Luces, cámara... ¡Feijóo! (6): 37 millones para la empresa que dirige su hermana y ese narcotraficante del que usted me habla

Si se teclea en Google "Marcial Dorado" aparecen al instante 347.000 resultados. Pero si se añade a la búsqueda la palabra "Feijóo", entonces el número baja a 39.000 entradas. A primera vista, eso debe significar que poco más de una de cada diez páginas de Internet que citan al narcotraficante arousano lo relacionan de alguna manera con el expresidente de la Xunta y candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España.

Han pasado más de diez años desde que El País publicara las fotografías de Feijóo al timón del yate de Dorado y casi tres décadas desde que se tomaron, en el verano de 1995. Feijóo ha asegurado en multitud de ocasiones que cuando trabó amistad con él no sabía que Dorado era uno de los principales capos de la droga en Galicia.

Se le puede creer o no, pero lo cierto es que en 1995 Dorado ya había aparecido en las portadas de periódicos gallegos y estatales y en los titulares de todas las televisiones, por su implicación en varias causas por contrabando y por tráfico de drogas. Entre otras la operación Nécora, que en 1990 sentó en el banquillo a 45 personas. La sentencia de aquel caso se hizo pública en 1994, pocos meses antes de que los dos salieran a pasear en el yate del primero por la ría de Arousa.

Entre 1992 y 1996, Feijóo era el secretario xeral de la Consellería de Sanidade de la Xunta y el responsable de los expedientes mediante los que la Xunta adjudicó a las empresas de Dorado el suministro de la gasolina de las ambulancias del Servizo Galego de Saúde y del combustible para la calefacción de los hospitales gallegos.

El narco blanqueaba de esa forma la actividad de sus gasolineras, con las que llenaba los depósitos de las planeadoras y los camiones que transportaban tabaco, hachís y cocaína, y de paso podía lavar el dinero negro que le reportaba el tráfico de drogas gracias al dinero blanco que ingresaba de la Administración gallega.

En 2013, la candidata de Sumar a las elecciones del 23 de julio, Yolanda Díaz, por entonces diputada de AGE en el Parlamento de Galicia, pidió a Feijóo que hiciera públicos los expedientes de aquellas adjudicaciones. La Xunta le respondió que no podía hacerlo porque habían sido destruidos durante unas inundaciones en un instituto de enseñanza en secundaria en Vigo, a donde habían sido trasladados a causa de unas obras en los archivos de la Consellería de Sanidade en Santiago.

"La falta de transparencia es una constante en la Xunta dominada por el PP", asegura Pablo Arangüena, diputado autonómico del PSOE y portavoz en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia. "Incluso se niega habitualmente la información que los diputados solicitamos al amparo del reglamento del parlamento o se retrasa tanto que cuando llega, deja de tener sentido", añade.

A mediados de los años 90 Feijóo no sólo se relacionó con Dorado, sino con otros testaferros y empresarios relacionados con el narcotráfico. Quien le presentó al narco ourensano fue Manuel Cruz, militante del PP y chófer del entonces conselleiro de Sanidade, José Manuel Romay, y testaferro de varias de las empresas de Dorado. Cruz era el líder de un grupo falangista de Ferrol al que también estaba adscrito Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno de Aznar en Galicia cuando en 2004 la policía encontró en el chalé de Dorado las fotos de Feijóo.

Fernández de Mesa, a quien Aznar nombraría después director general de la Guardia Civil, fue quien alertó a Feijóo de la existencia de las fotos once años antes de que se publicaran.

Pocos meses después de que el hoy presidente del PP accediera a la presidencia de la Xunta en 2009, el líder del PP en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, tuvo que dimitir de su cargo de delegado territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra cuando se supo que a mediados de los noventa había vendido varias empresas a Dorado y a José Manuel Prado Bugallo, Sito Miñanco, el más conocido de los narcos gallegos, a través de Manuel Cruz. Una de esas empresas era, precisamente, JF Oil, una de las distribuidoras de combustible a las que Feijóo había adjudicado contratos de suministro del Sergas cuyos expedientes nunca aparecieron

Juncal dimitió en 2010 cuando la prensa gallega hizo públicas sus relaciones con las redes más poderosas del narcotráfico arousano, pero Feijóo, que acababa de obtener hacía pocos meses su primera mayoría absoluta, no sólo no lo repudió, sino que lo protegió manteniéndole el sueldo de alto cargo nombrándolo jefe de Protección Civil en Pontevedra.

Aznar y Romay se llevaron a Feijóo a Madrid en 1996 y le pusieron al frente de la secretaría general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Tres años después, Manuel Cruz murió en un accidente de tráfico en la autopista AP9 que La Voz de Galicia definió como "extraño".

Feijóo al frente de Correos

Al año siguiente, Aznar nombró a Feijóo presidente de Correos. Allí dirigió la logística del voto por correo de varios procesos electorales que nadie puso en duda, como él sí hace ahora con su sucesor en la presidencia de la empresa pública insinuándolo como instigador de un fraude electoral, por el hecho de que hubiera ocupado un alto cargo en el Gobierno del PP.

En Correos, Feijóo conoció a Regino Martín, el sindicalista que ha alentado ese debate que los hechos y la propia empresa han desmentido. Feijóo asegura que es el único "amigo comunista" que tiene. Se le puede creer o no, pero lo cierto es que en alguna de las fotos que se sacó en el yate de Marcial Dorado aparece posando con su pareja de entonces, la exsecretaria de Sanidade de CCOO en Galicia, quien luego ocuparía el mismo cargo en la federación estatal del mismo sindicato.

Durante los mandatos de Feijóo en la Xunta entre 2009 y 2022 se han sucedido constantemente los casos de clientelismo, amiguismo y nepotismo. Y no sólo en Ourense, donde el presidente de la Deputación Provincial, Manuel Baltar, por quien el aspirante popular hizo alcalde a Gonzalo Pérez Jácome, acaba de renunciar a su cargo envuelto en sospechas de corruptelas que implican a su familia en el cobro de mordidas y a funcionarios de la institución que habrían asumido sus multas por exceso de velocidad.

El Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de la administración autonómica, alertó el verano pasado de que la administración paralela de la Xunta de Feijóo a través de chiringuitos y entidades instrumentales gestiona ya más de 1.700 millones de euros, es decir el 14% del presupuesto del Ejecutivo autonómico. La deuda que acumulan, según el Consello de Contas, asciende a más de 550 millones de euros.

Cuando Feijóo dejó el Gobierno gallego en mayo de 2021, en Galicia había 29 fundaciones públicas, 17 agencias, 15 sociedades mercantiles, 11 organismos autónomos y entidades de consulta, nueve consorcios, cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales. Al frente de muchos de ellos, con salarios que exceden con mucho lo que cobrarían como funcionarios de la Administración convencional,  Feijóo ha colocado a amigos, familiares de amigos, militantes y altos cargos del PP, cuyos currículos, en numerosas ocasiones, no ofrecen capacitación ni relación alguna con las competencias que les asignó.

La hermana de Feijóo

Esos organismos e instituciones, además, acumulan buena parte de los contratos públicos que la Xunta ha asignado a las empresas del grupo Eulen, cuya directora para la zona noroeste de España es su propia hermana, Micaela Núñez Feijóo. Entre 2009 y 2022, Eulen recibió 37 millones de euros en adjudicaciones de la administración gallega, y cerca del 80% de esa cantidad se licitó a través de esa administración paralela en la que Feijóo colocó a sus fines. 

Muchas de esas adjudicaciones millonarias coinciden con nombramientos y ceses a dedo de sus responsables dentro del organigrama de la Xunta. También en Eulen. En 2016, Micaela Núñez, que entonces era directora de la delegación de la empresa en Galicia, fue nombrada directora territorial para el Noroeste después de obtener en 2015 el el mayor contrato de la Xunta, 4,38 millones para la vigilancia de los centros de salud del Servizo Galego de Saúde (Sergas)  en A Coruña.

Dos años después, Feijóo nombró al entonces gerente del Sergas que firmó aquella adjudicación, Antonio Fernández-Campa, vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Fernández-Campa no tenía relación alguna ni con el sector portuario ni con Vilagarcía, y la oposición acusó entonces a Feijóo de premiarle con un cargo a dedo bien remunerado gracias a las dietas por asistencia a los consejos de la institución.

Algo parecido sucedió con Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade entre 2015 y 2020 y máximo responsable de las adjudicaciones del Sergas a Eulen en ese período. Almuiña es médico de profesión, fue alcalde de Baiona (Pontevedra) y tampoco se le conocía vinculación alguna con la gestión de los puertos hasta que Feijóo le nombró en 2020 presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, con un salario de 87.000 euros anuales, superior al del presidente del Gobierno.

La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), que gestiona el tratamiento de basuras de un centenar de municipios gallegos, adjudicó Eulen 3,46 millones bajo mando de dos presidentes nombrados a dedo por Feijóo: Luis Lamas, que tuvo que dimitir después de que se supiera que también había suscrito contratos de Sogama con su propio despacho de abogados, y  Javier Domínguez Lino, exconcejal del PP en Poio (Pontevedra) a quien Feijóo designó como su sucesor. Lamas cobraba en plena crisis financiera más de 72.000 euros, y Domínguez Lino, 74.000 euros.

Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado director general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) justo después de la investidura de Feijóo en 2009, y a quien la oposición y los sindicatos acusan de haber puesto los medios públicos de comunicación al servicio de los intereses del PP, ha firmado con Eulen contratos por valor de 2,2 millones de euros. Su salario supera los 92.000 euros anuales.

Tanto Feijóo como su sucesor, Alfonso Rueda, se han negado a destituir a Sánchez Izquierdo pese a que acumula centenares -si, centenares- de sentencias en contra de los tribunales de justicia por vulneración de derechos civiles y laborales. Lo tendrían fácil porque fue el propio PP el que impulsó y aprobó hace doce años la Lei do Audiovisual Galego, que establece que el director general de la CRTVG debe ser nombrado por el Parlamento.

La red que proporcionó contratas millonarias a la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo también atrapó a algunos alcaldes. Ernesto Anido, quien llegó al Gobierno local de Sada (A Coruña) siendo la tercera lista más votada, gracias a los votos de tránsfugas de su propio partido, adjudicó a Eulen 810.000 euros, el 8% del presupuesto municipal. Hace dos años el Tribunal Supremo le condenó a ochos años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la contratación de una asesora.

En Melide, a una hora por carretera de Sada, la alcaldesa del PP, Ánxeles Vázquez, adjudicó a Eulen una cantidad similar, más de 806.000 euros, el 15% del presupuesto local de ese año. Vázquez es licenciada en Geografía e Historia y técnica en información y cultura, pero pese a no tener experiencia en el sector primario Feijóo la ascendió a conselleira de Medio Rural un año después de aquella operación.

En el 2018 la nombró conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Hoy es  vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en el Gobierno de Alfonso Rueda.

Los contratos con Eulen

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó el año pasado a Feijóo los contratos con Eulen cuando éste aún era presidente de la Xunta, asegurando que tenía "el deber inexcusable" de explicar por qué la empresa para la que trabajaba su hermana había multiplicado sus negocios con la Administración y por qué en muchos de los procedimientos de adjudicación existían evidencias de trato de favor e información privilegiada.

Feijóo nunca respondió, ni tampoco lo hicieron Eulen ni su hermana, de quien Público trató, sin éxito, obtener una versión cuando publicó hace más de un año las informaciones arriba citadas.

El diputado socialista Pablo Arangüena recuerda que el PP ha votado en dos ocasiones en la Cámara gallega a favor de sendas iniciativas del PSdeG para que la Xunta facilite toda la documentación relativa a los contratos de la Xunta con la empresa de la que su hermana es apoderada en Galicia. Pero sucede como con los contratos de Marcial Dorado, a quien Feijóo decía no conocer del todo.

"El PP vota a favor de entregarnos la documentación, pero luego no nos la entrega. Lo mismo ocurre con muchos otros temas, y eso  dificulta mucho investigar la corrupción", concluye Arangüena. Si se teclea "Eulen" en Google aparecen 13,6 millones de resultados. Si se añade "Feijóo", sólo 32.900.