La Ley General de Comunicación Audiovisual afronta este jueves su última prueba de fuego en el Congreso después de que el pasado jueves fuera aprobado el dictamen de la ponencia por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC. Pese a su corta tramitación, que ha durado seis meses, el proyecto legislativo ha supuesto una piedra en el zapato del Gobierno hasta el último día, ya que no tiene los apoyos garantizados a escasas horas de su votación en el Pleno.

La norma saliente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital recibió el aval del Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre, pero su llegada al Congreso estuvo empañada por la rebaja de las expectativas del acuerdo fijado previamente por Gobierno y ERC en lo relativo a las cuotas de las lenguas cooficiales del Estado.

Este pacto previo, por el que se establecía que el 6% del contenido ofertado por todas las plataformas audiovisuales debería ser en lenguas cooficiales, dio pie al apoyo de ERC a la cuentas públicas de 2022 en el Congreso, un socio indispensable cuyos diputados se sumaban a los síes atados por el Ejecutivo y que daban sostenibilidad a la mayoría progresista y, por ende, a la legislatura.

Toda vez que los Presupuestos saltaron al Senado, donde el Gobierno esperaba darle el carpetazo definitivo sin tener que volver a la Cámara Baja (finalmente sí volvieron, pero por la incorporación de una enmienda sobre pluralidad lingüística de Compromís apoyada por el PP), los de Gabriel Rufián abrieron la posibilidad de introducir enmiendas al proyecto presupuestario en la Cámara Alta después de conocer que esa cuota fijada solo afectaba a las plataformas con residencia en España, dejando fuera a las grandes productoras.

Tras varias semanas de reuniones entre representantes del ala socialista del Gobierno y de ERC, ambas partes llegaron a un acuerdo por el que, en el marco de la ley audiovisual, "todas las plataformas que operan en el Estado, tengan la sede empresarial en el Estado o no, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, hecho que supone garantizar por ley destinar fondos/financiación a la producción de obras en lengua catalana", tal como relató el propio portavoz del grupo republicano.

Esto es, cada año se destinarán un mínimo de 15 millones de euros a la producción del catalán, como en el resto de lenguas cooficiales, y un 15% del 70% de la producción total que el Estado exige a las plataformas, incluidas las internacionales (este dinero está vinculado a los beneficios de las productoras independientemente de donde tengan la sede). 

En el contexto de la tramitación de la ley audiovisual en el Congreso, el Gobierno no ató hasta el pasado lunes el apoyo de otro socio prioritario, el PNV, al conseguir incorporar al texto 45 de las 58 enmiendas nacionalistas. En esta línea, el diputado jeltzale Joseba Agirretxea explicó que los principales cambios son la incorporación de una mención expresa a la competencia del Gobierno Vasco en el ámbito audiovisual vasco, el control autonómico y no estatal de las emisiones en dos comunidades (como es el caso de EITB en el País Vasco y en Navarra) y que se mantiene la gobernanza de EITB.

Los productores independientes, en pie de guerra

Asimismo, en la recta final de la andadura de la norma en la Cámara Baja, una enmienda socialista al artículo 110 ha puesto en pie de guerra a los productores independientes, dejando en el aire el apoyo a priori garantizado de ERC a la norma, además de levantar ampollas entre sus socios de la coalición, Unidas Podemos. 

De este modo, estas dos formaciones y EH Bildu han presentado este miércoles una enmienda en la que piden sustituir la palabra "dicho" por "un" en el citado artículo, para evitar que la definición de "productor independiente" modificada por el PSOE les condene "al desastre económico" y a "la desaparición de la diversidad" en la creación, según ha señalado el sector este miércoles en un comunicado. 

Con este cambio, "se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual [...] y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un prestador del servicio de comunicación audiovisual", reza el texto al que ha tenido acceso este medio.

Y es que, las productoras independientes entienden que la modificación aparentemente mínima propuesta por los socialistas permite a "las televisiones o cualquier otro operador" producir contenidos dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a la producción independiente. "¿Tan difícil es definir lo que es la independencia?", han reclamado representantes de las asociaciones implicadas este miércoles en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid.