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Víctimas del franquismoLuz verde a la ley de Memoria Democrática: prohibirá las fundaciones franquistas y resignificará el Valle de los Caídos
"Es la primera ley en la que se condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea", ha celebrado Félix Bolaños tras la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros.
Pilar Araque Conde
Madrid-Actualizado a
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva ley de Memoria. El proyecto de ley aprobado en segunda vuelta, que busca "actualizar" la ley de Memoria Histórica de 2007 y adaptarla a las sugerencias de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, será remitido al Congreso de los Diputados, donde la mayoría de los grupos, especialmente los socios del Ejecutivo, presentarán previsiblemente decenas de enmiendas al entender que "se queda corta", en la línea de lo sostenido por las entidades memorialistas.
"Es la primera ley en la que se condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea", ha celebrado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Bolaños, que tomó posesión del cargo el lunes pasado, ha sido el encargado de presentar la medida estrella del departamento, un proyecto de ley que pilotaron la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. En este sentido, el nuevo titular ha explicado los detalles de una norma aprobada una semana después de lo previsto, ya que decidió posponerla para revisarla antes de llevarla al Consejo de Ministros.
La ley fija dos objetivos fundamentales: "La recuperación, salvaguarda y difusión de los derechos democráticos y fundamentales", así como el "reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado y de la posterior dictadura". Por ello, se consideran "ilegítimos" aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias durante la Guerra Civil, declarándose nulas. Establece dos fechas anuales para homenajear a las víctimas: "El 31 de octubre será el día de todas las víctimas de la Guerra Civil, del golpe de Estado y de la dictadura. Y el 8 de mayo será el día de los exiliados", ha expuesto Bolaños.
También, pone en valor el papel de las mujeres que "sufrieron la misma represión, pero agravada por su condición de mujeres", y da "más importancia al movimiento memorialista", un colectivo que lleva décadas luchando por la verdad, justicia y reparación, y sin el cual no hubiera sido posible esta ley. Precisamente, tal como ha querido subrayar el ministro de Memoria Democrática, estos principios se articulan a través del texto legal.
Por eso, el Estado tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y "se hará una planificación cuatrienal" para avanzar en la recuperación de restos de las personas que fueron represaliadas en su momento; se crea un Banco Nacional de ADN para facilitar esa búsqueda; y "se facilitará el derecho de acceso de los archivos y fondos de consulta para conocer la verdad de lo que ocurrió en los años más tristes para nuestro país", ha ahondado.
Cabe destacar que la reparación a las víctimas es "moral", por lo que no habrá compensaciones económicas, como reclaman las organizaciones de Memoria. "Se hará un inventario de la incautación de los bienes expropiados por el franquismo", ha añadido Bolaños.
Asimismo, para consagrar el "deber de la Memoria" con el objetivo de que la Historia no vuelva a repetirse, "la Memoria será un contenido curricular en la educación", una asignatura que se impartirá en Bachillerato, en la ESO y en la Formación Profesional. También, se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios concedidos a aquellas personas por ser protagonistas de la Guerra Civil y la dictadura.
En cuanto a uno de los puntos más criticados por el Consejo General del Poder Judicial en su informe consultivo, el Gobierno optará por otra vía para acometer esas recomendaciones y asegurar la mayor garantía jurídica posible ante el eventual recurso de inconstitucionalidad anunciado por Vox: "Se modificará la ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio de las víctimas o incitando al odio", como la Fundación Francisco Franco.
El ministro también ha citado otras medidas incluidas en la nueva ley de Memoria, como la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.
En el marco de esta resignificación, el ministro ha recordado que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos, por lo que afecta a los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. En este caso, al morir durante la Guerra Civil, sus restos podrán ser trasladados a las criptas del enclave o al lugar que desee la familia, una decisión que será "pactada" con el Gobierno.
Sobre la tramitación parlamentaria de la ley en la Cámara Baja y ante las críticas de los socios del Gobierno, además de las amenazas del PP de sustituir la norma en caso de llegar a la Moncloa, Bolaños ha asegurado que el Ejecutivo buscará la "unanimidad" porque entiende que "nadie" puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
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