Son 48 páginas. El título es España Avanza. Más de 230 medidas clasificadas en 11 capítulos temáticos que su vez se subdividen en varios epígrafes más. PSOE y Sumar cerraron en la noche del lunes su acuerdo para "una nueva coalición de Gobierno progresista", según señala el propio documento.

Una alianza, la de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que pretende ser duradera. "Gobernar cuatro años más", como el propio presidente del Gobierno en funciones proclamó en el Museo Reina Sofía. Una de las medidas más llamativas tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que al mismo tiempo supuso uno de los grandes escollos en las negociaciones. De hecho, en el acuerdo tienen un gran protagonismo las cuestiones de empleo o de fiscalidad.

El acuerdo incluye algunos avances concretos, especialmente por las exigencias previas que tenía Sumar. También algunas sombras por su inconcreción en determinadas propuestas como la de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y una parte de "letra pequeña" que puede condicionar el impulso de algunas medidas. 

En todo caso, desde Sumar son conscientes de que un pacto de Gobierno es "un punto de partida", el terreno de juego de una serie de batallas posteriores, medida a medida, que Díaz y Sánchez librarán durante la legislatura. Los cuatro años de coalición de PSOE y Unidas Podemos se desarrollaron bajo esta fórmula y su legislatura ha sido una de las más productivas a nivel legislativo de los últimos años.

Reducción de jornada laboral progresiva

"Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales". Es una de las grandes apuestas del acuerdo. El pacto establece que su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025.

¿Y luego? El objetivo final de Sumar es reducirla progresivamente hasta consolidar las 35 horas semanales. Es decir, el objetivo final es que en España se alcance, a grandes rasgos la semana laboral de cuatro días.

El acuerdo firmado no llega a tanto ya que establece que a partir de 2024 "se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". Es decir, se tendrá que pactar con los sindicatos y la patronal, que ya ha criticado la primera reducción. 

Pacto de rentas, SMI, Estatuto del becario y Ley de Usos del Tiempo

El acuerdo recupera varios asuntos que se han quedado pendientes de rematar esta legislatura. Uno de ellos es el Pacto de rentas, que no pudo rubricarse por falta de acuerdo entre los agentes sociales. El documento señala lo siguiente: "impulsaremos la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno". 

Otro asunto que Díaz quería aprobar la pasada legislatura era la Ley de Usos del Tiempo. El acuerdo insiste en ese proyecto con el objetivo de "avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo". 

El Gobierno de coalición ha hecho bandera de la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La intención ahora era doble: por un lado, blindar y automatizar su subida de acuerdo al salario medio (situándose en el 60% de esta referencia), y por otro, tratar de evitar que pierda poder adquisitivo sorteando el desfase temporal que existe entre el  cálculo del salario medio (cuya cifra se conoce a año vencido) y los precios 

Se especifica que el SMI seguirá "creciendo durante la legislatura para garantizar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio", pero el acuerdo no establece ninguna fórmula concreta para evitar ese desfase que provocaría que estuviera desacompasado respecto a los precios del momento (y por lo tanto que pudiera perder poder adquisitivo real). En todo caso, esta formulación tendrá que establecerse de manera concreta cuando se conforme un Gobierno, y el Ministerio de Trabajo tendrá mucho que decir. 

El Estatuto del Becario también quedó en el limbo con el adelanto electoral. El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar no lo deja de lado. "Aprobaremos el Estatuto del Becario", señalan de forma directa. 

CGPJ y 'ley mordaza' 

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el bloqueo eterno del PP ha sido uno de los caballos de batalla de PSOE y Unidas Podemos esta legislatura. Se llegaron a impulsar algunas iniciativas para rebajar las mayorías necesarias y no tener que contar con la derecha, pero se retiraron, sobre todo porque estaban lanzadas más como un órdago al PP por parte del PSOE, para que acabase con su bloqueo, que como una acción legislativa real. El acuerdo se muestra ambiguo en cómo abordar este asunto.

"Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas", señala el texto. No se profundiza en la manera de hacerlo, ya que Sumar y el PSOE no han conseguido ponerse de acuerdo para incluir este asunto en el programa de Gobierno.

Por otra parte, la derogación o reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza'), ha sido uno de los asuntos que no pudo sacar adelante la coalición por falta de acuerdo con ERC y EH Bildu. El documento reitera un compromiso para reformar y derogar aquellos aspectos de la normativa vigente "que limita los derechos de reunión y libertad de expresión". El reto, porque hubo acuerdo entre PSOE y UP, es convencer a los aliados parlamentarios. 

Impuestos y financiación autonómica

Hay un especial protagonismo de la cuestión fiscal en el documento. Es una batalla ideológica que la coalición progresista quiere dar frente a la ofensiva de la derecha. En el documento se contemplan algunas medidas al respecto dentro del objetivo global de impulsar "una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea". 

Para Sumar, en líneas generales es muy importante que el acuerdo se comprometa con la reforma fiscal porque, a juicio de los de Díaz, esto abre la puerta a una verdadera modificación del sistema para avanzar en justicia tributaria.

En lo concreto, la medida que más destaca es el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE. Esta medida supone un cambio muy importante, ya que deja de gravar a las grandes empresas en base a su base imponible y lo hace directamente sobre el resultado contable, sus beneficios reales, por lo que cierra una brecha recaudatoria notable. Fuentes de la negociación apuntan a que, una vez se despliegue en su plenitud este tipo mínimo, se podrían recaudar 10.000 millones anuales.

También se recoge una mejora de la progresividad en el IRPF. Sobre los impuestos temporales actuales a la banca y las energéticas, que desde Sumar querían hacer permanentes, el acuerdo es "revisar y readaptar" los tributos cuando expiren "para que sigan contribuyendo a la justicia fiscal", por lo que en principio sí que continuarán cuando termine su periodo de aplicación; ahora al eventual Gobierno de coalición le tocará definir cómo y en qué términos prosiguen, pero en Sumar se muestran satisfechos por haber logrado su permanencia.

Respecto al impuesto para las grandes fortunas, también actualmente temporal, la referencia en el pacto es hacer una "evaluación con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

Esta medida se desplegó por la bonificación por parte de la Comunidad de Madrid del Impuesto sobre el Patrimonio (lo que de facto le permite sortearlo), y la idea respecto a la continuidad del impuesto a las grandes fortunas sigue siendo que esta región no escape al reparto del patrimonio, por lo que es posible que continúe si el modelo global de financiación autonómica no cambia en este sentido.

El asunto de la financiación autonómica, una de las grandes reformas pendientes, aparece también en otro punto del acuerdo. El poder territorial del PP es clave en estos momentos. No se concreta más allá de los objetivos de impulsar un nuevo modelo que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. El documento especifica que mientras esa reforma no llegue, en los PGE se garantizará "a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". 

"Beneficios caídos del cielo" de las empresas eléctricas

Otra de las banderas de Unidas Podemos durante esta legislatura ha sido acabar con los llamados "beneficios caídos del cielo" de las empresas eléctricas. El objetivo se incluye en el acuerdo pero se añade una mención a la atracción de inversiones. "Trasladaremos el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones", señala el texto. 

Permisos laborales y ley de familias

El documento incluye novedades respecto a los permisos laborales que ya se establecieron poco antes de convocarse las elecciones generales. En concreto se pretende remunerar cuatro semanas del permiso de cuidados actuales, que son ocho semanas sin remunerar. Se haría efectivo a partir de agosto de 2024. También se extenderá el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16. 

Por lo tanto, en total se introducen ocho nuevas semanas remuneradas (cuatro de paternidad y cuatro de cuidados de familiares) y se permite a los trabajadores disfrutar parte de su permiso parental (el de las 20 semanas) con fórmulas de flexibilidad en sus empleos a través del trabajo a tiempo parcial (lo que, de facto, podría alargar en el tiempo los permisos para continuar con la crianza, al no 'gastar' la totalidad del mismo si se opta por trabajar a tiempo parcial u otro tipo de fórmula pactada con la empresa).

El acuerdo retoma la aprobación de una Ley de Familias que reconozca y proteja a las diferentes modalidades de familias. Se quedó en el tintero la legislatura pasada. Una situación similar a la Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, que también incluye el acuerdo. 

Sanidad y educación

Respecto a la sanidad pública, el pacto incluye el compromiso de reducción de las listas de espera. Los tiempos máximos de espera serán 120 días para para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.

Otro compromiso que adquieren PSOE y Sumar son el derecho a salud bucodental, óptica, mental y audífonos para niños y adolescentes. Llamativo es el programa para la compra de gafas y lentillas para menores de 18 de familias con menos recursos. También se establece el objetivo de aumentar las plazas de sanitarios y de formación sanitaria, aunque no se fijan cifras concretas. 

Respecto a educación, el objetivo de Sumar y PSOE es ambicioso. "Universalizaremos la educación de 0 a 3 años promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas. Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal", destacan. 

Vivienda

Respecto a vivienda, el objetivo, ya avanzado la pasada primavera, es conseguir que el parque público de vivienda alcance el 20% del total. PSOE y Sumar quieren desarrollar algunas medidas incluidas en la Ley de Vivienda, aprobada hace unos meses. En concreto, definir "con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los
precios de los alquileres". 

Sobre las hipotecas, el documento elimina los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades financieras. También se aumenta el umbral, hasta los 37.800 euros de renta media, para las ayudas a las hipotecas variables afectadas por la subida de tipos de interés. Por otra parte, el acuerdo indica la creación de un registro de viviendas vacías. 

Transportes y vuelos

Una de las medidas más beneficiosas de forma directa a la ciudadanía que aprobó el Gobierno de coalición fue la bonificación al transporte público. El acuerdo fija que se mantendrá durante todo el año 2024. Posteriormente quiere convertirse en permanente "para determinados colectivos" con la cofinanciación de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. 

En materia de transporte, y relacionado con la transición ecológica y el cambio climático, PSOE y Sumar pretenden impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media. La excepción son los  casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales. Para Sumar, el denominado puente aéreo entre Madrid y Barcelona entraría en estos vuelos domésticos con alternativa ferroviaria, pero en este punto existe una diferencia con el PSOE que deberán resolver a posteriori.

La Ley de Cambio Climático fue la primera que aprobó el Gobierno de coalición. El documento establece que se revisarán los compromisos "para aumentar su ambición". La meta es que España cumpla con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y trabajar para alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050.