La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que retire la condición de perjudicado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la pieza de la causa en la que se investiga el robo del móvil a la exasesora del partido Dina Bousselham en 2016, por dudar de la versión que dio cuando declaró.

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho esta petición al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que deberá ahora decidir si lo acuerda, tras la declaración esta misma semana de la exasesora de Podemos.

En su segunda declaración como perjudicada el pasado lunes, Bousselham aseguró que cuando Iglesias le dio la tarjeta del móvil que había recuperado seis meses antes, tras aparecer de forma anónima en la redacción de Interviú, ya estaba dañada y señaló que acudió a una empresa para poder recuperar los archivos, pero fue imposible.

Por su parte, el ahora vicepresidente del Gobierno afirmó que la tarjeta funcionaba cuando se la devolvió, según la declaración que prestó como perjudicado hace un año al abrirse esta pieza, la número 10 del caso, a raíz del hallazgo de un lápiz de memoria con los datos del móvil sustraído entre los efectos intervenidos al excomisario José Villarejo en la operación Tándem en 2017.

Estas contradicciones han hecho dudar a los fiscales del caso de las intenciones en el robo del móvil, cuyos datos llegaron a manos de Villarejo cuando este recibió una copia de la tarjeta del exdirector de Interviú Alberto Pozas, después de que la revista decidiera no publicar su contenido, según han reconocido ambos.

La sustracción del móvil se produjo en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno en 2016 por lo que se investigaba si tuvo relación con un presunto espionaje político al partido de Iglesias en el que habría intervenido el excomisario. Villarejo siempre lo ha negado y ha mantenido que más bien se trató de un acto de venganza o despecho.

Dos días después de la declaración de Bousselham, el juez reclamó, también a petición de Fiscalía, un "análisis técnico" a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre los correos aportados por la exasesora relativos al intento de reparar la tarjeta de memoria de su móvil que dijo haber hecho tras recibirla dañada de Iglesias.

También fue decisivo en su declaración que admitiera que, a través del móvil que le robaron, compartió con amigos y otros políticos pantallazos del chat de Telegram que integraban dirigentes del partido, entre ellos, Pablo Iglesias, alguno de cuyos comentarios en ese chat aparecieron publicados en Okdiario y otros medios, por lo que la autoría de esas filtraciones tampoco está clara.

Tras producirse el robo del móvil, el material extraído de la tarjeta llegó a la redacción de Interviú en un sobre de forma anónima y tras rechazar publicar su contenido, el presidente del Grupo Zeta -editora de Interviú-, Antonio Asensio, decidió entregar la tarjeta a Iglesias, según corroboraron los propios implicados cuando declararon por estos hechos.

Las dudas que surgen en la investigación es por qué tardó Iglesias seis meses en devolver esa tarjeta a su dueña y por qué dijo que funcionaba cuando ahora su propietaria sostiene que ya la recibió inservible, por eso la Fiscalía pide ahora que se le deje de considerar perjudicado por estos hechos.