El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha eludido responder este miércoles  a las preguntas directas que le han hecho en el Congreso diputadas de ERC y PNV, dos grupos aliados del Gobierno, sobre la situación de la activista saharaui Sultana Jaya, que sufre desde hace más de un año un arresto domiciliario en el Sahara Occidental y que ha denunciado un gran número de agresiones de integrantes de fuerzas de seguridad marroquíes y grupos paramilitares. 

La diputada del Grupo Vasco Josune Gorospe y la de ERC María Carvalho Dantas formularon una batería de preguntas sobre la situación de Sultana Jaya y las intenciones del Gobierno para tratar de mediar por su liberación ante organismos internacionales y el Estado de Marruecos. La parlamentaria de Esquerra denunció, incluso, que Sultana ha sufrido violaciones, saqueos e intoxicaciones alimenticias, y que España no puede seguir obviando sus responsabilidades en el territorio que hasta 1975 fue su colonia y provincia número 53. Sin embargo, el ministro evitó responder todas las cuestiones sobre
lo que consideró una situación "compleja" y se limitó a referir la labor que desarrolla España para ayudar a los refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia).

"El compromiso de la cooperación española con la población saharaui en Tinduf es evidente, constante e histórica. Somos el primer donante europeo", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, quien comparecía por primera vez en la Comisión de Cooperación del Congreso, y a petición propia, para exponer las líneas generales de su departamento en este ámbito.

Ya el pasado mes de octubre el ministro evitó también en el Congreso pronunciarse sobre la situación de la activista saharaui cuando fue preguntado al respecto por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien quería saber si Albares tenía algún plan para "salvar la vida de Sultana Jaya", haciendo valer el "espíritu de defensa de los derechos humanos que anima su política exterior". A ello el ministro respondió que el Ejecutivo no hace "distinción entre países y personas".

Por otra parte, el ministro ha anunciado que antes de que termine el año el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de una nueva Ley de Cooperación, que tendrá como objetivo destinar a la ayuda al desarrollo un 0,7% de la renta nacional bruta en 2030. Sin embargo, el grupo de Unidas Podemos le ha recordado que España aún está lejos del 0,5 al que se comprometió en el acuerdo de gobierno para el final de una legislatura que ya ha llegado a su ecuador.

La ayuda a la cooperación al desarrollo ha pasado de representar el 0,26 al 0,28 de la renta nacional bruta con el incremento que ha registrado este ámbito en los presupuestos del Gobierno para 2022, según Albares, quien ha afirmado que este aumento permitirá recuperar "una década perdida" en la que estas políticas habían perdido peso, sobre todo durante el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.

El diputado de Unidas Podemos Pedro Antonio Honrubia ha valorado positivamente las políticas de ayuda al desarrollo que lleva a cabo el Gobierno y el anuncio de una nueva ley, pero ha señalado que aún se halla "lejos" de cumplir el compromiso para incrementar las partidas de cooperación que el PSOE y su formación fijaron en el acuerdo que firmaron para un gobierno de coalición progresista.

Albares explicó que "había una necesidad acuciante de reformar" la ley que está vigente desde 1998, con el objetivo de que la cooperación tenga un "impacto directo y eficaz" en las personas receptoras así como en quienes trabajan como cooperantes. La lucha contra la desigualdad y el cambio climático serán dos aspectos esenciales de la nueva norma, conforme a los principios establecidos en la Agenda 2030, añadió el ministro de Asuntos Exteriores, quien destacó que una de sus principales novedades será que incluirá al Sahel, en África, como una de las zonas prioritarias de intervención de la cooperación española, debido a que su evolución tiene un "impacto directo en nuestro país".

Apoyo del Gobierno a la cooperante Juana Ruiz

El responsable de Asuntos Exteriores ha asegurado, por otro lado, el apoyo del Gobierno español a Juana Ruiz, la cooperante española de 63 años que sigue presa en Israel, pese a su petición de salir en libertad condicional tras el acuerdo al que llegaron en noviembre la fiscalía y su abogado para aceptar una condena de 13 meses por prestar servicios a una organización ilegal y otros delitos.

Albares ha explicado que ha hablado por teléfono varias veces con su homólogo israelí, al que le ha trasladado claramente el apoyo del Gobierno de España a Juana Ruiz. "Estamos muy pendientes" de este caso, ha precisado. Además, el ministro ha señalado que están intentando hablar con una única voz en este asunto, la de la Unión Europea, a través de su responsable de Exteriores, y ha subrayado que ni su ministerio ni la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo han recibido ni una sola prueba de que la organización en la que trabaja la cooperante española "contribuya al
terrorismo" como afirma Israel.

En la comparecencia del ministro también se ha hablado de Afganistán, de la situación en la que se ha quedado su población tras el regreso de los talibanes al poder, especialmente las niñas y las mujeres. "La crisis de Afganistán nos ha recordado que los derechos de las niñas, mujeres no están garantizados. Continuaremos trabajando como política prioritaria en todas nuestras acciones", dijo Albares, a quien los grupos recordaron la urgencia de sacar del país a todas las personas, y sus familias, que colaboraron con la cooperación española.

El grupo de Vox, a través de su diputado Agustín Rosety, prefirió hacer hincapié en la importancia del sello español en la cooperación al desarrollo. "Nos falta la conexión con el interés nacional. No he percibido nada en su exposición. La Agenda España es la que nos tiene que preocupar. Somos un país que no está en condiciones de derrochar recursos, porque no le sobran", fueron algunas de sus apreciaciones.