Vuelta al coleMadrid y País Vasco rechazan el acuerdo de Educación y las comunidades para el próximo curso escolar

La Comunidad de Madrid y País Vasco han rechazado el acuerdo de Educación y el resto de comunidades autónomas para el próximo curso escolar. La ministra de Educación y formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado este jueves que todas las comunidades, excepto Madrid y el País Vasco, "por razones distintas", han apoyado el documento con las instrucciones para la vuelta a clase el próximo curso, al que los gobiernos autonómicos han añadido algunas enmiendas.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado que "la cifra de un máximo de 20 alumnos por aula es letal para una vuelta normal" a las aulas el curso 2020-2021, y que es "más perjudicial" que el Real Decreto-ley 21/2020, que impone una distancia interpersonal de 1,5 metros. Sin embargo, el pasado mes de mayo, la Consejería de Educación de esta comunidad suprimió grupos de Educación Infantil para elevar las ratios al máximo de las clases restantes el próximo curso, de manera que de haber entre 16 y 20 alumnos por aula pasará a haber 25 alumnos.

Madrid ha votado en contra del acuerdo de la Conferencia de Educación porque no resuelve "los gravísimos problemas que plantea el Real Decreto-ley 21/2020 y el documento de medidas sanitarias", ha argumentado Ossorio quien ha recordado algunos de esos problemas, "como los espacios, el personal docente y el personal de administración y servicios necesario para poner en marcha la reforma radical de nuestro sistema educativo que se nos plantea para el próximo mes de septiembre". Pero el 1 de junio, CCOO denunció que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suprime 14.121 plazas públicas el próximo curso en distintas etapas educativas. 

Con este acuerdo, las comunidades asumen la elaboración de protocolos de actuación para garantizar la higiene, limpieza y el control sanitario en los centros. Un trabajo que realizarán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirá medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.

También se encargarán de preparar los planes de contingencia ante las "eventualidades" que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar "las medidas necesarias" para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar "en condiciones de seguridad". Recae en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, reducir la brecha digital y "limitar" sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la "oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital" de profesores, familias y alumnos y pondrá en marcha, junto a las consejerías regionales, programas de cooperación territorial para "dar respuesta a la nueva situación".

Sin embargo, la conselleria de Educación de Catalunya insiste en que la competencia en materia educativa es de la Generalitat, aunque mantiene el compromiso de priorizar la presencialidad de los alumnos en los espacios educativos para la actividad lectiva del curso 2020-21.

La conselleria ha insistido en que, una vez superado el estado de alarma, como ya será en el inicio del curso 2020-2021, "las competencias para dictar medidas sanitarias recaen en las autoridades de salud pública propias y en los organismos de que la Generalitat se ha dotado".