La derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso este jueves con el fracaso de su Decreto Ley de reforma del sector de la estiba, puede ser la antesala de un periodo de enmienda al rumbo marcado por el PP, con normativas impuestas gracias a la mayoría absoluta del primer Gobierno de Mariano Rajoy en el punto de mira de distintas fuerzas parlamentarias. En este contexto, PSOE y Unidos Podemos se disputan la bandera de la lucha contra la ley mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en 2015, gracias a la mayoría absoluta de la que entonces disfrutaba el Ejecutivo. 

El martes, el PSOE tomaba la iniciativa y anunciaba que la próxima semana el Pleno de la Cámara Baja decidirá si tramitar su Proposición de Ley al respecto, lo que permitiría derogar los aspectos más criticados de la normativa, recurridos por los socialistas ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, desde Unidos Podemos critican el texto presentado por el PSOE y le acusan de querer reemplazar la actual normativa por la inmediatamente anterior, la que instauró el exministro del Interior socialista José Luis Corcuera en 1992. "El PSOE ha registrado otra vez la ley Corcuera añadiéndole un par de apartados nuevos sobre explosivos", denuncia a Público Eduardo Santos, diputado de Unidos Podemos y vocal en la Comisión de Interior, donde será remitido el texto para ser debatido y enmendado si finalmente así se decide en el Pleno.

Santos acusa al PSOE de actuar con la única intención de "hacerse la foto", al intentar derogar sólo algunos de los aspectos más criticados de la ley mordaza, con interés por cerrar en falso el debate sobre seguridad ciudadana que a su entender debe tener lugar. Insiste en que no están preocupados porque el PSOE haya tomado la iniciativa en esta ocasión -"No estamos para hacer carreras, sino para tener un debate serio"-, y confirma que su grupo votará a favor de tramitar la iniciativa socialista, precisamente para abrir el debate sobre esta materia.

El diputado navarro, que ha liderado el equipo de su grupo que trabaja contra la ley mordaza casi desde el inicio desde la anterior legislatura, afirma que cuentan con propuestas y líneas de actuación que constituyen aproximadamente el 80% de la materia prima necesaria para presentar su propia Proposición de Ley. Pese a ello, explica que no van a registrar un texto propio; si la iniciativa del PSOE sale adelante aprovecharán para abrir el debate en la Comisión de Interior, y utilizarán estas ideas para enmendar la ley de los socialistas.

Grosso modo, las líneas maestras de su propuesta para una nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasan por acotar las funciones de identificación y detención de la policía -únicamente a la "existencia de indicios concretos y comprobables de la comisión de una infracción"-; por retirar "cualquier sanción" a quienes se manifiesten o concentren pacíficamente; por impedir "el ejercicio de funciones públicas de seguridad" a las empresas privadas, así como por vetar definitivamente las devoluciones en caliente y "toda aquella actuación policial contraria al derecho de asilo".

También abogan por retirar "todas las infracciones que afecten a derechos fundamentales como la libertad de información", y las que el PP "incluyó por motivos ideológicos, basadas en movimientos sociales como los escraches, la PAH o Rodea el Congreso"; reivindican el establecimiento del principio de "legalidad y proporcionalidad en la aplicación de las sanciones respecto a la Ley penal y respecto de su gravedad" -"Estableciendo la proporcionalidad en su aplicación respecto a la renta del infractor"-, y piden recurrir a la mediación y establecer "la aplicación de los principios de justicia restaurativa en el ámbito de las infracciones de Policía".

Santos recuerda que la criticada ley en vigor permite multar con hasta 30.000 euros a quienes se manifiesten ante instituciones como el Congreso de los Diputados, y apunta que muchos de los supuestos que contempla tienen "nombre y apellidos"; fueron formulados para acabar con concentraciones como Rodea el Congreso, para dificultar la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la hora de parar desahucios, o para impedir acciones reivindicativas como las de Greenpeace, cuando sus escaladores despliegan pancartas desde lo alto de edificios. "El PP tuvo un punto de provocación social al aprobar una normativa como la ley mordaza aprovechando su mayoría absoluta", apostilla. En definitiva, asegura que quieren darle a esta normativa otro enfoque, alejado del planteamiento de "represión de derechos fundamentales" del exministro del PP, que a su entender también se encuentra presente en la vieja ley Corcuera.

El PSOE: "Si consideran la ley tan mala, que voten 'no'"

Por su parte, fuentes del PSOE en el Congreso evitan entrar a las críticas de Unidos Podemos y defienden que la clave está en lo que vote este grupo cuando se debata la toma en consideración de su Proposición de Ley en la cámara. "Si la consideran tan mala, lo mejor que pueden hacer es votar no", apostillan.

Defienden que esta ley es "nueva", que contempla "nuevas formas de lucha contra la delincuencia" y que persigue "derogar lo que existe", aunque reconocen que también mantiene "aspectos en materia de seguridad [de normativas] anteriores que sí eran validos". "Elimina aspectos inconstitucionales de la ley del PP y actualiza el resto de cuestiones en materia de seguridad ciudadana", precisan.

Oficialmente, la Proposición de Ley del Partido Socialista pasó por el registro el 1 de diciembre de 2016, pero ha sido este martes cuando el portavoz de su grupo, Antonio Hernando, ha anunciado la inminente llegada del texto al Pleno.

En cualquier caso, e independientemente de quién se quede finalmente con la bandera de la lucha contra la ley mordaza, lo cierto es que hasta algunas voces del PP reconocen que la Ley de Seguridad Ciudadana requiere de cambios.

Por el momento, la Cámara Baja se ha mostrado favorable a estas modificaciones: en noviembre de 2016 el Congreso aprobó una moción -también del PSOE- que instaba al Gobierno a tumbar esta ley, y en enero el PNV registró su propia iniciativa para reformar la denostada norma del no menos criticado Fernández Díaz, ministro reprobado por la oposición en bloque.