En marzo de 2015 se aprobó la denominada ley de protección de la seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza por sus detractores. Desde entonces, el Congreso ha intentado hasta en dos ocasiones acometer una reforma integral de sus artículos más polémicos, pero tras más de cinco años la norma sigue intacta, pese al cambio de mayorías parlamentarias que se dio con la moción de censura a Mariano Rajoy y la conformación posterior de un Gobierno de coalición.

Con el objetivo de reformar la norma, el PNV registró en diciembre una proposición de ley que, lejos de partir de cero, recoge el trabajo de legislaturas anteriores. En febrero del pasado año, la Comisión de Interior del Congreso estuvo cerca de lograr una modificación integral de los artículos más polémicos de la ley de seguridad ciudadana, pero el adelanto electoral de abril frustró el trabajo del órgano.

Entonces, los grupos decidieron aprovechar los avances conseguidos de cara a la siguiente legislatura, por lo que solicitaron a los letrados de la comisión un informe con un resumen de los puntos cerrados y de las enmiendas presentadas por los distintos partidos. Sin embargo, la legislatura resultante de las elecciones del 28 de abril fue fallida, al no conseguir la Cámara investir a un presidente del Gobierno, y, aunque el Grupo Vasco volvió a registrar la iniciativa a mediados de junio de 2019, un nuevo adelanto electoral (el de noviembre) volvió a frustrar el intento.

Tras registrar, de nuevo, la iniciativa en diciembre, el Pleno del Congreso debatirá su admisión a trámite el martes y, de conseguir la aprobación de la mayoría de los grupos, iniciará por tercera vez su andadura en la Cámara Baja. Pese a que los consensos que se habían alcanzado en febrero de 2019 fueron amplios (algunos incluían al PP) y se apuntaba hacia una reforma sustancia, fuentes del Congreso apuntan a que la situación ha cambiado.

Cuando fracasó el borrador, antes de las elecciones del 28-A, desde algunos grupos se advirtió de que la posible entrada de la ultraderecha en el Parlamento (en ese momento Vox había irrumpido con fuerza en Andalucía, pero no tenía representación a nivel estatal) podría obstaculizar y llegar, incluso, a dinamitar avances legislativos que se habían logrado en normas como la ley mordaza o la ley de igualdad LGTBI, entre otras.

En los comicios de noviembre, los de Santiago Abascal se convirtieron en la tercera fuerza de la Cámara, una situación que, según estas mismas fuentes, va más allá de la aritmética parlamentaria. "La clave no es que tengan más de 50 diputados, porque en el Congreso somos 350; la clave es que desde que entraron, han demostrado que son capaces de marcarle el paso al PP y, a veces, también a Ciudadanos. El PP estaba en buena parte de los consensos que habíamos alcanzado en la Comisión de Interior respecto a la derogación de la ley mordaza; habría que ver si esto continúa siendo así".

La presencia de Vox puede obstaculizar la reforma

Aunque se espera que la iniciativa sea admitida a trámite el martes, tendrá que superar varias fases legislativas para poder comprobar el recorrido real que podría tener la reforma. Seguramente se verá abocada a enfrentar un debate de totalidad y, posteriormente, se producirá un extenso debate en comisión para ver los detalles del texto a través de las enmiendas de los grupos; "es aquí, cuando nos ponemos con el borrador, la ponencia y los detalles del articulado, donde hay que ver si los consensos que alcanzamos hace dos legislaturas siguen vivos", apuntan fuentes del Congreso.

Los grupos habían conseguido importantes avances. Entre otras cuestiones, habían acordado acotar la definición de "seguridad ciudadana", cuya "ambigüedad" creaba espacios donde pueden producirse "abusos" por parte de los poderes del Estado dando lugar a una definición de seguridad ciudadana más aproximada a "garantizar los derechos y las libertades" frente a ciertas arbitrariedades.

También se establecieron límites a las actuaciones policiales. Se acordó que los registros debían practicarse "como norma general" en dependencias policiales, lo que limitaría los registros que implican desnudos en la calle. Los agentes solo podrían practicar estos registros en la calle cuando percibieran la existencia de un riesgo real para su seguridad o la de la ciudadanía.

El objetivo de esta reforma era el de evitar que el registro corporal en profundidad se utilice como una medida disuasoria destinada a "humillar" a la persona y también el de evitar que existan posibles tratos discriminatorios. En la ley actual el único límite que se establece para estos registros es que se deberán efectuar "en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros" en los casos en que se "exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa". Los grupos también habían avanzado, aunque sin un acuerdo definitivo, para que estos registros se hagan respetando cuestiones como la identidad sexual.

En la Comisión de Interior se había abordado cómo reducir el tiempo en el que una persona puede permanecer retenida en dependencias policiales para proceder con su identificación. Actualmente la norma fija un máximo de seis horas, pero la mayoría de los partidos estaban de acuerdo en incluir en la ley una estimación en base al tiempo medio que los agentes tardan en identificar a una persona.

Una de las medidas del acuerdo que fue más difícil de lograr fue el que pretendía despenalizar la toma de imágenes de policías y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en actuaciones como las manifestaciones. El apartado 23 del artículo 36 de la actual ley de seguridad ciudadana tipifica como "infracción grave" el "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

La mayoría de los grupos tenían la intención de incluir un apartado en el artículo que precisara que no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, de manera que solo se podría penalizar la difusión de estas imágenes cuando exista un riesgo "real" para la seguridad del agente. En la ley las infracciones graves acarrean multas que pueden ir de los 600 a los 30.000 euros.