Negocios opacos y 'Operación Hidalgo': el trasfondo de la pieza 8 del 'caso Villarejo'

La pieza separada 8 de la 'causa Tándem' de la Audiencia Nacional, bautizada como 'Marbella', se abre con la denuncia que el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano interpone contra Villarejo el 16 de noviembre de 2017.

Según figura en el sumario de 'Marbella', el empresario acusa al comisario hoy encarcelado de "extorsionarle" para "sustentar una querella" que dos años antes (el 28 de julio de 2015) había interpuesto contra él Marzena Katarzina Rikiel, su vecina e inquilina, por "apropiación indebida" de 700.000 euros que ella le había entregado en 2008; es decir, que dicha "apropiación indebida" se habría producido siete años antes de la fecha de interposición de dicha querella.

Sin embargo, en diciembre de 2015, Marzena Katarzina Rikiel amplía dicha querella inicial a "fraude fiscal", y lo hace con el apoyo de un dossier de Villarejo sobre las empresas de su vecino, dossier que éste acabará aportando a la 'causa Tándem' en febrero de 2018.

Dicho dossier vierte sospechas sobre una operativa de blanqueo de capitales y lleva por título Informe Prejudicial, Investigación Prejudicial, Patrimonial y Análisis Documental de Felipe Gómez Zotano.

En conversación telefónica con Público, Gómez Zotano explica que Marzena Katarzina, la querellante, es una señora de origen polaco a la que había alquilado un chalé contiguo al suyo y con la que en 2008 llega a un acuerdo por el cual ella podía adquirir la vivienda entregando 700.000 euros de señal pero comprometiéndose a subrogarse la hipoteca que tenía la vivienda en un plazo determinado.

De no cumplir con el plazo para la subrogación (y, según el empresario, Katarzina no cumplió), la adquisición del chalé no se materializaría y Gómez Zotano se quedaría con los 700.000 euros adelantados. Este afirma que su vecina siguió ocupando la vivienda y dejó de pagar el alquiler durante nueve años; asegura no haber instado un desahucio porque "su inquilina tiene un hijo pequeño y él es un hombre de familia".

El empresario describe a este diario la "extorsión" que denuncia como un conjunto de acciones orquestadas, presumiblemente por Villarejo y su equipo, para "arruinarle" y "apoderarse de su patrimonio".  Las acciones que pone en conocimiento de la Policía incluyen seguimientos, entrada en su domicilio a punta de pistola para -según sospecha- robarle un documento que su vecina firmó en 2010 renunciando al cobro de la deuda, y robos en sus oficinas, incluido un hackeo a su servidor. 

Gómez Zotano asevera que se le "sustrajo información confidencial" para perjudicarle, tal como certificados de propiedad de sociedades en Gibraltar. Aportó las denuncias y una pericial informática de parte.

Un testaferro de Villarejo fue el contacto con su inquilina

El empresario interpone la denuncia contra Villarejo tan solo 13 días después de la detención del comisario junto a otras personas entre las que estaba el también marbellí Juan Carlos Escribano Cárcel, considerado "testaferro de Villarejo" en escritos de la fiscalía que obran en la causa.

Es en casa de Escribano donde la Policía de Marbella, encargada del registro por orden del juez de la 'causa Tándem', halla una copia exacta del dossier aportado a esta causa por Gómez Zotano dentro de un archivo en un pendrive. 

Escribano niega que él tuviera ese documento en su poder y alude a un "error" policial o del juzgado para justificarlo, pero admite conocer a Marzena Katarzina, la querellante, por ser de su "grupo de amigos" y, además, dice ser él quien le recomendó a Rafael Redondo (socio-empleado de Villarejo) como "asesor legal".

Acusa a Villarejo de pasarle "información ilícita" a Hacienda  

En su declaración ampliatoria de 27 de febrero de 2018 ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (un fragmento de la cual se ofrece en la imagen que se incluye más abajo), Gómez Zotano precisa que el dossier de Villarejo contiene "información confidencial" que "coincide" con la que le fue "sustraída". Y declara que "supone" que dicha documentación "sirvió de base para las numerosas y posteriores acciones contra su persona [y empresas] [por parte] de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social".

Es decir, da a entender que las inspecciones se inician gracias a que se hace llegar a Hacienda y la Seguridad Social información confidencial obtenida por medios ilícitos.

Gómez Zotano da a entender que la Agencia Tributaria inicia actuaciones gracias a información confidencial obtenida  por medios ilícitos.

Se da la circunstancia de que la querella de su inquilina y la entrega en el juzgado del dossier tienen lugar después que el 7 de julio de 2015 la Agencia Tributaria instara una batería de embargos de propiedades del empresario. A buen seguro, Gómez Zotano tratará de anular las actuaciones si puede probar que Hacienda  se sirvió de información obtenida por medios ilícitos para iniciar sus actuaciones.

El "conflicto" con su inquilina. Una querella confusa.  

Con independencia de los argumentos esgrimidos por ambos, ya es de por sí extraña la presentación de una querella en 2015 que, por el tiempo transcurrido desde la entrega del dinero (2008), estaba abocada a ser desestimada por prescripción, como ocurrió en primera instancia y en el recurso de apelación que se falla en julio de 2017.

Gómez Zotano explica que, si bien es cierto que ella le entregó 700.000 euros y él no se los devolvió, no le debía nada y, además, tenía un documento privado, fechado en octubre de 2010, en el que ella misma lo reconoce y firma.

El empresario explica que, fruto del acuerdo al que llega con ella, en julio de 2008, Marzena Katarzina le entregó esa cantidad como señal por la futura compra del chalé donde vivía de alquiler; una compra condicionada a que, en una fecha determinada, ella se subrogase la hipoteca de la vivienda, cuyo importe era de 1.300.000 euros. Como ella no se subrogó dicha hipoteca, en octubre de 2010 se firmó un documento recogiendo el hecho y admitiendo ella que no tenía nada que reclamar.

Ante la pregunta de Público de por qué si era una señalización se le dio forma de préstamo a tres años en escritura pública a dos compañías del empresario (Capuba Bienes Raices S.L. y La Estrella del Puerto S.L.) que no eran las dueñas de la casa, Gómez Zotano responde que existe otro documento, pero privado (sin escritura pública) y fechado a los tres días (el 1 de agosto de 2008), por el cual se reconvierten los préstamos en un pago de la señal para comprar la empresa dueña de la casa.

El empresario afirma que se hizo así a petición de ella ('vestirlo' como un préstamo en escritura pública, pero como señal en privado), porque no quería que su exmarido, también de nacionalidad polaca, "se enterase de que se iba a comprar un chalé".

Pero el dossier de Villarejo, que detalla toda la secuencia documental citando notarios y números de protocolo y que el empresario no ha negado, incluye un dato que pone en duda la existencia del pago de una señal.

Resulta que en 2009, o sea, con posterioridad a la supuesta conversión de los préstamos, se escritura una novación (modificación de condiciones) de dichos préstamos -que supuestamente ya no existen porque con ese documento privado de 1 de agosto de 2008 se habían transformado en un pago por una señal por la compra futura de una vivienda- y además se les añade una garantía hipotecaria. Por tanto en 2009 coexisten dos documentos que dan justificaciones distintas y contradictorias acerca del motivo por el que Marzena Katarzina entrega el dinero : en concepto de préstamo y en concepto de señal. 

¿Trabajaba Villarejo para la vecina de Gómez Zotano?

Pero en esta historia hay más inconsistencias, en concreto en la supuesta contratación de Villarejo por la vecina de Gómez Zotano. Si bien está acreditado que David Macías, empleado del comisario, fue el letrado de Marzena Katarzina en todo el procedimiento y que el dossier que se incluye en la querella lo elabora una empresa de Villarejo, la unidad investigadora de la 'causa Tándem' no ha podido  certificar pagos de la supuesta clienta a empresas del comisario o sus empleados.

El empresario tiene entendido, según explica a Público, que su inquilina y Macías acordaron unos honorarios de un millón de euros vinculados "a éxito"; es decir, sin la tradicional "provisión de fondos" que el comisario y sus socios exigían antes de mover un dedo (porque "ellos no van de barato"). 

Esta 'generosidad' sorprende más aún cuando se observa la frenética actividad judicial desplegada por el equipo del comisario en este caso. Porque, además de en la querella, su ampliación y recurso, trabajaron en otros procedimientos por la vía civil contra Gómez Zotano.

Por otro lado, no se entiende que Marzena Katarzina conviniera en pagar un millón de euros en 2015 por recuperar una cantidad inferior (700.000 euros), ni siquiera en el supuesto de que el objetivo de la querella fuera quedarse con el chalé (aún hipotecado), porque podía haber sido suyo en 2010 subrogándose una hipoteca que, aún siendo de cuantía superior (1.300.000 euros) a los honorarios a pagar a Villarejo, habría tenido que pagar a plazos y no en un único pago.

Pero es que, además, el dossier que Villarejo elabora supuestamente en defensa de su hipotética clienta, viene casi a acusarla, en relación a los préstamos, de una operativa sospechosa de blanqueo de capitales. Dicho informe llama la atención sobre las inconsistencias mercantiles y documentales, y ofrece una exigua y poco convincente explicación del porqué de la entrega de un dinero sin recibir nada a cambio. Así, el dossier  justifica las entregas en razón de una "dependencia emocional" del empresario por parte de Marzena Katarzina, y el documento en el que rubrica que no hay "nada que reclamar", de octubre de 2010, lo atribuye a que esta "no sabía lo que firmaba".

¿Y cuál pudo ser el motivo de aquella querella de 2015 que tenía todas las de perder por el plazo de prescripción? El empresario denunciante cree que fue objeto de una cruenta persecución, con la que, en su opinión, buscaban "arruinarle" para "apoderarse de su patrimonio", que no es pequeño: más de 20 millones de euros fluyeron por su entramado materializándose en chalés, apartamentos, fincas e inmuebles reconvertidos en establecimientos rurales, locales comerciales y hasta un aparcamiento de 119 plazas en pleno centro de Marbella, así como una yeguada muy premiada. 

Pero habría otra posibilidad. No es descartable que, en 2015, ante continuas inspecciones de la Agencia Tributaria -fueren estas por el motivo que fuere- se creyese prudente poder demostrar con contundencia que los dineros entregados siete años atrás tenían un concepto real (una señal) y que no se trataba de ninguna operación sospechosa.

La querella (con hechos prescritos) contribuye a afianzar dicha idea. Sería una defensa como la siguiente:" Señoría, no soy 'mula de dinero' ni él receptor. Me engañaron. Y aquí está la querella donde pido el dinero de vuelta". Y la ampliación de querella en la que ella le acusaba de fraude fiscal serviría para decir, al ser desestimada, "no hay fraudes en mi empresa porque salí absuelto".

¿Un 'dossier' nutrido con datos del 'sumario Hidalgo'?

El dossier confeccionado por Villarejo versa sobre la estructura empresarial de Felipe Gómez Zotano y contiene una mezcla de datos de acceso no público (de sociedades gibraltareñas, operaciones notariales y privadas, y actuaciones de la Agencia Tributaria) y otros de libre acceso vía Registros Mercantil y de la Propiedad. 

Aunque el empresario indica errores e invenciones sobre varios aspectos del dossier, en lo que se refiere a los datos de propiedad y administración de las compañías, la información es correcta, según el registro mercantil y el propio Gómez Zotano, cuando dice que el dossier contiene "información coincidente" con la que le "sustrajeron", y cita los "certificados de propiedad de sociedades" y los nombres de las compañías.

Las empresas  de Gómez Zotano habían sido analizadas en la instrucción de la  'Operación Hidalgo', al igual que todas las creadas en el bufete Cruz Conde. 

Si bien Gómez Zotano ubica el origen de los datos de acceso no público en los robos y hackeo que denuncia, el estilo de redacción y el tipo de datos que el dossier de Villarejo ofrece (protocolos notariales, datos fiscales, etc.) recuerda mucho a los oficios policiales del sumario de la 'Operación Hidalgo' (DPPA 1455/06) sobre clientes del bufete Cruz Conde,  epicentro de un caso centrado en blanqueo de capitales en la Costa del Sol e instruido durante 10 años (se abre en 2006 y pasa a juicio en enero 2017).

Y recuerda tanto porque fue en Cruz Conde donde se creó la estructura mercantil de Gómez Zotano que, además, responde al esquema típico que este bufete diseñaba, vendía y luego gestionaba para sus clientes: una cabecera con firmas en paraísos fiscales (como Gibraltar), que constituyen y financian sociedades españolas que, a su vez, adquieren activos en la Costa del Sol. Cruz Conde constituía las sociedades en España usando una firma llamada Santa Ana 1 S.L., que es, por ejemplo, la que constituye las sociedades de Zotano que aparecen en las operaciones que firma con su vecina.

Durante la larga instrucción de la 'Operación Hidalgo', la Policía con auxilio de la Agencia Tributaria y del Notariado, indagó en la propiedad y operativa de la mayoría de las sociedades que habían sido abiertas en dicho bufete, recogiendo en el sumario el resultado de dicho trabajo.

No es ilegal comprar estructuras mercantiles que cuelguen de paraísos fiscales: solo es delito si con ellas se cometen actos ilícitos. El caso se juzgó en marzo 2019 con solo 12 personas procesadas y concluyó con solo cinco condenas y, además, mínimas al aplicarse la atenuante del retraso en la instrucción y todos los letrados del bufete menos uno fueron absueltos. Como decenas de clientes del bufete, Gómez Zotano no estuvo ni acusado ni imputado, y afirma que tampoco interpelado por la Policía cuando revisó las centenares de sociedades creadas en el despacho.

Varios clientes de Villarejo en la 'Operación Hidalgo'

La 'Operación Hidalgo' -cuyas diligencias se abrieron en marzo 2006, aunque estalló con la operación policial de entrada y registro de 2007- prestó mucha atención a algunos de los clientes más relevantes del comisario Villarejo en su época en activo dentro de la Policía. En los oficios que analizaban la operativa de los clientes del bufete -entre ellos varias organizaciones criminales internacionales-, tenían capítulo específico dos personas recurrentemente ligadas al excomisario: Jose María Clemente Marcet   y Monzer Al Kassar. 

Según los informes policiales, el narcobanquero Clemente Marcet era propietario o administraba una estructura mercantil creada en el bufete Cruz Conde que cobijaba, sobre todo, establecimientos hoteleros. Por su parte, el traficante de armas Al Kassar estaba conectado a clientes del despacho como Adnan Khashoggi, cuñado de Abdul El Assir, a su vez cuñado del socio del excomisario Adrián de la Joya.

Tanto Clemente Marcet como Al Kassar fueron procesados por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y sobreseídas sus causas, lo que animó a la cúpula policial de Alfredo Pérez Rubalcaba a viajar con Clemente Marcet a Arabia Saudí, y al ex número 2 de la Policía, Agustín Linares, a trasladarse a Siria junto con Villarejo, con los gastos pagados por el propio traficante de armas, que finalmente fue extraditado a EE UU en 2008 y donde cumple una condena de 30 años. Clemente Marcet, por su parte, fue juzgado y condenado en Francia por los mismo delitos por los que su causa fue sobreseída en España.

Se da la circunstancia de que el magistrado que instruyó inicialmente la 'Operación Hidalgo' fue el exjuez Francisco Javier de Urquía, suspendido durante la instrucción (y luego expulsado de la carrera judicial) por hacer favores a implicados. En la 'causa Tándem', Urquía es mencionado en la 'pieza Pintor', en la que están imputados el empresario Juan Muñoz Támara y su hermano, marido y cuñado, respectivamente, de la presentadora Ana Rosa Quintana. En 'Pintor', Urquía figura como "víctima" de una supuesta extorsión por parte de Villarejo y los Muñoz Támara, para la cual habrían utilizado un viejo vídeo de su persona grabado en 2006, precisamente el año de apertura de diligencias de la 'Operación Hidalgo'.  

La hipótesis de trabajo que maneja la unidad policial adscrita a la macro-causa 'Tándem', y que se basa en el contenido literal de los audios seleccionados, es que en 2017 se planea presionar a Urquía con ese antiguo vídeo por su condición de abogado de un tercero con el que los hermanos Muñoz Támara decían tener un "pleito". Sin embargo, como el vídeo les parecía un poco caduco, encargaron uno nuevo para seguir apremiando al exjuez y a su cliente.