En la pieza Land (terreno o finca en inglés) se investigan supuestos encargos al comisario Villarejo durante 2012 y 2013 realizados por Susana García-Cereceda, una de las dos herederas de Procisa, la promotora de la urbanización madrileña de mega lujo La Finca y de su parque empresarial de élite. Esos trabajos, según el relato de Villarejo —asumido por el juez instructor—, estarían destinados a espiar a su propia hermana, Yolanda, a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara, y al arquitecto Joaquín Torres, muy cercano al difunto Luis García-Cereceda.

El juez instructor de la macrocausa Tándem, Manuel García Castellón, se centró en esos supuestos espionajes de los que Villarejo dejó un señuelo. Lo hizo en los informes que él mismo escribió y que sirvieron de justificación de varios pagos recibidos en el marco de una presunta disputa entre hermanas por la herencia de Procisa y de unas desavenencias con el llamado "arquitecto de los famosos", Joaquín Torres, que ocupaba un inmueble en La Finca y que había sido colaborador de García-Cereceda padre.

Estos supuestos espionajes, que son las únicas acciones en las que se centra la instrucción de la pieza Land, consistieron en el acceso a comunicaciones y otros datos personales de la hermana de Susana García-Cereceda, de la viuda de su padre y del arquitecto Torres.

Pero los conflictos alegados para justificar la contratación y el pago al comisario hacen aguas con la verificación de los mismos que este diario efectuó en la base de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ).

El análisis de Público arroja que las interacciones con Villarejo y el calendario de pagos coinciden temporalmente con el periodo de tramitación de un recurso vital para eludir un concurso de acreedores en Procisa. Este sería, según ha podido comprobar este diario, el motivo real por el que Susana García-Cereceda habría contratado y pagado a Villarejo.

Este proyecto en un principio fue denominado por Villarejo en sus notas como "Pozuelo" (el municipio de Madrid donde está ubicada La Finca), según los índices de los dispositivos de memoria que se le incautaron cuando fue detenido. Y, de hecho, ese recurso vital para Procisa pretendía modificar la decisión de una magistrada de un juzgado de Pozuelo de Alarcón.

La sentencia de esta jueza de Pozuelo, dictada en diciembre de 2011, recogía la resolución de un viejo y largo pleito que la sociedad de las García-Cereceda mantenía con tres empresas. La decisión judicial dirimía a quién correspondía la propiedad original de unas parcelas ya promocionadas y vendidas por Procisa, adquiridas en su día a una persona que, a la vez, se las había vendido a las tres sociedades mencionadas.

La magistrada falló en contra de Procisa y obligó a compensar económicamente a las tres empresas con 34 millones de euros. Pero esta indemnización debía abonarse, y aquí estaba el problema, en dinero. Es decir, las García-Cereceda no podían pagar en especie con otras parcelas de características similares que Procisa tenía en stock.

Asumir el pago de 34 millones en dinero habría supuesto para Procisa quedarse al borde de la quiebra y del concurso de acreedores, ya que la empresa vivía desde el estallido de la crisis inmobiliaria en un proceso de refinanciación cuasi permanente con las entidades bancarias. Y este, y no otro, era el problema por el que Susana García-Cereceda se ve obligada a interactuar con Villarejo.

Así lo declara también Susana García-Cereceda dos veces, como ya informó Público. Primero ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando es detenida y después en el juzgado, respondiendo al juez y los fiscales, y tal y como puede escucharse en este audio.

"Nos podía poner en una situación de concurso. Un pleito muy importante. Y era a ver cómo se pagaba".

La base pública de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial no deja lugar a dudas: los pagos al comisario y las comunicaciones con él se inician en paralelo a la evolución procesal de este importante recurso y terminan cuando este se resuelve felizmente para Procisa: la Audiencia Provincial corrigió a la magistrada y permitió el pago en parcelas.

Así, la última vez que el comisario emite una factura a Procisa, lleva fecha de 18 de diciembre de 2013 (pocos días después del fallo favorable de la Audiencia sobre el recurso) y el concepto de la misma reza: "liquidación de los trabajos".

Pero, además, dos días antes de la publicación de la sentencia salvadora de la Audiencia Provincial, Villarejo anota en su agenda un resumen de lo que parece un encuentro de celebración con Susana García-Cereceda.

"FINCA. Reunión con SUSANA muy productiva. Quedaron todos muy contentos. DAVID invitó a comer en CASA TERE". [David es David Fernández Aumente, expolicía e intermediario entre García-Cereceda y Villarejo].

A medida que va cobrando, Villarejo produce dosieres que relatan decenas de posibles peligros para Susana García-Cereceda ("espantos", como él mismo los denominaba). Peligros que el comisario achaca a su hermana Yolanda, a la viuda de su padre y al arquitecto de La Finca. Pero en realidad la mayoría carecían de fundamento y los que tenían algún soporte estaban lejos de representar el riesgo que Villarejo vendía. 

El supuesto conflicto con su hermana por la herencia no era tal, porque el padre dejó todo a sus dos hijas al 50%. El problema por la vivienda que su padre ocupaba con su entonces esposa no tenía recorrido porque Susana ya había alcanzado un acuerdo hacía tiempo con ella.

Y, por último, el asunto financiero con el arquitecto Joaquín Torres, que reclamaba unos supuestos honorarios millonarios no abonados, no sólo no era de la envergadura que se publicitaba, sino que, además, se trataba de una estrategia global del arquitecto en la que reclamaba a varios clientes por impago para poder justificar él mismo ante los jueces de lo mercantil la solicitud de entrada en concurso por razones ajenas a su gestión (impagos de clientes).

En todos los casos Villarejo esgrimía la "prensa" como amenaza. De continuo advierte en sus informes, como ya relató Público, del daño que podrían causar filtraciones a la prensa de determinadas informaciones —verdaderas o falsas— sobre Procisa que tanto su hermana, como el arquitecto o la viuda de su padre pudieran suministrar a varios periodistas (citando curiosamente a redactores de su círculo de influencia). 

Villarejo sabía lo que hacía cuando asustaba a su cliente con la prensa para asegurar su fidelidad y el pago de lo convenido. La publicidad negativa no favorecía refinanciaciones, proceso continuo en el que se encontraba Procisa, como muchas otras promotoras inmobiliarias en esos años.

De la situación de extrema debilidad financiera de Procisa no solo salió Villarejo beneficiado, también su amigo y cliente Jesús Gil Marín (hijo de Jesús Gil y Gil, el polémico y popular presidente y dueño del Atlético de Madrid, ya fallecido).

Las tensiones de tesorería de Procisa facilitaron que Gilmar, la agencia inmobiliaria que Jesús Gil hijo dirigía, se hiciera poco después, en los primeros meses de 2014, con un lucrativo acuerdo de comercialización exclusiva de las parcelas aún sin vender de La Finca.

Esta operación consistía en la venta conjunta, a través de una nueva sociedad al 50%, de 99 parcelas y chalés de lujosa urbanización. Hasta entonces, Procisa había trabajado con varias agencias inmobiliarias. La expectativa de comisiones de comercialización para Gilmar no era pequeña, si se tiene en cuenta que los activos de La Finca se venden a una media de 4 a 6 millones de euros.