El Ministerio de Trabajo está en la actualidad completamente volcado en la mesa de negociación con los agentes sociales para rebajar la jornada laboral sin que haya una reducción de salarios. Esta misma semana, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha mantenido la última reunión antes del parón estival con sindicatos y patronales para abordar este asunto, y el objetivo es el de tratar de cerrar un acuerdo en septiembre.

Pero la agenda de Trabajo no termina en la reducción de la jornada. Los de Díaz tienen en el punto de mira otra de las reformas que más les costó pactar con el PSOE en el acuerdo de coalición y que más tensión prevé generar en el diálogo social, por la distancia que existe entre los representantes de los empresarios y los de los trabajadores.

La reforma del despido podría ser la gran cuestión del Ministerio de Trabajo (y una de las grandes cuestiones del Gobierno) después del verano, si finalmente se aprueba la reducción de la jornada laboral en el tiempo previsto. 

La modificación del despido improcedente se puede considerar casi como una segunda fase de la reforma laboral que Trabajo llevó a cabo en la anterior legislatura. Esa reforma se centró sobre todo en la reducción de la temporalidad a través de la simplificación contractual, pero también se estableció una fórmula basada en los ERTE de pandemia para que el despido fuera el último recurso de una empresa en momentos económicos complicados.

Ahora, esa segunda fase para desarmar el modelo de despido improcedente actual tendría sus cimientos en dos ejes: el refuerzo de la causalidad y la implementación del denominado despido restaurativo que recoge la Carta Social Europea, con el objetivo de establecer un modelo que disuada a las empresas de recurrir al despido como principal herramienta para ajustar su balance económico.

Causalidad justificada e indemnización adecuada

En resumidas cuentas, se trataría de blindar y acotar de manera clara las causas concretas en las que se puede aplicar un improcedente y de establecer un modelo en el que sea necesario justificar de manera adecuada estas causas cuando se despida. En el caso de que un despido no se ajustara de manera adecuada a las causas legalmente establecidas, Trabajo quiere que se indemnice al trabajador de manera adecuada.

En la actualidad, la indemnización del despido se calcula en base a los días por año trabajado (33 con un máximo de 24 mensualidades). El objetivo de Díaz es el de avanzar hacia un modelo en el que la indemnización tendría en cuenta variables como el género, la edad o la antigüedad del trabajador y se calcularía en función del perjuicio sufrido a raíz de ese despido, por lo que eventualmente también tendría mayor capacidad disuasoria para las empresas.

El pasado mes de abril se conoció que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) advertía de que el modelo de despido improcedente español no se ajustaba a las garantías recogidas en la Carta Social Europea. La resolución del CEDS llegó después de una reclamación elevada por el sindicato UGT a este organismo europeo.

Este mismo domingo, el Comité formalizó su resolución para dar la razón al sindicato, una resolución que supone un auténtico varapalo para el modelo de despido improcedente español. El documento establece que el tope de 35 días por año hasta 24 mensualidades para calcular la indemnización no repara de manera adecuada el daño que le puede causar a un trabajador la extinción de la relación laboral con su empresa.

Además, también recoge que el bajo coste del despido en España supone un incentivo para que el empleador recurra al mismo de manera más o menos habitual en determinadas situaciones. La resolución del comité europeo interpela incluso a los jueces y critica que la mayoría no dé indemnización adicional en sus resoluciones.

Estatuto del Becario y subida del SMI

Esta resolución europea no es de obligado cumplimiento ni acarrea ningún tipo de sanción para el Gobierno, pero supone un espaldarazo al compromiso recogido en el acuerdo de coalición rubricado entre el PSOE y Sumar y a los planes de Yolanda Díaz para acometer la reforma del despido este año.

La segunda gran cuestión de la agenda que del Departamento de Díaz podría abordar tras el verano es una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Su entrada en vigor se situaría en enero de 2025, pero el objetivo es el de negociarlo en la recta final de este año.

Pero antes, la vicepresidenta segunda ha anunciado que su intención es la de aprobar con cierta urgencia la regulación de las prácticas extracurriculares de estudiantes en empresas, más conocido como el Estatuto del Becario. Esta reforma es fruto de un acuerdo bipartito entre Trabajo y los sindicatos en el verano del pasado año, después de que la patronal se descolgara de la mesa de diálogo.

Sin embargo, pese a la existencia de este acuerdo en el diálogo social, la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE) se opuso de manera frontal al mismo, y la parte socialista del Gobierno (al menos el Ministerio de Economía que entonces lideraba Nadia Calviño) mostró sus dudas al señalar que estaba "verde". Formaciones cuyos votos son necesarios para sacarlo adelante en el Congreso, como el PNV, también rechazaron apoyar el pacto rubricado entre los de Díaz y las principales organizaciones sindicales.

Por estos motivos, pese a estar acordada desde el verano del pasado año, la reforma ha estado metida en un cajón durante todos estos meses. Hace unas semanas, Díaz anunció la intención de recuperar el tema a la vuelta de las vacaciones (previsiblemente en septiembre), y el grupo parlamentario de Sumar ya ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a aprobar el denominado estatuto del becario en Consejo de Ministros.

De hecho, la reforma del despido, la subida del SMI y el Estatuto del Becario aparecen reflejados en el Plan Normativo del Gobierno para 2024, una suerte de previsiones legislativas del Ejecutivo para este ejercicio.