Patricia del Pozo (Sevilla, 1969) es hoy la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, la primera del PP en la historia de la autonomía. El presidente, Juanma Moreno (PP), en su decreto de organización del Gobierno, decidió que fuera ella quien se iba a ocupar de aplicar (o no) las políticas de memoria histórica, de ejecutar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada la legislatura pasada sin votos en contra (con las abstenciones de PP y Ciudadanos). Moreno, que gobierna en coalición con Ciudadanos, sacó las competencias de Presidencia, donde las tenía el PSOE de Susana Díaz, y las ubicó en Cultura –donde los socialistas también las tuvieron, hace años, durante un tiempo–.

El presidente tomó la decisión después de firmar un pacto -que le garantizó los votos necesarios para la investidura- con Vox, el partido de ultraderecha que se autoproclamó hace unos meses como “la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten a tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias”. En ese acuerdo se recogía que la Ley de Memoria se iba a cambiar, en ese acuerdo PP y Vox se comprometieron a “promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica (así, tal cual, con esas mayúsculas y minúsculas)”.

Del Pozo, que tiene una amplia experiencia parlamentaria y proviene del sector más centrista de su partido, asumió, así, muy pronto, nada más tomar posesión, que iba a tener que gestionar un asunto muy complejo, en el que, presumía, iba a encontrar muy poca comprensión tanto a su derecha, con los ultras, como a su izquierda, con PSOE y Adelante Andalucía, quienes, con sus votos, habían aprobado la norma. Su socio de Gobierno, Ciudadanos, tampoco quería -ni quiere hoy- tocar la ley. Mejor dejar las cosas como están.

Con estos mimbres, la consejera, con la ayuda del coordinador del Gobierno, el consejero de la presidencia Elías Bendodo, mano derecha del presidente, alumbró una posición política. Ambos optaron por ir a la esencia del asunto: el dolor de las familias y sus reivindicaciones de dignidad. “Esto no es un tema de partido, es un tema de humanidad. Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos. Esto no es de PP, ni de PSOE ni de Vox ni de nadie, es de humanidad”, dijo el lunes pasado Del Pozo en una rueda de prensa. La frase resume la posición en la que han venido trabajando desde el principio tanto ella como Bendodo.

A ambos les ayudó, de manera inesperada, a la hora de defender su postura frente a otros compañeros de partido y frente a sus socios de Vox en el camino lleno de aristas que decidieron emprender, la entrevista que le hizo Jordi Évole en La Sexta al papa Francisco, argentino, a quien le tocó vivir de cerca los horrores de la dictadura de Jorge Videla, en la que este afirmó: “Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasa, a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres. Es un derecho, un derecho de la familia y de la sociedad. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo a sus muertos escondidos. Los muertos son para ser enterrados, individualizados en los cementerios, pero no para ser escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido”.

Tanto a Del Pozo como a Bendodo esa línea de pensamiento les sirvió para enmarcar su decisión. El propio consejero de la presidencia hizo suyas, en una rueda de prensa, al día siguiente, las ideas del papa y las convirtió en la posición oficial del Gobierno de Andalucía. Para convencer a sus compañeros y compañeras de partido, muchos de ellos de tradición católica, de que el camino correcto era apostar por las exhumaciones y las pruebas de ADN, las palabras del papa significaron un espaldarazo muy fuerte. También pusieron en dificultades a Vox, partido que, para mantener intacta su posición, arremetió contra Francisco con unas declaraciones de su diputado Rodrigo Alonso, que rozaron la xenofobia.

Así, por un lado, Del Pozo y Bendodo le pusieron una condición, un apellido, al cambio -pactado con Vox- de la Ley de Memoria: que tuviera mayor consenso que la anterior, lo cual, en la práctica, venía a decirle, sin decírselo, a Vox que ese asunto, la modificación de la normativa, iba a quedar aparcado. Y por otro, como Gobierno, se comprometieron a aplicar la Ley con todas sus consecuencias mientras estuviera en vigor.

Un trabajo discreto

La consejera y su viceconsejero, Alejandro Romero, desde entonces, han trabajado en este asunto, en lo cercano, sin darle publicidad a su actividad en este campo. Y así lo van a seguir haciendo, según las fuentes consultadas. Del Pozo y su equipo consideran clave hacer las cosas de este modo, con discreción, sin hacer ruido, para poder, precisamente, hacerlas. Del Pozo, antes de las elecciones y antes de que se pactara el presupuesto, intentó trabajarse el flanco de familias y asociaciones de víctimas, para calmar sus preocupaciones. Se reunió también con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), en un encuentro sin publicidad en el que se comprometió a participar -aún sin fecha- en la exhumación de la fosa de Pico Reja en Sevilla, donde se considera que hay más de 1.000 cuerpos de represaliados por las fuerzas franquistas tras el golpe del 36 contra el Estado republicano.

Tanto en público como en privado, en diversos encuentros, la consejera ha venido garantizando que la ley se iba a aplicar a una audiencia escéptica, debido a los antecedentes del PP en este asunto y también a sus compañeros de viaje. La mayoría de la gente pensaba, de hecho, que el nuevo Gobierno –como hiciera ya el de Mariano Rajoy– iba a matar las políticas de memoria. Todavía, a pesar del pacto presupuestario, hay muchas familias que creen que será así y que el Gobierno irá poco a poco liquidando estas políticas.

El PP lleva demasiado tiempo, o bien negando, o bien dándole la espalda o bien tratando el tema de las políticas de memoria y a las mismas víctimas del franquismo con, como mínimo, displicencia. Jamás ha asumido como organización -el partido fue fundado por un exministro del dictador reconvertido durante la transición en una pieza clave de la incipiente democracia, Manuel Fraga Iribarne- que los asuntos de memoria histórica son temas de pura dignidad democrática y también de piel, la de tantas y tantas familias (miles en Andalucía) cuyos padres, madres, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, hijos, hijas fueron asesinados, ejecutados y después -al contrario que los muertos del otro bando, a quienes la Dictadura rindió honores desde que terminó la guerra- sepultados bajo un régimen de olvido y más tarde abandonados, salvo contadas excepciones, por una democracia con amnesia selectiva.

Contra pronóstico

Hoy, en Andalucía, contra todo pronóstico, con el peor socio posible para tratar estos temas, la consejera Del Pozo, el consejero Bendodo y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, los tres del PP, lograron salvar, en la negociación de los presupuestos, la partida para memoria histórica. Vox aceptó -por escrito- exhumaciones, pruebas de ADN y subvenciones, siempre que no superen un 20% para gastos estructurales de las asociaciones que la reciban. La partida está reducida a su mínima expresión, -es hoy 100.000 euros más baja que la que presupuestó el Gobierno del PSOE para 2018- pero está. Una parte de las familias, de las asociaciones e, incluso algunos de los rivales políticos de Del Pozo, consideran que, para un Gobierno de PP y Ciudadanos, en una Comunidad en la que, en amplias zonas, no existió guerra civil, sino represión pura y dura de la peor especie, no está mal.

El pasado lunes compareció Del Pozo, junto a Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Era la primera vez que la consejera lo hacía en Sevilla -Del Pozo ya salió en el Consejo de Gobierno de Sanlúcar de Barrameda- y allí, a preguntas del periodista especializado en memoria histórica Juanmi Baquero, autor del libro El país de la desmemoria (Roca Editorial), explicó el presupuesto en el capítulo de memoria. “[La partida] continúa prácticamente igual. Tenemos 1.605.358 euros. Hemos priorizado, tal y como establecimos con el Consejo Andaluz de Memoria Democrática, dos grandes cuestiones, la exhumación y la identificación genética, que son las cuestiones que realmente consuelan a las familias”, dijo la consejera. “La partida de identificación genética ha pasado de cero a 363.000 euros. Estoy especialmente orgullosa de estas partida”, agregó.

Del Pozo aclaró también por qué se recogía en el acuerdo con Vox la cláusula de que las subvenciones no podían pagar gastos estructurales de las asociaciones, lo que las indignó, porque consideran que, de algún modo, las estigmatiza, cuando no es verdad: las subvenciones no financian a las asociaciones, sino que financian proyectos concretos, tangibles. Del Pozo les vino a dar la razón a la vez que aceptaba lo firmado con Vox.

Esto dijo la consejera al respecto: “Las subvenciones suelen ir todas en una partida. Es una convocatoria anual, destinada a entidades, ayuntamientos y a universidades. Esa partida tenía 300.000 euros en 2018. La hemos bajado a 155.000. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando se concedieron todas las subvenciones, se ejecutaron solo 88.000 euros. Así que, en lugar de poner 88.000 euros, me he ido a 155.000 euros. Los presupuestos están para ejecutarse y no dejarlos en el papel. Aquellos 88.000 euros fueron a 24 entidades, 36 ayuntamientos y a dos universidades. Son proyectos de investigación, divulgación, estudios y conferencias”.

“La subvención -agregó Del Pozo- va directamente al proyecto que se presenta. Es muy difícil que con ella la asociación pueda financiar sus gastos estructurales. Los requisitos son estrictos. No obstante, en el acuerdo que hemos firmado con Vox, ellos han propuesto que se evite de cualquier modo que este tipo de subvenciones fueran para gastos. Esto no suele ocurrir porque son proyectos concretos, pero por supuesto, es una medida rigurosa que trata de primar el proyecto por encima de los gastos administrativos. No tengo inconveniente en revisar las bases reguladoras para garantizar aún más que este dinero vaya al proyecto que se plantea”.

El camino de De la Torre

Cuando el presidente Moreno llegó al Gobierno de la mano del vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), ambos tenían tres opciones. Tres caminos se les abrían por delante: por un lado, el del expresidente Rajoy, quien no derogó la Ley de Memoria de José Luis Rodríguez Zapatero, pero la inutilizó, dejándola a cero euros; por otro, el del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien, sin aspavientos ni grandes discursos, financió entre 2006 y 2009 junto con las administraciones socialistas en Sevilla y Madrid la exhumación de unos 3.000 cadáveres en la mayor fosa rescatada del olvido hasta ahora en España, la de San Rafael; y, por último, la senda que les ofrecía Vox, al final de la cual solo hay incomprensión, intolerancia y una falta absoluta de empatía con las decenas de miles de personas asesinadas, por decirlo en términos amables.

A falta de saber si Del Pozo y su equipo ejecutan finalmente 88.000 euros, cero, o los 1,6 millones al completo, del acuerdo de presupuestos emergen dos conclusiones relevantes. La primera: por primera vez, la derecha asume por escrito las exhumaciones y la identificación de víctimas como una política propia y se dispone a aplicarla desde la administración autonómica de mayor tamaño del país. Y la segunda: Del Pozo -y el Gobierno andaluz de Moreno y Marín- quiere caminar, para alegría de muchas personas, tras las discretas huellas de De la Torre.