Amalia Gutiérrez ayudaba a traer criaturas al mundo. Lo hacía en un momento complicado: si los de arriba así lo decidían, los recién nacidos se quedaban sin madre ni padre. Un día, Amalia se quedó sin trabajo, y no precisamente por falta de alumbramientos. Ella se desempeñaba como partera municipal en Sestao, un pueblo que en los años 30 estaba lleno de fábricas y de vida. Hasta que llegó la muerte. Ellos, los verdugos, despidieron a Amalia y a otras 100 personas que trabajaban en el ayuntamiento. Diez fueron fusilados. Nadie, jamás, pidió perdón por estos crímenes. Ni en dictadura ni en democracia. Hasta ahora.

El acto de justicia tendrá lugar este viernes por la mañana en el ayuntamiento de Sestao. Primero en el salón de plenos, donde se colocará una placa con los nombres de aquellas y aquellos trabajadores que fueron “depurados” por los fascistas locales poco después de tomar el control del municipio en el infausto verano de 1937. Luego al aire libre, junto a un mural que recuerda a todas y todos los que pelearon contra el régimen.

En ese contexto, Público ha tenido acceso a la primera Memoria de gestión municipal de la Corporación franquista, un documento elaborado en mayo de 1939 que describe con pelos y señales cómo se desarrolló la instauración del régimen, incluyendo su salvaje política de “depuraciones” contra la plantilla de trabajadores.

“Integrado el Ayuntamiento de Sestao por personas de arraigado españolismo y firmes creencias religiosas, su actuación política al frente del municipio se ha caracterizado por su íntegra e indudable adhesión a los principios que encarna el Glorioso Movimiento Nacional representado en los 26 puntos del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, e inquebrantable y firme adhesión a nuestro único e indiscutible Caudillo Franco, Jefe del Estado Español y Generalísimo del Glorioso Ejército Nacional”, proclamaba en ese informe el secretario municipal, José Vicario y Calvo.

Memoria del Ayuntamiento de Sestao.

Estos papeles hoy amarillentos confirman lo que tantas veces se escuchó por las calles y bares del pueblo: nada más acabar con la resistencia democrática, los golpistas aprovecharon su llegada al ayuntamiento de Sestao para vengarse de la “propaganda marxista” y del “dominio rojo-separatista” en esta localidad vizcaína, donde existía un importante movimiento obrero.

“El Ayuntamiento Nacional y muy especialmente sus alcaldes, a quienes primordialmente compete la gestión política municipal, han acomodado su actuación a la legislación del Nuevo Estado Español cumpliendo leyes, decretos, órdenes y circulares y disposiciones de todas clases dictadas con carácter general, en que han ido cristalizando los principios doctrinales y programáticos en que se inspira la nueva España”, puede leerse en otro tramo de la memoria.

De esta manera, la Corporación franquista puso en marcha una “comisión depuradora” que estuvo presidida por el alcalde, Anastasio Cortadi, así como por otros cinco reconocidos ultraderechistas: Mario Clérigo Santamaría –quien posteriormente sería primer edil-, Nicolás Fernández, Pantaleón Bonilla, Simón Ingunza y Federico Abiega. Fueron ellos los encargados de realizar la “purga” administrativa que dejó en la calle a los “desafectos” e incluso dio paso a una serie de fusilamientos.

“Previamente, por Decreto de la Alcaldía de 8 de julio de 1937 se dejó en suspenso a toda clase de empleados, funcionarios y personas que cobrasen haberes del Municipio o de algún modo dependientes de él, ya lo fueran en situación activa o pasiva”, relata la memoria. “En dicho decreto se concedía un plazo que expiraba el día 14 del propio mes para que todas las personas afectadas por el mismo pudieran solicitar su readmisión –añade-. En su virtud, 174 individuos solicitaron su readmisión”. Para muchos de ellos no serviría de nada: sus condenas ya estaban escritas.

Los temores se confirmaron aproximadamente una semana más tarde, el 20 de julio de 1937. Ese día, la comisión depuradora “destituyó definitivamente, sin haber lugar a la formación de expediente”, a quienes “por su colaboración con los rojo-separatistas, por su actuación e ideología política resultaban ser manifiestamente contrarios a cuanto representaba el Glorioso Movimiento Nacional”.

En ese expediente estaban los miembros de la Guardia Municipal Félix Urgel y Bernardino del Rey, quienes posteriormente serían fusilados. Esa misma suerte corrieron los funcionarios Calixto Saiz y Manuel Herrero, así como el bombero Federico Orubeondo, el celador de arbitrios Sebastián Larrea o el sereno Zoilo Rodríguez Ruano. Además, la dictadura destituyó y asesinó al concejal del PNV Jesús Lopategui Vila y al juez de paz y médico Victoriano Martín Soto. Ninguno de ellos pudo defenderse ante los concejales fascistas que dictaron sus “depuraciones”.

Las trabajadoras expulsadas

Según ha podido comprobar Público, entre las 101 personas de la plantilla municipal que fueron destituidas figuraban 21 mujeres. La partera Amalia Gutiérrez, destituida en una sesión que se celebró el 14 de octubre de 1937, fue una de ellas. También se aplicó esa medida contra la mecanógrafa Nieves Cuesta o las maestras Celia Orbea, Pilar Rico e Inés Basurto. Otra educadora “roja-separatista” que se quedó sin trabajo fue Victoria Rúa, profesora de solfeo.

Precisamente, el Ayuntamiento franquista también sospechaba sobre todos y cada uno de los integrantes de la Banda de Música municipal y del grupo de tamborileros, contra los que dictó su “disolución total”. En aquel Sestao franquista y nacional-católico ya no había tiempo para la alegría ni la música. Empezaba así una larga pesadilla, cargada de sufrimientos nunca contados y siempre silenciados. No en vano, han tenido que pasar ochenta años para que las víctimas de esas “depuraciones” reciban, por primera vez, el reconocimiento de su pueblo.