La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha acatado ante el Tribunal Supremo la Constitución y la aplicación de su artículo 155 al tiempo que ha asegurado que la Declaración Unilateral de Independencia fue "simbólica y declarativa", según aseguran a Público fuentes jurídicas presentes en su declaración.

La presidenta del Parlament y los dos primeros miembros de la Mesa que han declarado se han desmarcado de la estrategia de defensa del Govern seguida hasta ahora, de tal manera que han respondido a las preguntas de la Fiscalía y no sólo del magistrado instructor, Pablo Llarena.

Forcadell, Lluís Corominas y Lluís Guinó, han acatado implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó la disolución del Parlament y han asegurado que las consecuencias jurídicas de la Declaración Unilateral de Independencia fueron de carácter simbólico y declarativo, sostienen las mismas fuentes.

Forcadell ha contestado a todas las partes personadas y ha asegurado que el Constitucional no puede actuar de forma previa, como un filtro de censura, sino que en todo caso su control debe ser a posterior del proceso parlamentario.

Además, ha asegurado que evitar un debate parlamentario como dicha declaración incumpliría la legalidad aplicable a la Mesa, la legalidad internacional y los principios del Estado Democrático, según fuentes de su entorno. Al mismo tiempo, ha defendido la soberanía del Parlament y el derecho fundamental a la libertad de expresión y de iniciativa de los diputados, de tal manera que ella no puede impedir la votación. Forcadell ha proclamado ante el Supremo que la vía pacífica es la única posible para alcanzar sus aspiraciones políticas.

Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlament, ha comparecido ante el juez instructor justo después del receso hecho para comer. Tras 50 minutos le ha seguido Joan josep Juet, en último en declarar. Éste ha pedido ser exculpado porque no votó la DUI.

Estas declaraciones se producen una semana después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara a prisión al vicepresidente cesado del Govern, Oriol Junqueras, y a siete exconsellers mientras que dictaba la detención europea e internacional de Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno que se encuentran en Bélgica.

Pablo Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya las diligencias previas 1/2016 seguidas contra varios miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya por delitos de desobediencia y prevaricación. En una providencia, el instructor de la causa explica que ha accedido así a la petición que incluyó la Fiscalía en su escrito de querella del pasado 30 de octubre, donde solicitaba al Supremo la acumulación a la causa del Supremo de dichas diligencias seguidas hasta ahora ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Catalunya.

José Manuel Maza aseguró esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados dependerían de su declaración y sugirió que si los exconsellers del Govern hubieran acatado la Constitución y el 155 "a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado".

La presidenta del Parlament llegó junto a los miembros de la Mesa poco antes de las 9.30 horas a bordo de una furgoneta Mercedes tintada y escoltados por la Policía. Su llegada fue coreada con el lema de “No estáis solos” que gritaban más de un centenar de personas apostadas a las puertas del alto tribunal, entre las que se encontraban líderes independentistas de PDeCAt, ERC, la CUP y Bildu.

Entre ellos se encontraban Jordi Xuclá, Carles Campuzano, Josep Lluís Cleries, Marta Pascal, Ferran Bel y Lourdes Ciuró (del PdeCat); las diputadas de ERC Teresa Jordá y Esther Capella; Xavier Doménech, portavoz de En Comù Podem y candidato a la presidencia de la Generalitat, y Albano Dante Fachín, ex líder de Podem en Catalunya. También ha acudido en apoyo de los investigados el senador de Bildu Jon Iñarritu y la diputada autonómica de la CUP Mireia Boya.

A escasos metros, ocho ultraderechistas fueron apartados a otra esquina de la calle por la Policía mientras exhibían banderas españolas y gritaban “Visca Catalunya y Visca Espanya” e “Independistas terroristas”. En medio, dos docenas de afectados por el fiasco de Forum-Afinsa, quienes reclamaban a gritos una solución tras once años de pleitos y denunciaban la pasividad de los gobiernos del PP y del PSOE.