Unidos Podemos va a enmendar la reforma de la Ley de Memoria Histórica que se tramita el Congreso para intentar cerrar la puerta a que los restos de Francisco Franco acaben en cualquier espacio público, al igual que los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, que reposan también en el Altar Mayor de la Basílica del Valle de los Caídos y que el grupo confederal solicita que sean asimismo sacados de allí.

Así lo proponen en las más de 60 enmiendas que van a presentar la reforma de la Ley de Memoria en el Congreso y que impulsó el Gobierno el pasado verano cuando aprobó el decreto para dar cobertura jurídica a la exhumación de Franco,una operación para la que todavía no hay fecha y ante la que han surgido dificultades como el empeño de su familia de trasladar sus restos a la cripta que tienen en la capital madrileña en la Catedral de La Almudena.

En total, el grupo parlamentario conformado por Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea van a presentar más de medio centenar de enmiendas parciales a la reforma de la Ley de Memoria Histórica que el gobierno del Pedro Sánchez impulsó con el fin de lograr la exhumación de los restos del dictador del Valle de las Caídos. La gran mayoría de las medidas reclamadas se basan en la proposición de Ley Integral de Memoria Democrática que elaboro y registró Izquierda Unida, en el Congreso, el pasado 29 de junio.

El plazo, que ha sido prorrogado anteriormente, para la presentación de enmiendas finaliza mañana, aunque fuentes parlamentarias no descartan que el PP y Ciudadanos traten de retrasar una semana más la tramitación de esta reforma y pidan de nuevo una prorroga a la Mesa del Congreso.

El PSOE también va a presentar enmiendas para evitar que el dictador acabe enterrado en el centro de Madrid recibiendo homenajes y su objetivo es disuadir a la familia para que sea reinhumado en un cementerio. Sin embargo, Unidos Podemos va más allá y en sus enmiendas plantea que Franco y también Primo de Rivera sean ubicados en un emplazamiento de “carácter privado” que designen sus causahabientes.

En este sentido, quieren que la Ley de Memoria deje claro que los restos de ambos no podrán depositarse “en ningún caso en espacios de uso público o en lugares que por su singular ubicación, construcción o interés turístico puedan convertir el emplazamiento en lugar de conmemoración, homenaje o enaltecimiento de la dictadura, sus dirigentes o el fascismo”.

La exhumación de las víctimas de la cripta

Estos actos quedarán, en todo caso prohibidos en la nueva ubicación y, si los familiares no eligen un lugar conforme a lo marcado por la norma, será el Gobierno el que elija el sitio para la reinhumación. Además, especifican en sus enmiendas que tanto la exhumación como la reinhumación deberán hacerse en la intimidad familiar, sin honores fúnebres militares o celebración de ningún tipo de acto oficial o de carácter político.

Unidos Podemos plantea también que se atiendan todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se encuentran en la cripta de la basílica. Una comisión científico técnica deberá estudiar el estado de los restos que hay y decidir qué forma se le da al futuro emplazamiento de los mismos respetando la aconfesionalidad del Estado y al conjunto de confesiones religiosas sin que ninguna tenga preeminencia sobre otra.

El capítulo de sanciones Unidos Podemos busca evitar que en locales o espacios públicos o privados abiertos al público se den actos tendentes a justificar los crímenes de la dictadura franquista, a sus responsables o que se incite a la violencia y hostilidad contra las víctimas o colectivos vulnerables por cuestión de género, ideología, orientación sexual, origen étnico y nacional. La imposición de estas sanciones, además de multas, pueden acarrear el cierre o clausura de esos locales.

Demoler la cruz del Valle

Para el proceso de resignificación del Valle de los Caídos, Unidos Podemos propone la apertura de un concurso público internacional que cuente con la participación de víctimas y asociaciones. Insiste en que hay que eliminar “toda expresión y connotación franquista”, desmantelar o demoler la gran cruz que lo preside y prohibir los actos de homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el franquismo.

Muchas de las enmiendas recogen las propuestas compiladas por Izquierda Unida en una proposición de ley sobre esta materia registrada en junio y que aún no ha sido debatida en el Pleno del Congreso.

En otra de ellas, el grupo confederal aboga por incluir en la ley una disposición adicional para declarar nula parte de la Ley de Amnistía de 1977, concretamente aquellos apartados que amnistían los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público que investigaron causas políticas en la dictadura y, en general los que cometieron contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Unidos Podemos consideran que esos artículos nunca debieron ser interpretados por los Tribunales como una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos. Dado que según el derecho internacional éstos son inamnistiables e imprescriptibles, apuesta por declarar nulos los citados artículos para que se puedan investigar esos crímenes en tribunales españoles.

Otra de las enmiendas persigue la denuncia y derogación del del Concordato y los Acuerdos con la Santa Sede y su sustitución por un acuerdo bilateral con el Vaticano basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres. “España no puede permitirse por más tiempo tener en vigor un acuerdo cuyo origen está en aquel firmado por una sanguinaria dictadura militar con el Estado del Vaticano”, argumentan, a la vez que denuncian la colaboración del a Iglesia con la sublevación y el régimen, y piden el fin de los “beneficios y privilegios” que tiene gracias a estos acuerdos pese a ser España una Estado oficialmente aconfesional.

La expropiación del Pazo de Meirás

El grupo confederal demanda también una disposición adicional destinada a recuperar el Pazo de Meirás como patrimonio público declarando la ilegitimidad y nulidad de su adquisición por parte de Franco, que lo utilizó como residencia de verano y ahora está en manos de sus herederos. El objetivo es que se recupere y mediante convenio con el Ayuntamiento de Sada se use para asuntos relacionado con la memoria histórica.

También demandan la creación en tres meses de una Fiscalía especial para las desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores, la supresión de las condecoraciones y títulos nobiliarios afines al régimen y la declaración de nulidad y dejación de efecto jurídico alguno de todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936.