Luces, cámara... ¡Feijóo! (y 8): 45 millones para untar a los medios privados y una tele pública al servicio del PP

El pasado 26 de junio, casi un mes después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales y en plena precampaña, la dirección de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) decidió reducir el número de debates de la Radio Galega y también el de periodistas y analistas que habitualmente comentan en ellos la actualidad política.

Lo recoge este mismo jueves el diario Nós Galicia, que explica que pese a que suele ser habitual que la RG elimine debates de su programación en la temporada estival, los tertulianos con los que la dirección ha decidido no contar durante la campaña electoral son precisamente los que suelen a ser más críticos con la gestión del PP en Galicia.

Los exdiputados del BNG y profesores de las universidade de A Coruña y Santiago Carlos Aymerich y Xesús Veiga; la también exdiputada del BNG y administradora de la empresa editora de la revista Luzes Ana Luísa Bouzas; el escritor Francisco Castro; el activista social y miembro de Anova Pepe Arias... Todos mostraron a la CRTVG su disponibilidad a seguir participando en las tertulias durante el período electoral, pero la dirección decidió prescindir de ellos.

Sin embargo, a quien sí ha mantenido tanto en las tertulias de la televisión como en las de la radio es a una docena de analistas y periodistas que suelen ser más bien críticos con la oposición. Trabajan o colaboran en muchos casos en medios conservadores con líneas editoriales que apoyan a Feijóo, como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, El Correo Gallego, El Progreso de Lugo, El Mundo o El Debate Español, e incluso en otros próximos a la ultraderecha como Libertad Digital, El Toro TV, Intereconomía y Estado de Alarma.

Sin tertulianos próximos a la izquierda o al nacionalismo

Que una cadena pública autonómica prescinda en plena campaña de los tertulianos que defienden posiciones próximas a la izquierda o al nacionalismo resultaría llamativo y noticiable en otras comunidades, pero en Galicia, salvo por la información de Nós Diario, el asunto ha pasado completamente desapercibido. De hecho, a quienes se han enterado ni siquiera les ha parecido extraño.

"Tiene su explicación: la manipulación y el sesgo informativo a favor del PP es una práctica habitual en la CRTVG desde que Feijóo ganó su primera mayoría absoluta en 2009", explica María Obelleiro, directora de Nós y tertuliana de la RG, y de quien la dirección de la compañía también ha decidido prescindir en el debate del programa A Crónica.

Al frente de la radio y la televisión públicas está Alfonso Sánchez Izquierdo, ex director de La Región, otro de los medios conservadores del país. Alberto Núñez Feijóo lo nombró director general hace 14 años, de los que lleva 12 en situación ilegal. Desde 2011, la Lei do Audiovisual Galego, impulsada por PP, establece que su cargo debe ser cubierto por mayoría de dos tercios del Parlamento de Galicia. Pero el PP nunca la ha tenido, así que ni Feijóo ni su sucesor, Alfonso Rueda, se han preocupado nunca de hacer cumplir esa norma. De esa forma Sánchez Izquierdo sigue en su puesto cobrando una nómina de 92.000 euros anuales.

Los trabajadores de la CRTVG llevan años denunciando manipulación informativa y persecución política 

Los trabajadores de la CRTVG, agrupados en torno a la plataforma Defende a Galega, llevan años denunciándolo. Este viernes se cumplen 270 semanas desde que iniciaron la campaña de los venres negros, por la que desde hace más de cinco años acuden a trabajar vestidos de de ese color y cuelgan en las redes sociales sus fotos, dando la cara, con mensajes de protesta por el uso partidista al que están sometidos los medios públicos. No denuncian sólo la manipulación, también la persecución profesional y moral que padecen quienes se oponen a ella e intentan, sencillamente, ejercer su profesión e informar con imparcialidad.

Centenares de sentencias contra la CRTVG

Durante los 14 años de mandato de Sánchez Izquierdo, los tribunales de justicia han condenado a la CRTVG en centenares de ocasiones por vulnerar los derechos civiles y laborales de sus trabajadores. No es una exageración: hay centenares de sentencias por despidos, cambios de condiciones salariales y de funciones, traslados forzosos, acoso laboral y degradación profesional, sanciones y multas ilegales, servicios mínimos abusivos que impiden a las mujeres participar en las huelgas feministas y hasta obstáculos para que puedan ejercer su derecho legal a conciliación su horario de trabajo con el cuidado de sus hijos.

En muchos casos, los tribunales han advertido que la única razón que tenía la empresa para imponerles semejantes castigos, de manera velada o explícita, era su participación en Defende a Galega o su significación en las protestas contra la manipulación informativa y el incumplimiento de la ley del audiovisual. Ésta también contempla la creación de un consejo de informativos que debía velar por la neutralidad de la línea editorial de la casa.

"La situación es demencial. Nunca ha habido tantos compañeros y compañeras de baja por estrés y depresión, incluso con problemas familiares graves a causa del acoso que sufren y del ambiente irrespirable en los centros de trabajo. Pero a la dirección le importa un bledo la salud psicosocial de la plantilla", explica el periodista Carlos Jiménez.

El año pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó a la CRTVG por expedientar a Jiménez y sancionarle con suspensión de empleo y sueldo después de haber mandado un tuit en apoyo de una compañera que también había sido expedientada por criticar la manipulación en favor de Feijóo.

Sin disculpas ni medidas contra los responsables

Pese a que la sentencia de Jiménez es firme desde hace más de un año, ni Sánchez Izquierdo ni nadie de su equipo directivo se ha disculpado con él. Ni mucho menos se han tomado medidas contra los responsables de violar sus derechos fundamentales por una motivación política. Es más, el director general intentó defenderse en el Parlamento de Galicia faltando a la verdad y asegurando que las sentencias condenatorias representan un mínimo porcentaje, cuando la realidad es que son una abrumadora mayoría.

"La manipulación la censura y ek acoso al personal en la CRTVG probablemente solo tenga parangón en Corea del Norte"

Para la oposición, la proliferación de fallos en los que los jueces han considerado probada la existencia de motivaciones políticas detrás de las represalias demuestran que no se trata de casos aislados, sino de una estrategia destinada a impedir cualquier fisura en la armazón de  desinformación de los medios públicos.  "El nivel de manipulación informativa, censura y acoso al personal en la CRTVG probablemente solo tenga parangón en Corea del Norte", afirma el diputado socialista Pablo Arangüena.

Pese a las sentencias en contra, la dirección sigue actuando de igual modo, y los periodistas siguen acudiendo a los tribunales porque consideran violentados sus derechos fundamentales. El pasado martes, el juzgado de los Social número 1 de Santiago celebró la vista contra la CRTVG por la denuncia de Alberto Ordóñez, locutor de radio trasladado forzosamente a la televisión el día después de haberse negado a modificar una información sobre el IPC que sus superiores consideraban perjudicaba a los intereses del Gobierno de Rueda, sucesor de Feijóo.

Dos semanas antes se había celebrado otro por la denuncia de Mónica Rosas, otra periodista de la televisión condenada al ostracismo por su significación en las protestas de Defende a Galega y que fue destinada contra su voluntad a un puesto en la radio de un día para otro, sin previo aviso y sin que la empresa la capacitara ni le ofreciera la formación en las nuevas herramientas que debe emplear, y que sus compañeros de redacción si recibieron.

Trasladada el día después de criticar a Feijóo en Facebook

"Además de acabar con tu salud mental también lo hacen con tu carrera profesional. Hacen falta años de trabajo para consolidarte en un medio, y con esos traslados la borran de un plumazo", explica Mayte Cabezas. Llevaba más de treinta años trabajando en la televisión, donde era una de las caras más reconocibles por la audiencia de varios programas informativos, hasta que el pasado 11 de marzo le comunicaron que la cambiaban a la radio el día después de publicar en su cuenta privada de Facebook un post en el que criticaba a Feijóo. Su juicio está previsto para dentro de una semana.

Los trabajadores no sólo sufren acoso sino el descrédito de sus superiores mediante falsedades sobre su adscripción política

Los trabajadores de la CRTVG no sólo sufren acoso directo, sino, en ocasiones, el descrédito de sus superiores mediante falsedades sobre su vida o su adscripción política, en lo que algunos periodistas consideran una campaña contra quienes osan cuestionar los métodos de Sánchez Izquierdo. Éste ha llegado a decir en el Parlamento gallego que quienes protestan contra su gestión no lo hacen por defender sus derechos laborales y la neutralidad informativa, sino por motivos partidistas y para perjudicar al PP. Incluso acusándoles de ir e las lisas electorales de formaciones rivales, cuando, al margen de su derecho a hacerlo, eso no es cierto.

Esa presión no se queda en San Marcos, la sede de la corporación, sino que la traspasa y llega a otros periodistas de medios privados independientes. Es frecuente que los pocos medios que amparan las protestas de Defende a Galega en sus páginas o webs reciban burofaxes de la casa, a veces sin membrete, exigiendo rectificaciones con amenazas de acciones penales, por publicar informaciones veraces, contrastadas y de contenido noticioso. En ocasiones, están enviadas desde despachos de abogados privados, pese a que la CRTVG cuentan con una asesoría jurídica propia.

Ocho directivos imputados por acosar a una trabajadora

La semana pasada, la revista Luzes, Nós Diario, eldiario.es , El Salto y Praza Pública recibieron cada uno uno de esos burofaxes exigiendo que desindexaran, es decir que borraran e hicieran desaparecer de los buscadores de Internet, las noticias sobre la investigación abierta por un juzgado de lo Penal de Santiago contra ocho directivos, entre ellos Sánchez Izquierdo. La jueza los ha imputado un delito de acoso moral y contra los derechos laborales de una trabajadora.

Los  imputados son Xosé Pereira Fariña, director de negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal.

Una trabajadora ha denunciado graves daños morales y psicológicos por el acoso de sus superiores

Todos deberán acudir el próximo otoño a declarar ante la jueza acompañados de sus respectivos abogados, un trámite habitual en los procedimientos penales cuando se acude a declarar como imputado. Los medios, si consideran que se trata de hechos noticiables, acostumbran a recoger esos hechos citando el nombre de los imputados.

En este caso, los diarios citados así lo entendieron. La trabajadora había denunciado que las represalias, las humillaciones y la degradación profesional a que ha sido sometida le han provocado una grave alteración psíquica y de su estabilidad emocional, que tres especialistas médicos -uno privado, otro público y otro contratado por la CRTVG- han considerado compatibles con la situación de acoso de denuncia.

Daño psíquico

La jueza del caso también lo ha entendido así, ya que, para evitar su "victimización secundaria", tal y como explica en el auto, ha ordenado que lo haga por videoconferencia el próximo 28 de septiembre acompañada por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima. También ha instado al Instituto de Medicina Legal de Galicia a que ponga a disposición del juzgado un equipo psicosocial que evalúe "si la querellante presenta daño psíquico compatible con los hechos denunciados".

La TVG es el gran medio de comunicación de Galicia, con audiencias que superan con creces a sus competidores, con capacidad para abrir y conducir debates públicos, y, también, para censurarlos o minimizarlos. Eso es lo que, según los profesionales más veteranos de la casa, ha permitido hacer crecer la imagen de Feijóo como buen gestor moderado y fiable, que se extendió a los medios estatales y que muchos periodistas sólo ahora empiezan a advertir que se trata de un constructo fallido.

Público se ha dirigido a la dirección de la CRTVG para obtener de algún portavoz una valoración de la situación que denuncian los trabajadores, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta. En las últimas ocasiones en las que este diario se ha dirigido a sus reponsables para ofrecerles la posibilidad de que dieran su versión de los hechos en otras informaciones relacionadas con la compañía, tampoco han contestado.

"Nunca hemos estado tan mal, tan manipulados y desmotivados", advierte Xosé Antón García Ferreiro, redactator de informativos y el último trabajador que queda de la plantilla inicial de la TVG. Fue presidente del comité de empresa y vocal del consejo de administración de la compañía entre 2015 y 2020 a propuesta del PSOE.

"Nunca hemos estado tan mal, tan manipulados y desmotivados"

"A Feijóo todo esto le ha servido mucho, claro que le ha valido. Sólo el telexornal [el telediario] del mediodía tiene más audiencia que los lectores de toda la prensa gallega en papel, y cuando durante trece años maximizas su gestión, impides cualquier crítica y minimizas a la oposición, eso da resultado", añade. También recuerda que las indemnizaciones y los gastos procesales a los que ha tenido que hacer frente la CRTVG por demandas judiciales de sus trabajadoras y trabajadores asciende a más de 60 millones de euros.

Si los medios públicos son uno de los apoyos en la construcción de la figura política de Feijóo, su gestión también se ha caracterizado por atraerse las líneas editoriales de la prensa privada mediante millonarias inversiones de dinero público. 

44,7 millones para once medios 

Durante sus trece años de mandato esos medios recibieron 44,7 millones de euros en subvenciones directas y convenios a dedo no sometidos a los procedimientos y controles que establece la legislación en materia de contratación. En muchas ocasiones, incluyen -en presente, porque la Xunta de Alfonso Rueda sigue empleando el mismo sistema- el compromiso de los medios de glosar en positivo la acción política de los gobiernos del PP en la Xunta. Esa cantidad no tiene en cuenta la publicidad institucional, ni las ayudas y ventajas fiscales a las que las empresas periodísticas tienen acceso como cualquier otra sociedad mercantil.

El mayor perceptor es La Voz de Galicia, propiedad del editor coruñés Santiago Rey, y sus empresas satélites, con más de 15,8 millones de euros. Le sigue Prensa Ibérica, que preside Javier Moll y que edita Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña, con 7,1 millones. El Correo Gallego, que acaba de ser adquirido por el grupo de Moll, obtuvo 3,04 millones. El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, propiedad de la empresaria lucense Blanca García Montenegro, recibió 5,24 millones euros, mientras que La Región de Ourense y Atlántico Diario, de Vigo, en manos de la familia Outeiriño, se hicieron con 3,37 millones durante los mandatos de Feijóo.

La Cadena Ser y sus emisoras asociadas recibieron 1,56 millones, y la Editorial La Capital, propiedad del empresario del juego José Collazo y que edita El Ideal Gallego, Diario de Arousa y Diario de Ferrol, 1,52 millones.

"Sin todas esas ayudas, la construcción mediática de la imagen de buen gestor con la que Feijóo se fue a Madrid sería bien distinta", afirma María Obelleiro. El periódico que dirige, Nós Diario, es uno de los que la Xunta excluye no ya de los convenios a dedo y las subvenciones directas, sino de las adjudicaciones de fondos públicos a la prensa de papel destinadas a promocionar el gallego. Curiosamente, durante la etapa de Feijóo los medios publicados en castellano recibieron mucho más dinero de esas partidas que los que se editan en la lengua oficial de la comunidad.

3 millones en ayudas al gallego a medios en español

Desde el año 2010, la Administración gallega ha pagado más de tres millones de euros a los editores de los once periódicos anteriormente citados con la intención de lograr que fueran empleando el gallego "de un modo habitual y progresivo", según las  convocatorias que publica el Diario Oficial de Galicia. Después de doce años, ese idioma apenas tiene en ellos nada más que un reflejo testimonial.

Cuando Feijóo decidió irse a Madrid, siguió aprovechando el dinero público para allanar su aterrizaje en el liderazgo del PP entregando subvenciones millonarias a medios estatales con sede en la capital de Estado cuando estaba en funciones. La mayoría son de línea conservadora y todos, claro, están editados en español, pero su secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra,  siguió firmando ayudas. Hoy es su mano derecha en Génova y aspira a un escaño en el Congreso en el número 11 de la lista por Madrid.

"Hay una inclinación evidente hacia los grandes medios en castellano con líneas editoriales próximas a la derecha"

"Hay una inclinación evidente hacia los grandes medios en castellano con líneas editoriales próximas a la derecha en detrimento de los medios en gallego y de los digitales más pequeños", opina Francisco González Sarria, decano del Colexio de Xornalistas de Galicia. Asegura que esa institución lleva años trasladando a las administraciones de Feijóo, primero, y de Rueda, después, la necesidad de establecer criterios transparentes y objetivos en el reparto de las ayudas, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta satisfactoria.

En numerosas ocasiones, el Colexio de Xornalistas se ha pronunciado en apoyo de los trabajadores de la CRTVG -en 2019 otorgó a Defende a Galega el premio José Couso de Libertad de Prensa, sin que la TVG hiciera mención alguna en sus informativos-. Y Sarria ofrece esta respuesta cuando se le pregunta por esa combinación entre manipulación en los medios públicos, persecución de los profesionales que resultan molestos para los intereses de Feijóo y el PP,  y el allanamiento de los medios privados con subvenciones millonarias del presupuesto público: "¿Que si se trata de una estrategia? Tal vez. Lo que sí es es una línea editorial política evidente".