Delitos de odio, estafa, violencia de género, abusos sexuales, agresiones, vandalismo .... Así, largo y variado, es el catálogo de delitos por los que han sido señalados en algún momento miembros y dirigentes de Vox, muchos de ellos ya fuera del partido, mientras que otros siguen en primera línea pese a condenas y causas abiertas en la actualidad. Esta misma semana se han conocido los cargos que pesan contra tres integrantes de Vox por presuntos delitos de odio. El presidente del partido ultra en Ceuta, Juan Sergio Redondo, y su número dos, el policía nacional en excedencia Francisco Javier Ruiz, han sido citados para declarar por el chat racista Gestora Vox en el que miembros de la formación vertían comentarios xenófobos e insultantes contra la comunidad musulmana de la ciudad autónoma.

El asunto fue archivado por el Juzgado de Instrucción número cinco de Ceuta sin ni siquiera llamar a declarar a los presuntos autores del chat racista. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha ordenado esta semana reabrir la causa, al estimar el recurso presentado por el partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). Su portavoz, Fátima Hamed Hossain, la primera mujer musulmana que lidera un grupo político en la Asamblea de Ceuta, es tajante: "Los graves insultos que se vertían en ese grupo son un atentado a la base fundamental de la convivencia de Ceuta, donde unos fascistas quieren imponer a su libre albedrío quiénes podemos o no vivir en nuestra tierra", dice a Público.

Los mensajes investigados vertían odio contra los musulmanes, repudiando la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" y la "islamización" de la localidad y arremetiendo contra los "moros". "De momento, la batalla la vamos a plantear en el terreno electoral, pero tal y como están las cosas de mal, no es para nada extraño que al final haya que combatir militarmente", escribió el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, que añadió: "Os aseguro que esta gente, en breve, si no aceptamos su visión islamizante, empezará a tratarnos como ocupantes, algo así como a los israelíes".

Vox es el primer partido en Ceuta, tras las últimas elecciones generales. Su base ideológica supone una "seria amenaza para la convivencia" en Ceuta, señala Fátima Hamed. Casi la mitad de la población ceutí es musulmana. Según el Observatorio Andalusí, en la ciudad autónoma hay 37.000 musulmanes de un total de 85.000 habitantes.

Los dirigentes de Vox en Ceuta no han negado la autoría de los mensajes que se les atribuyen, sino que han argumentado que "no presentan indicios de constituir delito de odio porque el chat era privado". Fuentes consultadas por Público, indican que esa será su estrategia de defensa, la privacidad del grupo de Whatsapp. Una estrategia liderada por el abogado José María Ruiz Puerta, un viejo conocido de la extrema derecha española y miembro de Vox.

Según un comunicado difundido por MDyC, el abogado de los dirigentes de Vox en Ceuta, Ruiz Puerta, fue secretario de la organización Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), un grupo neonazi creado en Barcelona en 1966 y disuelto en 1993, que negaba el Holocausto nazi. Según un informe del Parlamento Europeo, CEDADE era uno de los grupos neonazis más antiguos, numerosos y activos dentro de la Comunidad Europea, con unos 1.500 militantes (antes de su desaparición) y subrayaba aquel informe que "ha sido una de las primeras organizaciones racistas en adoptar la retórica y reivindicaciones del movimiento ecologista, para dar así un nuevo vehículo a la teoría racista xenofóbica".

Ataque a los menores migrantes no acompañados

La otra causa abierta recientemente contra un miembro de Vox tiene que ver con la repulsa demostrada hacia el colectivo de los menores migrantes no acompañados. Jordi de la Fuente, miembro de Vox en Barcelona, exasesor del líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, está considerado por la Fiscalía como el cabecilla del intento de asalto que sufrió el centro de menores migrantes en el municipio de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019. La Fiscalía pide dos años de cárcel para De la Fuente. 

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas trató de asaltar el centro de acogida de menores migrantes, justo después de que se celebrara una manifestación en contra de la presencia de estos jóvenes tutelados en la localidad. Se produjo una pelea en los alrededores del centro y la Policía detuvo a uno de los atacantes que intentaba colarse en el edificio. Los servicios médicos de emergencia tuvieron que atender a cuatro heridos, tres de ellos menores del centro. Durante la concentración, los asistentes corearon proclamas como "moros de mierda" o "os vamos a quemar el albergue". 

La Fiscalía mantiene que Jordi de la Fuente fue uno de los coordinadores del ataque y le acusa de un delito de odio y, además de la pena de cárcel, solicita una multa de 2.700 euros, cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo y una orden de alejamiento del centro de menores.

La huella de Josep Anglada

Vox en Catalunya se nutre de los postulados y de los miembros de la extinta y xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), que estuvo liderada por Josep Anglada, conocido por sus incendiarios mensajes racistas y por acuñar el lema "Primero los de casa".  PxC se disolvió en enero de 2019, invitando a sus militantes a formar parte de Vox. Dos de aquellos integrantes del partido de Anglada ahora son dirigentes de Vox en la Ciudad Condal, Joan Garriga y Mónica Lora, y están acusados, junto con otros once antiguos miembros de PxC, de un delito de odio contra los migrantes por repartir propaganda con mensajes xenófobos contra la población migrante durante la campaña electoral de 2011. Aún pendientes de vista oral, Joan Garriga, primo del líder de Vox en Catalunya, y Mónica Lora aparecen en las listas de Abascal como número tres y número cinco respectivamente para las elecciones catalanas del 14F.

De momento, la formación ultraderechista se ha librado de condenas por delitos de odio. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, llegó a estar investigada por la Fiscalía por vincular a los menores migrantes no acompañados con la inseguridad, durante un mitín electoral en Sevilla, en noviembre de 2019. Habló entonces de "manadas de menas en las calles". Pero el Ministerio fiscal archivó la causa meses después. También el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha librado; el Tribunal Supremo archivó la querella por decir que las Trece rosas [los trece jóvenes republicanas ejecutadas por el franquismo] "torturaban, asesinaban y violaban". 

Abusos sexuales

José Antonio Ortiz era el líder de Vox en Lleida cuando fue detenido, en marzo de 2019, por presuntos delitos sexuales contra jóvenes discapacitados, pornografía infantil y corrupción de menores. Finalmente ha sido condenado a 14 años y tres meses de prisión y ocho años de libertad vigilada. El tribunal consideró probado, en diciembre de 2020, que Ortiz ofrecía dinero a dos jóvenes con discapacidad a cambio de servicios sexuales. No es el único integrante del partido ultra implicado en este tipo de delito. Manuel Josúe Castillo, que fue candidato de Vox en la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros, está pendiente de juicio, acusado de abusar, al menos, de tres chicos, exhibicionismo y provocación sexual. Era entrenador de una escuela de fútbol.

Agresores de mujeres

Uno de los pilares de la ideología ultra de Vox es minimizar el alcance de la violencia machista. De hecho, sus argumentos para negar que la violencia contra las mujeres es una lacra social son la existencia de denuncias falsas y la equiparación con los hombres agredidos por sus parejas. Sus líderes nunca hablan de violencia de género, sino de violencia doméstica. Pero varios de sus miembros incursos en listas electorales fueron condenados como maltratadores y agresores de mujeres. Por ejemplo, el que fuera candidato a la alcaldía de Benidorm, David Pérez Brígido, fue condenado por maltrato habitual a su pareja. Entre otros actos relatados en la sentencia del Juzgado de lo Penal 5 de Pamplona, destacan los puñetazos que le daba a su mujer en la cara y las amenazas de muerte que le hacía habitualmente. Fue apartado del partido.

Otro candidato de Vox que tuvo que ser apartado por una condena relacionada con la violencia machista fue José Antonio García Capapé, integrante de la formación ultra en Cadrete (Zaragoza). Fue sentenciado, en 2019, a seis meses de prisión por injurias a su exmujer. No era su primera condena: en 2016 fue sentenciado a un año y medio de prisión por tenencia ilícita de armas. Rafael Morenate es otro condenado por violencia de género y suspendido por Vox de militancia. Fue detenido en julio pasado, siendo portavoz del partido de extrema derecha en La Zubia (Granada).

Después de mensajes antifeministas en las redes sociales, Juan Ros Alcaide, senador de Vox en Ceuta, protagonizó uno de los episodios más deleznables, el pasado mes de febrero, cuando fue detenido por dar una paliza a su pareja. En primer lugar alegó que la mujer se había caído accidentalmente por las escaleras, pero acabó confesando la agresión. Terminó renunciando al acta de senador, después de que la formación de Abascal le suspendiera de militancia. 

El número dos de Vox en Manilva (Málaga), Ismael Álvarez, fue detenido por darle una brutal paliza a un compañero de su expareja. Usó un puño americano y desfiguró el rostro del agredido. Ocurrió en diciembre de 2019 y acabó pidiendo la baja voluntaria del partido.

Negocios y amistad con el bisnieto de Franco

El que sigue militando y está bien situado en la cúpula del partido ultra es Víctor González Coello de Portugal; y llama la atención que sea el vicepresidente del Área Económica de Vox teniendo en su contra una condena por "irregularidades contables relevantes". Fue condenado a tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona. El fallo fue firme en diciembre de 2018, cuando el Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de León, por lo que aún estaría vigente la pena. La misión de Víctor González en la formación ultraderechista es la captación de fondos.

Los hechos por los que fue condenado se remontan a 2014, cuando González llevó a la bancarrota a su empresa Marmolería Leonesa y sesenta trabajadores se fueron a la calle. La sentencia establece que el hoy dirigente de Vox ocultó a la contabilidad de la empresa una operación con otra sociedad suya que hizo perder a Marmolería Leonesa 1,4 millones de euros, derivando a la firma al concurso de acreedores.

De profesión empresario y ahora también diputado de la formación verde, González Coello de Portugal ha compartido negocios con el bisnieto de Franco Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, algo notorio dentro de Vox. La amistad entre ambos se remonta al colegio. De la empresa Servicio Integral del Taxi SL los dos fueron administradores hasta su liquidación, en 2015. La familia del vicepresidente primero de Vox fundó con el bisnieto de Franco en 2017 una asociación ultrarreligiosa: Cura Infirmorum et Natura Seminare, cuyo objeto es "evangelizar a través de la acción de cuidado y conservación de la naturaleza".

En Granada, Vox tuvo que apartar a dos dirigentes por condenas de tipo económico. Ignacio Nogueras tuvo que ser sustituido a mediados de 2018 al verse implicado en dos procesos judiciales; de uno resultó absuelto y por el otro fue condenado a un año y nueve meses. Su sustituto, Julio Vao, también tuvo que dejar la presidencia del partido en Granada, un año después, cuando se destapó una condena de 2006. Dice esa condena que siendo director de una oficina de Caja Granada "se concertó con otras personas para obtener un beneficio injusto suscribiendo diversas pólizas que ocasionaron a la entidad un perjuicio de 24.000 euros". 

El exjuez Serrano, el ídolo caído de Vox

Pero, sin duda, el escándalo de corrupción -aún investigándose-, que ha sacudido a Vox  es el que se centra en el exjuez Francisco Serrano, expresidente de la formación en el Parlamento andaluz. Serrano dimitió este pasado verano cuando la Fiscalía presentó una querella contra él por un presunto fraude de subvenciones o estafa. El próximo 8 de febrero tendrá que declarar como investigado por haberse apoderado, junto con dos socios, presuntamente de una subvención del Ministerio de Industria de 2,5 millones de euros para una empresa de combustibles. El dinero no fue empleado en los fines recogidos en la subvención.

Atentar contra la Memoria Histórica

Violencia contra los símbolos de la Memoria Histórica. Eso fue lo que hizo Javier López Monreal, colaborador de Vox en Navarra. Fue condenado por la Audiencia Nacional en 2015, por un tribunal del que formaba parte el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a un año y medio de prisión por vandalismo contra símbolos antifranquistas en diversas localidades navarras en el verano de 2009. Así, en colaboración con otros, destruyó varias placas de homenaje a presos del franquismo. Sin embargo, el juicio por "acciones contra personas que pertenecen a la izquierda abertzale y al comunismo para atemorizarles e instaurar un nuevo modelo político" concluyó con su absolución de un delito de daños con fines terroristas porque no se pudo acreditar su participación en la pintada de la fachada del Ayuntamiento de Arbizu, "Hoy se os vigila,mañana os matamos", dirigida al equipo municipal.