La guerra judicial o lawfare contra la izquierda en España no es un fenómeno nuevo ni comenzó siquiera en el siglo XXI. Como huellas indelebles, en los archivos se encuentran los legajos de los juicios sumarísimos del franquismo que, bajo la justicia militar, sentenciaron a muerte a cientos de miles de personas en todo el país.  

La historiadora Aldara Cidrás se retrotrae a la guerra civil española para mostrar cómo los sublevados instrumentalizaron la Justicia como maquinaria de guerra. "Por muy ilegal que fuese la toma de poder por parte de los militares, estos actuaron desde entonces como el único poder soberano. Un poder soberano que se evidencia explícitamente en su potestad jurisdiccional", escribe Cidrás en un interesante artículo publicado en el número de marzo de la revista de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), dedicado precisamente al lawfare.

Igual que existió durante la guerra civil la conocida como milicia togada, formada por jueces, funcionarios, notarios y registradores de la propiedad que dejaron sus funciones en los juzgados para alistarse en las milicias rebeldes, en los primeros meses tras el golpe de Estado, contra la Segunda República, noventa años después, parece que hay jueces que se creen con el deber moral de inmiscuirse en la política para frenar al Gobierno de izquierdas. 

Aquella milicia togada tuvo que ser llamada al orden por los mandos militares sublevados, en una orden, del 20 de septiembre de 1936, que disponía que los magistrados, jueces y demás funcionarios del juzgado regresaran a sus puestos de trabajo, porque eran necesarios para ir construyendo la nueva España. 

Henchido de celo patriótico, el presidente del Tribunal Supremo, Felipe Clemente de Diego, en su discurso de apertura de los tribunales en 1939, exclamó sobre la milicia de los jueces que esta estaba "en tensión permanente para promover y procurar la justicia donde y
cuando sea menester".

Ochenta y cinco años después, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de admitir a trámite la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, pese a su falta de fundamentación y a que está basada únicamente en recortes de prensa, algunos manifiestamente bulos, ha provocado una crisis institucional muy grave, como la enésima expresión del lawfare contra el presidente desde que accedió al cargo, en 2019.  

Consejos de guerra llenos de mentiras

Si, como dice la historiadora gallega Aldara Cidrás, los tribunales fueron durante la guerra civil espacio de conflicto, de poder y, también, de trinchera, a partir de la victoria del bando golpista, los juzgados franquistas fueron el epicentro de la represión, tanto para los condenados a muerte como para las familias expoliadas: todo ello fue legitimado por la Justicia.  

Los sumarios militares se llenaron de mentiras y de falsos testimonios para justificar las miles de ejecuciones sumarísimas que firmó el caudillo Franco. 

No solo eso. La torticera interpretación del delito de rebelión por los consejos de guerra franquistas "daba carta blanca a su instrumentalización como comodín de la arbitrariedad", afirma Cidrás en el mencionado artículo. 

Así, mediante la "desnaturalización" del delito de rebelión, se logró justificar los procedimientos sumarísimos y "el recorte de garantías", a la vez que se permitió "la aplicación de penas absolutamente desproporcionadas. Todo esto bajo un manto de aparente ecuanimidad y respeto por las leyes", resalta la historiadora. 

Ahora, el manto de aparente imparcialidad judicial no es suficiente para alejar las sospechas de lawfare en la causa abierta contra Begoña Gómez; como tampoco lo fue en otros casos de la última década, siempre con las mismas personas afectadas: responsables políticos de izquierdas. 

El reciente archivo de la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta del Gobierno valenciano, que tuvo que dimitir por su imputación, ha sido el último de una retahíla de casos con un mismo patrón: apartar a ciertos políticos de izquierdas de las instituciones. Así, se puede citar, entre otros, a Podemos, con la macrocausa Neurona; el Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), pasando por los Comuns, Ada Colau, Isa Serra, Alberto Rodríguez o Victoria Rosell.

La persecución judicial a Podemos, en un lawfare de manual, se producía mientras se descomponía el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de cinco años, entregado en cuerpo y alma a hacer política con y para el Partido Popular. 

"Todo es ETA"

El lawfare contra Pedro Sánchez y contra sus gobiernos de coalición parece ser un paso más en el camino que emprendieron algunos jueces antiterroristas, con procedimientos que luego se demostraron no ajustados a la ley, como fue el conocido como caso Egunkaria. 

El 20 de febrero de 2003, el juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, ordenó cerrar el único periódico que entonces se editaba en euskera, el diario Egunkaria, por considerar que era un instrumento al servicio de ETA. Siete años después, todos los imputados fueron absueltos y se archivó la causa. 

La sentencia resaltaba que la orden de cierre del diario "no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara". Más aún: el simple análisis de la línea informativa "permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos". 

Más de una década después de aquel caso que indignó a la sociedad vasca, en el pueblo navarro de Altsasu se produjo un altercado aparentemente sin importancia que derivó en una causa judicial por terrorismo.

'Caso Altsasu': todo sigue siendo ETA

Sucedió la madrugada del 15 de octubre de 2016, en el concurrido bar Koxka, donde se inició una bronca entre varios jóvenes y dos guardias civiles de paisano que se encontraban en el local con sus novias. La pelea siguió fuera del bar. Los dos agentes denunciaron agresiones por parte de un nutrido grupo de jóvenes en el contexto de animadversión contra la Guardia Civil. 

Ocho jóvenes fueron acusados. La Fiscalía pidió 62 años de cárcel para uno de ellos y 50 para el resto, salvo para la octava procesada, para la que pidió doce años y medio de prisión; un total de 375 años por lesiones y amenazas terroristas contra los dos guardias y sus parejas. 

La sentencia de la Audiencia Nacional descartó finalmente el delito relacionado con el terrorismo, pero les condenó, en junio de 2018, a penas de entre los dos y los trece años por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo rebajó ligeramente las condenas a entre un año y medio y nueve años y medio porque suprimió la agravante de superioridad. 

Tras la inadmisión de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, los ocho condenados recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en enero de 2022 rechazó sus demandas. 

Contra la futura ley de amnistía

La guerra judicial contra el independentismo catalán, con causas abiertas por terrorismo en el Supremo y en la Audiencia Nacional impulsadas por el magistrado Manuel García Castellón, en lo que algunos juristas tildan de "actuación excesiva", ha quedado en evidencia fuera de España. Mientras que para la Justicia suiza los delitos que se imputan a una docena de personas en el caso Tsunami, sobre el movimiento de repulsa a la sentencia del procés, son delitos políticos, para la cúpula judicial española son delitos de terrorismo. 

La futura ley de amnistía, como garantía de una nueva legislatura de Pedro Sánchez y Sumar y que afectaría a los investigados en relación al procés, ha despertado de nuevo la fiebre del lawfare en España.