Este artículo se publicó hace 2 años.
Los negocios detrás de la Ley del Deporte
Sara Serrano
Madrid-
Hoy quería tratar de explicar algunas de las limitaciones de la nueva Ley del Deporte que se votó este martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. El grueso del texto ha sido aprobado con 18 votos a favor -entre estos, PSOE y UP-, 6 en contra -Vox- y 13 abstenciones -PP-. El proyecto de ley, tras la negociación de las enmiendas entre PSOE y Unidas Podemos, incorpora finalmente las garantías que solicitaba LaLiga en su conflicto con la Real Federación Española de Fútbol y los clubes de la súper élite por los derechos de televisión. Esto aleja la posibilidad del parón en la competición con el que amenazaban 39 de los 42 clubes de LaLiga en caso de que la ley no recogiera sus demandas.
La ley no entra en una cuestión fundamental y uno de los mayores puntos de fricción dentro de la patronal de los clubes: la Superliga europea. A favor de la Superliga, hay dos clubes: el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. En contra, el resto de clubes, un total de 40. Entre ellos 17 de primera división, los cuales se han posicionado en contra de este modelo de negocio que sólo beneficia a los grandes clubes. Pues bien, LaLiga solicitaba que se introdujera una enmienda, [en la línea de lo pactado por la Premier League con el Gobierno británico], que obligase a los clubes a renunciar a participar en cualquier competición internacional al margen de UEFA o FIFA. Finalmente no se ha aprobado ninguna enmienda en este sentido.
Los clubes de primera y segunda contrarios a la Superliga se reunieron con el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, hace unos días. El PSOE no ha querido pronunciarse sobre la cuestión hasta que no lo hagan los Tribunales europeos. Recordemos que la Superliga está pendiente de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la UEFA ha incurrido o no en abuso de posición dominante, y esto no sucederá hasta 2023. Por su parte, el PP retiró unas enmiendas que había presentado previamente, y según publicaba El Confidencial, esto se producía tras un almuerzo con Florentino Pérez. Además, el líder del PP se negó a reunirse con representantes de LaLiga para recoger sus demandas.
Sin embargo, la principal crítica de Unidas Podemos a esta Ley del Deporte es que se ocupa demasiado del modelo de negocio del fútbol y poco del modelo para el deporte español en sí mismo. En este sentido, otra de las cuestiones que perpetúa la nueva ley -y que está pasando desapercibida por detrás de la batalla entre clubes por el control del negocio del fútbol- tiene que ver con los seguros privados. En concreto, la nueva ley mantiene la obligatoriedad -ya contemplada en la Ley del Deporte de 1990- de que todo deportista federado esté cubierto por un seguro médico privado adicional. Tal y como denuncian desde Unidas Podemos, esto supone un atentado contra el principio de igualdad y orienta el modelo deportivo español hacia una progresiva privatización.
Para que nos hagamos una idea del volumen de negocio que esto supone, en 2021 había 3,6 millones de deportistas federados en nuestro país. El dinero que tienen que desembolsar para asegurarse en una entidad privada se negocia anualmente y varía enormemente en función de la Comunidad Autónoma y del deporte que se practique.
La horquilla va de los 2 euros que le cuesta un seguro privado anual a un ajedrecista, a los cerca de 100 euros que cuesta asegurar a un deportista de equipo de categoría adulta o los 300 de un jugador de rugby. Si consideramos que una federación paga por cada uno de sus deportistas en torno a 100 euros anuales por su seguro médico privado obligatorio, en total las aseguradoras podrían percibir cerca de 360 millones de euros gracias a la Ley del Deporte.
La enmienda que va a presentar Unidas Podemos exige que la cobertura médica de los deportistas federados corresponda a la Seguridad Social Nacional o autonómica, en función de las competencias. Esto, además de acabar con la diferencia de costo injustificado entre el deporte federado y el no federado, reconocería de facto el deporte como un derecho ciudadano. En principio se pueden esperar apoyos de algunas formaciones a esta enmienda, pero desde luego no del PSOE ni del PP.
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