Lara Hernández, Elizabeth Duval, Txema Guijarro y Rosa Martínez conforman la dirección temporal de Sumar

El Grupo de Coordinación de Sumar ha nombrado este jueves una "coordinadora colegiada interina" que gestionará el día a día del partido tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general de la formación el pasado lunes. Según ha podido saber Público, los nombres escogidos (incluidos en una propuesta elevada por la ejecutiva a este órgano) son los de Lara Hernández, Elizabeth Duval, Rosa Martínez y Txema Guijarro.

El nombramiento de estas cuatro personas responde a los distintos perfiles y funciones que ejercen en la actualidad en tres ámbitos: el Gobierno, el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y el propio partido.

Hernández es la secretaria de Organización de Sumar y en su día se le encomendó la tarea de llevar las relaciones con los distintos partidos de la coalición en un momento de tensión marcado por negociaciones como la de la lista de las elecciones europeas. Duval es la secretaria de Comunicación de la organización.

Martínez es secretaria de Estado de Derechos Sociales en el ministerio liderado por Pablo Bustinduy, y será la pata de la formación en el Gobierno (en Sumar es la secretaria de Transformación ecosocial). Guijarro es el secretario general del grupo parlamentario plurinacional de Sumar, por lo que representará al partido en el Congreso (su rol en Sumar es el de secretario de Coordinación institucional).

La vicepresidenta segunda del Gobierno, que seguirá liderando los cinco ministerios de la coalición Sumar en el Ejecutivo, se mantendrá en la ejecutiva del partido tras dimitir como coordinadora general por los malos resultados cosechados el pasado domingo en las elecciones europeas.

El partido en las instituciones y el proyecto a largo plazo

Con la designación de esta dirección transitoria se busca preparar al partido para afrontar la legislatura y para formar parte de la reorganización de la izquierda que llevarán a cabo los partidos tras la decisión de Díaz. Más Madrid ha pedido convocar una "Mesa de la Coalición" para establecer una reflexión conjunta en el espacio y configurar espacios de entendimiento y de coordinación.

Esta dirección transitoria durará, al menos, hasta otoño, ya que Sumar tiene previsto celebrar una nueva asamblea para renovar sus órganos tras la que tuvo lugar en marzo para elegir al actual Grupo de Coordinación. En ese momento sólo se designó a un 70% del órgano, que fue votado por la militancia de la organización. El 30% estaba reservado para representantes de los distintos partidos de la coalición (Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Verdes Equo...).

Sin embargo, tras la dimisión de Díaz como coordinadora general, las formaciones han decidido dar por "superado" este modelo y establecer una nueva fórmula de colaboración más adelante.

La propuesta aprobada por el Grupo de Coordinación establece una división en dos ámbitos o espacios de trabajo, el institucional y el orgánico, al igual que sucede con algunos partidos en otros países. El institucional estaría compuesto por los ministerios de Sumar en el Gobierno de coalición y por el grupo parlamentario del Congreso, y su principal objetivo reside en impulsar medidas y dar estabilidad política para el contexto más inmediato.

El trabajo orgánico recae en el partido, y su fin es el de crear un proyecto a largo plazo (en consonancia con otros actores) y una marca reconocible de cara a los procesos electorales. En esta propuesta, además, se mandata a la ejecutiva la creación de un grupo de trabajo con el resto de fuerzas de la coalición para elaborar una propuesta de cara a los Presupuestos Generales de 2025.

Este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno avanzó que antes de que acabara junio remitiría a la parte socialista del Ejecutivo una propuesta presupuestaria basada en cuatro pilares: el despliegue de una prestación universal por crianza y la ampliación a 20 semanas de los permisos parentales y marentales retribuidos; una reforma fiscal; y una reforma industrial para regular las deslocalizaciones empresariales y para impedir que empresas con ostentosos beneficios puedan emplear un ERE para llevar a cabo despidos colectivos.