La ley 'trans' canaria, una iniciativa pionera aprobada hasta con el apoyo del PP

Lo primero que pasó por la mente de Eva Pascual el pasado 26 de mayo, cuando presenció la aprobación de la conocida como ley trans en el Parlamento de Canarias, fue la certeza de que su hijo David ya no tendría que depender solo de la comprensión ajena para que se le tratara acorde a su sentir. Ahora pasaba a tener derechos reconocidos y amparo judicial.

Recordó el momento previo a la entrada en vigor de los protocolos a la infancia trans, en el que tuvo que pedir como favor a los profesores que dejaran llevar al menor la indumentaria con la que se sentía cómodo. También cuando trató de explicarles que le pondrían nervioso cada mañana si al pasar la lista o en las actividades deportivas le trataban de una forma con la que no se identificaba. Ahora quedaría estipulado por ley que los progenitores como ella no tendrían que someter a un pequeño de cinco años a un informe psicológico para empezar a transitar, camino que no siempre engloba la hormonación.

Estos escalones, acotados a competencias autonómicas, pueden resultar insignificantes e incluso comprensibles para quienes su nombre les resulta propio. Pero suponen toda una conquista para quienes han tenido que lidiar con la angustia de que les recuerden constantemente en público que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer.

Acompañando a Pascual en la bancada reservada al público de la Cámara se encontraba David junto a miembros de los catorce colectivos LGTBI responsables de que incluso el Partido Popular (PP) haya dado un giro a su discurso en el Congreso y haya votado a favor de la proposición de ley canaria de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Un gesto que no sorprendió a la presidenta de Equal LGTBI+, Emma Colao, pese a reconocer que la abstención de los populares fue una posibilidad hasta el último momento. Para esta joven de 25 años que se niega a pasar un procedimiento de hormonación, la clave se encuentra en una negociación a fuego lento. Más de tres años de acercar posturas, de paciencia, pedagogía y de aceptar las decenas de enmiendas presentadas al texto por las distintas formaciones políticas - muchas de ellas derivadas de los reparos iniciales encontrados por el Consejo Consultivo - sin sobrepasar la línea roja de la autodeterminación de género y sin necesidad de un diagnóstico médico.

También considera que algo ha tenido que ver la importancia que da el archipiélago al turismo LGTBI y la amplia aceptación social que éste conlleva. A lo que hay que sumar que Vox no cuenta con representación en las islas, así que su rechazo a lo que considera biológicamente correcto no tiene resonancia en la derecha canaria.

Pero lo cierto es que nada tiene que ver esta proposición de ley autonómica, que se centra en materias como la educación, la sanidad o el deporte base, con la estatal. Al fin y al cabo, lo que ha hecho Canarias es ponerse al día respecto a los reglamentos educativos y sanitarios que actualizaron la desfasada ley de 2014 y alcanzar de este modo la regulación que ya impera en otras 10 comunidades autónomas. Aunque el ánimo es el mismo, el marco competencial hace que no se lleguen a pisar ciertas minas, como el Documento Nacional de Identidad o el cambio de prisión, lo que alivia los posicionamientos políticos.

Género sentido en el deporte base

Más allá de la terminología, hay claros ejemplos de situaciones que no se tendrán que repetir en las islas al normalizar el género sentido. Quizás los más importantes queden enmarcados en el ámbito sanitario, donde por ley dejará de ser necesario un diagnóstico que la portavoz de la Coordinadora por una Ley Trans e Intersex para Canarias, Marcos Ventura, define como "estrambótico".

"Se trataba de un mero trámite administrativo que implicaba estar bajo la tutela de otra persona que te sometía a un test sexista con preguntas, como si de pequeña jugabas con muñecas o si orinabas de pie o sentada. Al final, lo que conseguían es que la persona examinada fingiera una masculinidad o una feminidad exacerbada", señala. Ventura opina que los médicos "no deben decidir, sino acompañar".

Los espacios públicos, como los aseos, serán utilizados por los usuarios en función del género sentido

En el ámbito deportivo, casos como el de Omaira Perdomo, jugadora de voleibol a la que no permitían entrenar con el equipo femenino, no se volverán a dar en el deporte base. Sin embargo, seguirán teniendo lugar en las competiciones federadas, donde el requisito de la hormonación centra el debate.

Otro apartado de la norma deja claro que los espacios públicos, como los aseos, serán utilizados por los usuarios en función del género sentido. Colao es consciente de que hay gente que se tiene que acostumbrar a su presencia en un lavabo femenino y sabe lo que es el rechazo y ser expulsada de un lugar por su apariencia. Pero hay normas que ayudan a la sociedad a avanzar en su convivencia y puede que ésta consiga que llegue el día en que no tenga que aguantarse y esperar a que no haya nadie para ir al baño.

Pionera al incluir la intersexualidad

Si bien la norma aporta más garantías jurídicas que otras como las de Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana, especialmente en los apartados referentes a la juventud, es pionera al dotar del mismo respaldo a la intersexualidad, es decir, a las personas que tienen una anatomía sexual distinta a la típica de hombre y mujer. En el caso de Canarias, es la primera vez que se regula la prohibición de operar por razones puramente estéticas a bebés que muestren, por ejemplo, un micropene o que carezcan de apertura vaginal.

Los tribunales médicos canarios cuentan con protocolos y expertos que analizan en profundidad cada caso

Así como se castigan las terapias de conversión, la normativa canaria regula ahora este tipo de intervenciones quirúrgicas que según Clara Montesdeoca, de Caminar Intersex, siguen desarrollándose a lo largo de la geografía española.

Para Montesdeoca la lucha comenzó cuando a los 12 años su hijo, nacido con un micropene, les dijo que habían cometido un grave error al cortarle los genitales masculinos al nacer. Fue su médico quien la convenció de que lo operara cuando era un bebé, alegando que así evitaría males mayores. Montesdeoca ha sido una de las principales impulsoras de que se ponga la intersexualidad sobre la mesa y asegura que este tipo de "mutilaciones" siguen llevándose a cabo en España.

Antiguamente, explica, todo dependía del tamaño del miembro viril y de si éste era capaz de provocar un embarazo. Sin embargo, en la actualidad los tribunales médicos canarios cuentan con protocolos y expertos que analizan en profundidad cada caso. No es así en otras comunidades a las que pueden acudir los padres a los que se deniegue la operación en las islas, por lo que Montesdeoca aboga por una legislación estatal que ampare a los recién nacidos en todo el territorio español.

Con la mira en la ley estatal

Una vez entre en vigor la norma canaria, las sanciones administrativas podrán alcanzar los 45.000 euros. Mientras tanto, Colao ya ha denunciado ante la Guardia Civil una serie de mensajes de acoso que ha recibido a través de las redes sociales tras aparecer en un espacio televisivo y defender su condición de mujer sin necesidad de cumplir los estándares sociales ni seguir un procedimiento hormonal.

Aunque el Gobierno canario podrá ejercer la acción popular en los procedimientos penales por delitos de odio, todo lo referente a esta vía judicial, como los trámites administrativos que dependan del Registro Civil, quedan reservados a una legislación estatal que los colectivos tachan de "desfasada".

"El problema está en el debate sobre el sexo o el género", apunta Sergio Siverio, del colectivo Diversas, quien hace referencia al enfrentamiento generado en torno a ciertos sectores feministas que acusan a la propuesta impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de invisibilizar o desdibujar a las mujeres, especialmente a las que sufren violencia de género.

Esa ha sido otra de las líneas competenciales que no ha podido cruzar el archipiélago, que sí promueve el cambio de nombre en consultas sanitarias, tarjetas de transporte, aulas y censos electorales, entre otros. Modificaciones que no han despertado grandes reticencias en asociaciones feministas del archipiélago.

Una vez publicada en el BOC, los colectivos LGTBI isleños tienen claro que el siguiente paso se encuentra en el desarrollo de los nuevos reglamentos que deberá aprobar el Gobierno regional y ponen la mira en el Congreso y en la intención de Montero de aprobar la ley trans antes del 28 de junio.