Caso EREEl letrado del Parlamento de Andalucía considera que debe tumbarse la reprobación de Díaz, Chaves y Griñán por los ERE

La petición de reprobación de “Susana Díaz y del ejecutivo presidido por ella” y también la de “los gobiernos socialistas que idearon un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público y lo aplicaron, presididos por los señores Chaves y Griñán” efectuada por Adelante Andalucía después de conocerse la sentencia de los ERE va camino de convertirse en un serial.

Por segunda vez, este miércoles, la Mesa del Parlamento decidió retrasar su tramitación hasta la próxima Mesa, en siete días. La semana pasada ya había hecho lo mismo para dejar tiempo a que los letrados de la Cámara estudiasen si es legalmente posible reprobar a los presidentes y a los diputados y diputadas, a las que algunos grupos, singularmente el socialista, le veían aristas legales.

En el informe, de 23 páginas, al que ha tenido acceso Público, el letrado firmante considera, de manera contundente, que el Parlamento de Andalucía no puede reprobar a los presidentes ni a los expresidentes de la Junta ni tampoco a uno de sus miembros, por lo que recomienda que la Mesa impida la reprobación por la vía de suprimir los puntos –de manera suficientemente razonada– en los que se recoge.

Sin embargo, el letrado deja la decisión final en manos de la Mesa, es decir, de los partidos, qué hacer finalmente con la iniciativa, que Adelante Andalucía, según las fuentes consultadas por Público, mantiene en todos sus términos. En la Mesa tienen mayoría Vox, PP y Ciudadanos. Los tres han pedido en diferentes ocasiones la dimisión de Díaz. Y el PP ya pidió en otras ocasiones la reprobación de presidentes, que fueron rechazadas.

¿Se atendrán a lo que les aconseja el letrado o apoyarán con la reprobación?

Sobre la reprobación de los presidentes

El letrado que firma el informe, Manuel Carrasco, considera que no se pueden admitir a trámite los puntos en los que se habla de una “reprobación genérica de los anteriores presidentes y presidenta de la Junta y sus respectivos gobiernos”.

Carrasco afirma lo siguiente: “En nuestro régimen parlamentario se viene aceptando la utilización de las PNL como instrumento para la reprobación individual de cargos públicos, con efectos meramente […] políticos. La reprobación de un consejero viene a suplir la carencia de un instrumento en el Estatuto de Autonomía para la reclamación de la responsabilidad política individual”.

Añade el jurista que lo que sí es de aplicación a los miembros del Gobierno uno a uno no sirve, sin embargo, para el presidente ni tampoco de forma general: “No cabe usar la PNL como mecanismo para proponer la reprobación del presidente de la Junta, del presidente y del Consejo de que de él depende o del Consejo de Gobierno en pleno”.

Y ello, porque, según el letrado, el Estatuto prevé que “la exigencia de responsabilidad política solidaria del presidente y, de forma derivada, del Consejo de Gobierno” se resuelva de acuerdo a un “instrumento específico, que es la moción de censura”. “Y puede darse también, eventualmente, a través de otro instrumento, que es el rechazo a una cuestión de confianza”, remacha el razonamiento el letrado.

A continuación, Carrasco abunda en este argumento: “Previendo el Estatuto de Autonomía instrumentos específicos para la responsabilidad del presidente y del Consejo de Gobierno son estos procedimientos los que deben ser utilizados”.

Bien, pero la reprobación que Adelante propone no es del Gobierno que está hoy en activo, sino de Ejecutivos que ya no lo son. Al respecto, razona el letrado: “La anterior solución resulta aplicable también al supuesto de reprobación de presidentes […] que hubieran cesado en sus puestos [como es el caso]” porque, “de lo contrario, la inadmisión de la reprobación quedaría privada de sentido, ya que bastaría con dejar pasar el tiempo y esperar al cambio de la relación entre mayoría y minorías políticas en el Parlamento [tras unas elecciones] para llevar a cabo lo que anteriormente se consideró inadmisible”.

Agrega Carrasco: “Además, resultaría inconsecuente que, si no se admite la reprobación cuanto el presidente y el Gobierno ejercen sus cargos, se admitiera cuando han dejado de ejercerlos, ya que dicha reprobación habría de recaer sobre la gestión llevada a cabo por dicho ejecutivo durante el periodo de ejercicio de sus funciones”.

Sobre la reprobación de diputados

El informe también cree que la Mesa debe rechazar todas las reprobaciones de diputados y diputadas. Susana Díaz y varios exmiembros de su Gobierno lo son: “Reprobar a un diputado sería como reprobarse a sí mismo”.

“Aunque la cuestión es discutida [por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se acaba de reprobar a uno de sus concejales, Javier Ortega Smith], el Parlamento, como institución representativa de la soberanía popular, no puede reprobar, por motivos de índole política o moral, a un diputado que es también representante de la misma soberanía popular”, escribe el letrado.

Este es el razonamiento de Carrasco: “La reprobación de los diputados a través de las PNL desvirtuaría la naturaleza de la propia institución parlamentaria, ya que convertiría a aquéllas en un mecanismo de reproche cruzado entre los diputados de distintas opciones y, en una hipótesis extrema, pero no imposible, en instrumento de la mayoría política de cada momento para recriminar y dejar en evidencia a los diputados de la minoría política, a sus ideas e, indirectamente, al sector de la ciudadanía que comparta su actuación e ideología”.

Concluye el letrado: “Todo ello podría alterar los equilibrios entre opciones de la mayoría y de la minoría en los que se fundamenta el funcionamiento del régimen parlamentario”.