Memoria históricaLa impunidad de la Transición: la muerte de un jornalero en Trebujena por un tiro al aire

“Cuando salimos a la plaza del pueblo en Trebujena todo el mundo estaba alrededor del cadáver. Nadie en el pueblo se ha olvidado de aquella triste historia treinta cinco años después”. Rosario era joven en aquel tiempo. Nunca olvidará los detalles de aquel crimen cometido por un guardia civil, conocido como Juan Macías Marente y que efectúo, con total impunidad, tres tiros al aire por una falsa acusación a dos jóvenes jornaleros de Lebrija, el pueblo limítrofe.

“Dice que habían robado una cabra en un cortijo pero, ¿había derecho a eso?”. Una de aquellas balas cayó en la espalda de Ignacio Montoya, con tan solo 18 años, herido de muerte y analfabeto. Su primo Antonio López Alonso fue ingresado de urgencia por un tiro en la columna. Salió con vida. Ambos corrían asustados hacia el pueblo vecino de Lebrija. Habían ido a coger espárragos para llenarse el estómago en una época de sequía y hambre. El caso Trebujena fue uno de aquellos crímenes impunes de la Transición. Uno de tantos olvidados. De una democracia que contaba con tan solo cinco años de vida.

Años 80: Jornaleros en una época de agitación y hambre

Juan Oliveros relata a Público aquel 2 de marzo de 1982, fecha del crimen, justo a las tres del mediodía “Yo era alcalde de Trebujena por el Partido Comunista y aquel día fui a comer a mi casa. Tuve que parar a los vecinos montándome en un pupitre para que no pegaran a los guardias del cuartel ni a Macías que rápido fue custodiado en el interior del cuartel. Montoya estaba en el suelo desangrado en una esquina de la plaza del Ayuntamiento”.

"La gente se tenía que manifestar cada semana para cobrar las 1.500 pesetas del empleo comunitario"

Oliveros describe la precaria y agitada situación de los vecinos al inicio de los años 80. “Era una época muy difícil donde la gente cada semana se tenía que manifestar para cobrar el empleo comunitario”. Los jornaleros de Trebujena y Lebrija, a tan solo diez kilómetros de distancia, se manifestaban cada lunes para pedir la paga en aquellos años que el gobierno de Calvo Sotelo ingresaba para poblaciones agrícolas en épocas de malas cosechas. “Eran 1.500 pesetas a la semana. Unos cien euros de ahora. Cada viernes se tenía que hacer de nuevo la lista de parados y remitirla al gobierno para cobrarla el lunes”, rememora el antiguo alcalde. “Parábamos la carretera que iba a Jerez. Venían las fuerzas de orden público y le dábamos la carta. Así cada semana”.

Aquel dos de marzo era martes. Un día después del cobro del empleo comunitario el joven jornalero Ignacio Montoya es asesinado en la plaza del ayuntamiento por un guardia civil. Antonio Ramos Espejo, periodista e investigador, destaca que tras el asesinato de Ignacio Montoya “se quiere conformar a la opinión pública con una nota oficial del Gobernador Civil de Cádiz lamentando que unos disparos al aire alcancen el cuerpo de un furtivo”. Simplemente, mala suerte.

El primo de Ignacio contaba los hechos a Ramos días más tarde con clara diferencia de la versión oficial. López había estado internado en la residencia sanitaria de Zamacola en Cádiz.

Allí relataría:

─Dimos dos o tres vueltas por Trebujena. Y ya cuando volvimos a pasar por el cuartel para venirnos a Lebrija fue cuando disparó el guardia.

─¿Tú oíste el alto?

─Yo no oí ná, con el ruido de la moto y un camión.

─¿A qué velocidad ibais?

─A menos de treinta por hora.

─¿Y qué pasó?

─Yo de pronto oí pum, pum, pum… Yo notaba que me pasaba algo aquí en la espalda cuando ya vi que mi primo se caía al sueldo (…) Echaba sangre a chorros.

Aquel martes era un día laboral, como muchos otros, y marcó para siempre un hecho sin precedentes en el pueblo. Pepe García Cabrera describe como lugareño los hechos. “El día del funeral la gente de Lebrija y Trebujena quería cerrar los comercios para ir al entierro de Ignacio y el gobernador civil amenazaba con multas”. Sanz Pastor, gobernador civil de Cádiz en la época, recordó a los alcaldes la prohibición de colocar crespones negros en las banderas por la muerte del jornalero analfabeto.

Diez mil personas acudieron al entierro de Ignacio Montoya.

Las fuerzas de orden público tenían aún una fuerte herencia de la dictadura. “Querían hacernos creer que había sido un accidente que Montoya no era un joven asesinado por aquel guardia que nunca fue capaz de volver a nuestro pueblo”. Medio millón de pesetas para el alcalde si decretaba alguna señal de duelo. Un cuarto de millón para los comerciantes que hicieran huelga. Los vecinos hicieron caso omiso a esta desobediencia. 10.000 personas acudieron al entierro de Ignacio Montoya.

La oposición al luto en el pueblo

Oliveros recuerda el multitudinario funeral, acompañado por la guardia civil. “Había gente de todos los pueblos, Los Palacios, El Cuervo, Trebujena y el suyo,Lebrija”. La madre de Ignacio iba delante del cortejo junto a sus siete hermanos. “No paraba de llorar. Era un trago demasiado fuerte”.

Tras el duelo, justo al día siguiente, los alcaldes de Lebrija, Sanlúcar y Trebujena, entre los que estaba Oliveros, lanzaron un comunicado contra el Gobierno Civil para solicitar la baja de Sanz Pastor. Hoy el exalcalde afirma que “no se podía consentir esa falta de expresión de un dolor por un vecino pero poco pudimos hacer. El Gobernador siguió muchos años más en el cargo”.

Hasta enero de 1984 no se celebró el juicio para resolver el asesinato de Ignacio Montoya. Tuvieron que pasar tres años para que el guardia civil fuera juzgado por la Audiencia Provincial de Cádiz. “El juicio fue un robo y condenó a Marante a tres años de prisión menor por cumplir supuestamente con su deber”, aclara Oliveros. La declaración fría del acusado fue tajante. “Fueron tres tiros al aire. Uno solo al cuerpo de Montoya”. Nadie hizo caso a los seis testigos que reiteraron en la sala la aplicación de tres tiros a los jóvenes. La familia de Montoya tuvo que vivir con la pena de una condena “escandalosamente ridícula”, como narró el periodista Antonio Ramos y la vergüenza de saber que aquel guardia civil, de origen vasco, había sido condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia civil 60 días después del asesinato de Ignacio. El 14 de mayo de 1982, Marante ya tenía diligencias judiciales abiertas por la muerte del joven jornalero. Poco importó para el gobierno de Calvo Sotelo y al entonces subsecretario de Interior Juan José Izarra.