Juicio procésMarchena advierte a un testigo del 'procés', cargo de la Generalitat: "El falso testimonio no sólo lo comete quien no dice la verdad"

El testigo Jaume Mestre, responsable de Difusió Institucional de la Generalitat, ha terminado por enervar al fiscal Jaime Moreno en su declaración este miércoles ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar el procés catalán.

El presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha recordado a Mestre que cualquier testigo tiene la obligación de decir verdad, y que "el delito de falso testimonio no sólo lo comete quien no dice la verdad".  Leyéndole el artículo 460 del Código Penal, Marchena ha recordado que en esta categoría entran también las "reticencias o inexactitudes", para concluir que "es evidente" que el testigo ha estado "eludiendo" preguntas.

Tras este aviso, y después de asegurar a Mestre que iba a darle "la oportunidad" de aportar más respuestas -sin terminar la frase-, Moreno ha repetido las preguntas sobre las facturas que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) emitió a nombre de la Consellería de Presidencia por anuncios sobre el referéndum -la campaña Civisme, con las imágenes de unas vías de tren que se bifurcaban-. Mestre incidía en que no había visto las facturas, que sí vio el spot en medios de comunicación, y en que no era capaz de afirmar si, pese a la emisión de estas facturas -no podía concretar más, ni sabía quién le informó sobre estas facturas-, ésta era una campaña de pago:"No lo sé, porque no sé por qué se emitió el spot". "Oí que estaban estas facturas", apuntaba anteriormente.

El fiscal pide investigarlo por falso testimonio y Marchena aclara que todavía no pueden hacerlo: "Eso tiene que tomarse en sentencia y a la vista de documentos y otros testimonios"

El fiscal Moreno tiraba entonces la toalla, y pedía al tribunal que deduciese falso testimonio. Marchena, recordando las inexactitudes del testigo, respondía que no puede darse este escenario en este momento. "Eso tiene que tomarse en sentencia y a la vista de documentos y otros testimonios". "Ahora no podemos saber si ha dicho o no la verdad", zanjaba.

En esta 16 jornada del juicio, y durante las sesiones de lunes y martes, la Fiscalía intenta acreditar mediante los testimonios de testigos, entre ellos jefes de empresas que aceptaron producir o difundir material para el referéndum del 1 de octubre de 2017, que los acusados con responsabilidad en el Govern cometieron un supuesto delito de malversación, al emplear fondos públicos para pagar estos trabajos. Hasta la fecha, todos los testigos han asegurado que la Generalitat nunca pagó por carteles, sobres con notificaciones y otros materiales.

Hasta la fecha, todos los testigos han asegurado que la Generalitat nunca pagó por carteles, sobres con notificaciones y otros materiales.

En este caso en concreto, la CCMA emitió dos facturas de 93.000 y 180.000 euros a la Consellería de Presidencia por el Spot. 

Mestre, que en ocasiones se ha mostrado nervioso o ha respondido con evasivas, aseguraba no saber qué representante de la Consellería pidió a la CCMA que emitiera estos anuncios. También ha negado haber contactado personalmente con su presidenta, Nuria Llorach, como ella declaró en la fase de instrucción ante el juez Pablo Llarena. 

Además, el responsable de Difusió Institucional de la Generalitat ha rechazado estar al tanto de la campaña de carteles encargada a tres imprentas -la campaña de la que "un tal Toni" tendría todos los detalles, según dos testigos-.

Sobre otras campañas, reconocía que una de ellas, adjudicada a la empresa Estudi Dada, por valor de 10.800 euros, fue realizada, pero él mismo trasladó a la empresa que, por orden del director general, Ignasi Genovès, no podían pagar esta factura. "Le tuve que decir: esta factura por ahora no se puede pagar". "¿La han perdonado?", cuestionaba el fiscal. "No la han reclamado", respondía Mestre.

También ha reconocido que no es "habitual" que las empresas perdonen deudas de este calibre. Sin ir más lejos, la empresa Focus Media sí reclama 130.000 euros a la Generalitat por la inserción de anuncios en medios de comunicación para publicitar el referéndum.