El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. La normativa, que llegó a la Cámara como proyecto de ley de la mano del exministro de Economía Luis de Guindos, ha recibido los votos favorables de todos los grupos, a excepción de Unidos Podemos, que ya votó en contra del dictamen de la ponencia en comisión porque no recoge cuestiones como la prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional o la dación en pago.

La ley traspone una directiva europea en materia de hipotecas que lleva ya más de dos años de retraso. Esta adecuación tardía a la ley europea podría costarle a España una multa de más de 100 millones de euros. Antes de la votación de este jueves, el texto había pasado por el Senado, donde grupos como el PP, el PSOE y Ciudadanos habían introducido algunas enmiendas.

El Congreso ha tumbado algunas de las enmiendas más sustanciales que habían presentado los conservadores y que cambiaban algunos de los puntos más importantes del texto que la Cámara Baja le remitió al Senado. En este sentido, el PP utilizó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para introducir aquellos elementos que ya se habían rechazado en el Congreso.

Entre estas enmiendas, los de Pablo Pasado habían suprimido de facto el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), denominado impuesto de las hipotecas, fijándolo a tipo cero en la compra de la primera vivienda. El texto que salió de la Cámara Baja atribuía esta tasa a los bancos ya que, hasta que se produjo el cambio legislativo, el impuesto corría a cargo del cliente. El PP ya trató de eliminar el impuesto cuando el Gobierno aprobó un decreto para que los bancos se hicieran cargo del AJD, después de la polémica actuación del Tribunal Supremo, que primero atribuyó el impuesto a la banca, y luego corrigió su decisión para atribuirlo al cliente.

A juicio de los conservadores, el hecho de que los bancos asuman la tasa acabará revirtiendo en el cliente, ya que las entidades subirán los costes de las comisiones y de otras operaciones para compensar el gasto. El Congreso ha tumbado esta enmienda.

El PP también había logrado sacar adelante en el Senado una enmienda para encarecer los costes de la amortización anticipada de hipotecas a tipo fijo (la devolución de toda o una parte de la hipoteca). En el Congreso se fijaron en un máximo del 2% en los diez primeros años de vigencia y de un 1,5% a partir de entonces. Los conservadores optaron por duplicar estas comisiones, fijándolas en el 4% y en el 3% respectivamente, tal y como fijaba el proyecto de ley original que Guindos llevó a la Cámara. Finalmente el Congreso ha tumbado esta medida.

Los conservadores, esta vez de la manos de Ciudadanos, también introdujeron enmiendas en el Senado en materia de transparencia mediante el aumento del plazo de adaptación de los bancos a la nueva normativa. La ley que salió del Congreso daba a las entidades un plazo de 30 días para adaptarse, pero en el Senado PP y Cs lo elevaron a tres meses.

Además, la enmienda supedita la entrada en vigor de todas aquellas medidas referidas a la transparencia a que se desarrolle un reglamento que especifique las vías y mecanismos para remitir la información necesaria al notario. Si en tres meses no se aprueba este reglamento, no entrarían en vigor las normas de transparencia que contempla la ley, lo que incluye el reparto de gastos entre banca y cliente. El Congreso ha aprobado que la norma no entre en vigor hasta dentro de tres meses, pero ha tumbado la enmienda referida al desarrollo reglamentario.

Conflicto entre PP y Cs por la subida de impuestos

Durante el debate, Ciudadanos ha reprochado al PP el "intento de subir impuestos" a través de una de las enmiendas introducidas en el Senado, que también ha sido tumbada en la Cámara Baja. En la normativa actual entidades como las cooperativas de crédito y la Sareb (el denominado banco malo) estaban exentas de pagar el impuesto AJD para que determinadas operaciones que realizan de forma habitual, como la adquisición de inmuebles, no fueran gravadas con un impuesto.

Las cooperativas de crédito también pueden otorgar hipotecas. Para Ciudadanos, atribuir el impuesto AJD a los bancos y eximir de esta carga a las cooperativas en la formulación de hipotecas creaba un "desequilibrio" en el mercado, por lo que en la fase de ponencia de la ley hipotecaria introdujo una enmienda para eliminar esta exención a cooperativas en el caso de formulación de hipotecas. Estos organismos no pagarían el impuesto en determinadas operaciones (como la adquisición de inmuebles), pero sí cuando otorgan hipotecas.

Esta enmienda, finalmente fracasada, posibilitaba que operaciones como la subrogación o la novación de hipotecas también estuvieran exentas de cualquier coste (antes era el cliente el que lo asumía). Desde Cs han acusado al PP de haber intentado suprimir en el Senado estas exenciones, lo que de facto, explican, provocaban que en operaciones como la subrogación o la novación de hipotecas, vuelvan a tener coste.