Una niña arrancada de su madre por denunciar abusos del padre, en riesgo de suicidio tras dos años en un piso tutelado

Un colegio de Donostia ha activado el protocolo antisuicidio en una clase de tercero de la ESO. Una alumna, de 14 años, se autolesiona desde hace al menos un año. Se realiza cortes a lo largo de los brazos con la cuchilla de un sacapuntas y se provoca abrasiones frotándose con el borrador en las piernas. La niña ha escrito en su pupitre que quiere matarse y así también lo ha manifestado a los profesores.

Detrás de este comportamiento hay un drama y una incorrecta respuesta institucional: la menor fue arrancada de su hogar una mañana del verano de 2022; también lo fue su hermana pequeña, que tiene ahora 9 años. Ambas niñas fueron separadas de su madre y separadas entre sí por orden de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Más de dos años después, cada una de las niñas sigue viviendo en un piso tutelado, separadas, y la madre está destrozada. Solo pueden verse las tres juntas una vez al mes durante tres horas y bajo supervisión de un trabajador social. 

Otra vez, el falso SAP

¿Qué han hecho madre e hijas para semejante castigo? Pues lo mismo que cientos de 'madres protectoras' en España. A mediados de 2017, esta mujer denunció a su pareja y padre de las niñas por presuntos abusos sexuales a las pequeñas ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia. De igual manera que han hecho cientos de 'madres protectoras', esta progenitora puso en conocimiento de las autoridades lo que sus hijas le relataron sobre presuntos tocamientos del padre y presuntas prácticas sexuales a las que era obligada la hermana mayor. Esta denuncia iba avalada por periciales efectuadas a las niñas en un centro especializado en maltrato y agresiones sexuales en la infancia. 

Pero el resultado no fue una rigurosa investigación sobre los presuntos abusos sexuales, si no el arrancamiento de las pequeñas de su hogar, bajo la acusación a la madre de "instrumentalización"; esto es, en el fondo, lo mismo que invocar el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), prohibida su aplicación por la ley de infancia, desde mayo de 2021.

Pese a esta expresa prohibición de la ley, la Diputación Foral de Gipuzkoa, a quien el consistorio donostiarra había trasladado el caso, decretó en julio de 2022 el desamparo para las dos pequeñas y pasaron de vivir en su piso con su madre a convivir en pisos tutelados con educadores y niños y niñas con diversas problemáticas. Expertas en violencia de género y en violencia vicaria opinan que bajo la denominación de "instrumentalización" de las madres se está invocando el falso SAP con "total impunidad" por parte de muchas Administraciones Públicas.

Violencia machista

Tras la denuncia de la mujer por presuntos abusos sexuales a sus hijas, la pareja, que no estaba casada, siguió viviendo bajo el mismo techo, aunque en habitaciones separadas y con mucha tensión. Fuentes cercanas a ella, explican que estaba esperando a que desde la diputación su denuncia prosperara y a que alguien se pusiera en contacto con ella para darle instrucciones sobre cómo proceder. No pudo evitar, dicen estas fuentes, que el hombre continuara viviendo en el mismo piso.

Pero lo que ocurrió es que la violencia machista se desató. En las navidades de 2018, mientras la denuncia de la madre por presuntos abusos sexuales dormía en el cajón de algún funcionario de la diputación guipuzcoana, la mujer fue agredida por el hombre, que se puso a perseguir también a las niñas por el pasillo de la casa.

La Ertzaintza se personó en el domicilio y abrió un atestado. Finalmente el hombre fue condenado por violencia de género a diez meses de prisión y una orden de alejamiento de 100 metros respecto a la mujer por dos años. Pasado el tiempo de la condena —el hombre no fue a prisión por ser la condena inferior a dos años—, este padre volvió a ser el candidato perfecto para los servicios sociales de la diputación para ser el progenitor custodio de las niñas. 

Las niñas no fueron escuchadas

Tras una insignificante investigación del juzgado sobre los abusos sexuales a las pequeñas, la causa se sobreseyó sin que la jueza considerara necesario practicar más diligencias ni escuchar a las pequeñas y sin tener en cuenta el testimonio de la terapeuta de un centro especializado que había evaluado a las niñas en un primer momento. 

Desde los servicios sociales se impuso a la madre una terapia, porque la culpan de "instrumentalizar" a sus hijas contra el padre, la culpan de ser mala madre. Y a las menores también se las ha castigado, separándolas no solo de su madre sino también entre ellas, porque culpan a la mayor de ejercer una influencia negativa en relación a la figura del padre.

La finalidad de la diputación es darle la custodia al progenitor y así consta en los planes de actuación específicos para ambas niñas, según ha podido saber este medio. Respeto a la hija mayor, tras sus negativas reiteradas a ver a su padre, los técnicos de la diputación ya no se plantean devolverle a él la custodia, si no que valoran que vuelva con la madre, pero es algo que no termina de materializarse, tras dos años y medio de separación forzosa. 

Un castigo inexplicable

La niña entró en el piso tutelado con 12 años y ahora tiene 14. "Está estigmatizada por haber sido tutelada por los servicios sociales; ha perdido a sus amigos; está destrozada porque no la han creído; la han acusado de mentir sobre su padre; y lleva más de un año haciéndose daño a sí misma sin que la ayuden, solo recibe castigos", manifiesta una amiga de la madre. 

Medidas cautelares urgentes

La ansiada noticia que ponga fin al sufrimiento de esta chica y de su madre no llega. "En un principio se les dijo que para diciembre de 2024 podría volver la niña a casa, pero ahora les dicen que no, que se equivocaron y que la nueva fecha es marzo de 2025. Sin embargo, a la niña le dicen que no espere volver en esa fecha a su casa, sino que hay que seguir trabajando", cuenta una fuente cercana a la madre. 

La abogada de la madre acaba de presentar una demanda de solicitud de medidas de protección de la menor, pidiendo medidas cautelares urgentes, ante los frecuentes episodios de autolesiones de la niña, "llevando a la madre a temer seriamente por su vida". La madre pide que su hija regrese a casa, que abandone el piso tutelado y que se ponga fin a toda el calvario que sufren sus hijas. 

"Desde que las menores están en desamparo, mantienen visitas con la madre muy positivas y enriquecedoras, según se refleja en el expediente", indica la demanda. Sin embargo, la situación se prolonga más de dos años. "Tal evolución positiva no tiene repercusión en la vida de las menores, no supone ningún avance ni mejoría en sus vidas, y no ven atendidos sus sentimientos ni sus deseos de regresar a su hogar con su madre", consta en el escrito. 

Siete episodios de autolesiones

La demanda relata que desde enero de 2024 la madre es consciente de siete episodios de autolesiones de su hija mayor. Y hace unos días sufrió además una crisis de ansiedad. 

La niña "se queja continuamente de los altercados que tienen lugar en el piso, del temor y la soledad que siente. Se queja de pasar largas horas en un parque a solas, sin amigas (...) Tenemos noticia de que ha

llegado a verbalizar su deseo de quitarse la vida y que ha sido atendida

en la enfermería del colegio (...) y en el centro de salud (...)", dice la abogada en su escrito. 

La angustia de esta madre queda reflejada en la demanda instando las medidas cautelares: "(...) le manifiesta de modo constante [la niña a su progenitora] es que se siente sola, que la vida es una mierda... Y también su deseo de volver a casa con su madre y con su hermana. Le dice que le sugieren que se someta a tratamiento y que acuda al psiquiatra. Pero ella que no quiere ir porque no quiere tomar pastillas.

Le dice que todos sus compañeros de la casa de acogida sí las toman.

Le dicen que tiene un trastorno a lo que ella responde que, de ser así, la

solución pasa por volver a su casa".