A los 74 años, Rodrigo Rato, el que fuera ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, entre 1996 y 2004, y después, director del Fondo Monetario Internacional (2004-2007), vuelve a sentarse en el banquillo, en el juicio más trascendental de todos los que ha tenido hasta ahora. 

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este viernes y hasta mediados del mes de mayo de 2024 a Rato y a otras 15 personas, acusados de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, delitos vinculados a la investigación sobre el origen ilícito del patrimonio personal del que fuera también director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)  entre 2004 y 2007. 

La Fiscalía pide 70 años de prisión para Rodrigo Rato, que ya conoce la cárcel, puesto que pasó dos años y medio en Soto del Real, por su condena a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, sobre el uso de tarjetas opacas por parte de los consejeros de la extinta caja de ahorros.  

El Ministerio Público le acusa ahora de 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. 

Un patrimonio en cuestión

La Fiscalía Anticorrupción considera que Rato ocultó a Hacienda parte de su patrimonio desde 1999, a través de sociedades interpuestas radicadas en Panamá, Irlanda y Reino Unido. Con dichas mercantiles, presuntamente realizó operaciones mediante cuentas bancarias en paraísos fiscales. Dichas operaciones opacas, según Anticorrupción, supondrían un delito a la Hacienda española de 8,5 millones de euros.  

Prácticamente desde que comenzó su andadura como ministro del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, que fue absuelto por la salida a Bolsa de Bankia, habría incrementado su patrimonio con operaciones ilegales,  en las que habría participado presuntamente su excuñado y un asesor, que manejaba las cuentas bancarias.  

Rato fue detenido en su domicilio de Madrid el 16 de abril de 2015, pocos días después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal del ministro del PP Cristóbal Montoro. La Policía halló multitud de documentación sobre el entramado societario de Rato, que ocultaba cientos de operaciones opacas al fisco. 

El análisis de la documentación intervenida permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. 

La 'amnistía fiscal' para blanquear

La Fiscalía se percató de que en la 'amnistía fiscal' a la que se acogió Rato en noviembre de 2012, este omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía, declarando solo un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando, por tanto, a la Hacienda española únicamente 11.533 euros. 

Anticorrupción indica en su escrito de acusación que Rato "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente --su fortuna-- utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior".