la crisis del coronavirusLas "muchas" denuncias por las residencias de mayores llevan al Defensor a abrir una investigación en Andalucía

Las "muchas" denuncias que se han recibido por la situación en las residencias de mayores en Andalucía han llevado al Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, a abrir una investigación. En un comunicado, la oficina del defensor recopila la amplia casuística que, durante esta crisis del coronavirus, ha alarmado a familias y trabajadores de centros a lo largo y ancho de Andalucía, donde, según el Gobierno, hay 700 residencias que alojan a unas 45.000 personas.

Así, según las quejas que ha constatado el Defensor, existe en los centros que atienden a mayores "falta de equipos de protección de los profesionales, con riesgo de contagio mutuo"; también "el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento"; además, se produce "la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que en estos días han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas"; por otro lado, "hay una carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica", y, por último, está "la falta de personal por las bajas sobrevenidas".

A la inquietud de trabajadores y de familias se une la falta de información de las administraciones, la Junta y el Gobierno

La casuística es amplia, como recoge el Defensor, y a la inquietud de familias y trabajadores por todos los problemas, se añade la falta de información por parte de las administraciones en tiempo y forma sobre la realidad concreta de algunas residencias.

Así, este periódico tras recibir diversas informaciones de gravedad –el sindicato CCOO, que recabó la información de fuentes directas, había afirmado en una nota de prensa que allí se habían producido "algunos fallecimientos"– sobre una residencia de mayores concertada con la Junta en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), la Joaquín Rosillo, se dirigió tanto al Gobierno como al Ejecutivo andaluz para contrastarla. 

A las preguntas de Público, el Gobierno manifestó que quien disponía de los datos era la Junta, que tiene las competencias en sanidad, y la Junta informó tan solo de lo siguiente: "Se han trasladado al hotel Alcora en torno a unos 40-50 residentes" de la Joaquín Rosillo. La consejería de Sanidad mantuvo silencio ante la pregunta de si se habían producido fallecimientos.

En ese hotel, propiedad de la empresa Ilunion, el Gobierno andaluz ha ubicado un centro de cuidados para personas mayores que tienen síntomas de coronavirus. Así lo expresó el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en su cuenta de Twitter: "El hotel Alcora de Sevilla ha sido medicalizado para aislar y atender a personas mayores internas en residencias que se hayan contagiado. Desde hoy está recibiendo a sus primeros pacientes".

Un documento del Servicio Andaluz de Salud, del que CCOO da cuenta en su nota de prensa, redactado antes de que el presidente anunciase la inauguración recoge que en el hotel se acogerá a pacientes leves, moderados y graves (a los que se aplicarıá cuidados paliativos), y que los profesionales [que allí irán a trabajar] deberán estar "adiestrados en el manejo de cadáveres Covid+".

El Servicio Andaluz de Salud justifica la creación de este hospital de campaña para "aislarlos de los pacientes asintomáticos de ambas residencias para evitar el contagio, aunque podemos anticipar que muchos ya se han podido contagiar. El personal es un vector importante para el contagio, y en la residencia Joaquín Rosillo […] la mayoría tienen o han tenido síntomas".

Extremar las precauciones

En otra residencia, Huerta Palacios, también de la provincia de Sevilla, esta situada en Dos Hermanas, los familiares exigen al Gobierno andaluz que tome medidas. En un comunicado, varias familias afirman que "la dirección del centro está autorizando la salida de ancianos sin realizar tests a los residentes" y, con ello, está "rompiendo la cuarentena".

El Defensor, "a raíz de las denuncias" que ha recibido considera que es "imperiosa la necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente de él para su supervivencia ordinaria".

Así, Maeztu, el Defensor "hace un llamamiento humanitario ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía y pide respuesta a esta emergencia social ante los casos de infectación y fallecimientos de personas mayores que se están sucediendo en estas residencias, al igual que en otros puntos del territorio español".