cargos de la Generalitat Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, para los que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya ha fijado fecha de juicio por la organización del 1-O.

La semana después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la tramitación de la ley de amnistía avanza sin demora en el Congreso. Por un lado, este lunes los letrados dieron luz verde a que la ley pueda debatirse en el Pleno. Este martes ha sido el turno de la Mesa, que ha aprobado la petición para que se tramite de forma urgente.

La reacción de los tribunales, que se suman a la oposición férrea de la derecha y la ultraderecha a la medida estrella de los acuerdos del PSOE con los independentistas por la investidura, no se ha hecho esperar.

Elevación del caso de Tsunami al Supremo

Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha hecho un nuevo movimiento en el caso de Tsunami Democràtic. Concretamente, se ha dirigido al Tribunal Supremo para reclamar que asuma la causa, ya que tanto Puigdemont como otro de los investigados, el diputado y cuarto secretario de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, son aforados y por tanto escapan de su jurisdicción.

En su escrito, el juez sitúa a Puigdemont en el “vértice más alto” de la organización de Tsunami y le atribuye “una posición de autoridad incuestionable”. Algunos de los indicios que le llevan a sacar esta conclusión son mensajes de texto entre su mano derecha en Bruselas, Josep Lluís Alay, y el periodista de la Directa Jesús Rodríguez, ambos investigados también en la causa. Anotaciones en su agenda y tuits son otras de las pruebas que considera, así como una conversación sobre la actitud de los líderes del 1-O después de la sentencia.

Más allá de los mencionados, también están imputados en la causa el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler, Marta Molina, Josep Campmajó, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio.

El delito de terrorismo, no amnistiable con condena firme

Hace apenas dos semanas, cuando las negociaciones por la investidura ya llegaban a la recta final, García Castellón decidió reactivar el caso e imputar a la decena de acusados con el delito de terrorismo, uno de los hechos más polémicos de la causa. Además de sumarle el nombre de Carles Puigdemont, hasta ese momento desvinculado de esta investigación.

Ni la propia Fiscalía sostiene la acusación de terrorismo

La tipificación de terrorismo no la sostiene ni la propia Fiscalía, que ha presentado un recurso contra el auto de García Castellón. Otra de las cuestiones polémicas es que el juez vuelve a situar el foco en la muerte de un turista francés en el aeropuerto, por si puede vincularse con la acción de Tsunami del día de la sentencia, el 14 de octubre de 2019.

García Castellón reclama investigar más esta cuestión, pese a que el turista ni siquiera falleció en la terminal donde se hacía la protesta, y a que los Mossos d'Esquadra ya le trasladaron que los atestados no incluyen ninguna referencia a esta muerte, que fue por un infarto.

Estos dos elementos son clave en un caso con el que la judicatura espera torpedear la amnistía, ya que los delitos de terrorismo, especialmente los que han comportado muertes, no son amnistiables en caso de condena firme, según la proposición de ley. Esto dificultaría superar el filtro de la Justicia española y también de la europea.

En cualquier caso, la petición de recusación del juez por sus opiniones contrarias a la amnistía sobrevuela el caso. La habían pedido las defensas de dos de los acusados, y aunque García Castellón le ha hecho caso omiso, la Audiencia Nacional ha abierto un expediente para estudiarla.

El TSJC fija la fecha de juicio por Jové, Salvadó y Garriga

Por otra parte, también ha habido novedades en el juicio contra varios exaltos cargos por la organización del 1-O: son el ahora presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, el también ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, y la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga.

A Jové y Salvadó les piden cerca de 30 años de inhabilitación

El TSJC ha fijado el inicio del juicio por el 10 de abril y se alargará varias sesiones hasta finales de mayo. Jové y Salvadó están acusados de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, y Garriga, del delito de desobediencia grave a la autoridad.

La Fiscalía pide siete años de cárcel y 32 años de inhabilitación para Jové, más de seis años de cárcel y 27 años de inhabilitación para Salvadó y un año de inhabilitación para Natàlia Garriga, además de varias multas. A Jové y Salvadó les pide a más de 700.00 euros en concepto de indemnización al erario público por el “perjuicio patrimonial causado”.