Junts pel Sí y la CUP han registrado este lunes en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, con la que pretenden dar cobertura legal al referéndum que el Govern desea convocar para el 1 de octubre, pese a la oposición del Gobierno del Estado.

El texto, firmado por todos los diputados de ambos grupos, ha quedado así registrado pero el próximo paso, la admisión a trámite por parte de la Mesa, no tendrá lugar hasta el 16 de agosto, que es cuando se retomará la actividad parlamentaria.

La proposición de ley ha sido registrada en representación de Junts pel Sí (JxSí) por su presidente, Lluís Corominas; la portavoz, Marta Rovira, y el diputado Jordi Orobitg, mientras que por parte de la CUP estaban presentes Gabriela Serra y Benet Salellas.

JxSí y la CUP establecen en la proposición de ley las condiciones y garantías que tiene que tener el referéndum que desean convocar para el 1 de octubre, aunque el texto puede ser modificado.

La base legal sobre la que se asienta la nueva ley se refleja en el artículo 2, al afirmar que el pueblo de Catalunya es un "sujeto político soberano" y, como tal, "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".

La ley establece "un régimen jurídico excepcional" para celebrar el referéndum y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema del Canadá que consideran aplicables en la consulta catalana.

El artículo 3 supone una advertencia ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y destaca que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Catalunya".

También indica, ante posibles querellas u otras acciones judiciales, que la ley ampara "a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.

En el siguiente artículo se especifica que la pregunta del referéndum será: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?" y se declara el carácter "vinculante" de la consulta, por lo que no será una simple "movilización" o un proceso participativo como el del 9N.

Independencia o elecciones autonómicas

En la ley se indica que, si en el recuento de votos válidos hay más votos afirmativos que negativos, esto "implica la independencia de Cataluña" por lo que, a tal efecto, el Parlament "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados" celebrará "una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y el inicio del proceso constituyente".

Por el contrario, si en el recuento hay más votos negativos que afirmativos, esto "implicará la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas".

El texto prevé que el referéndum se celebre con las condiciones más parecidas posibles a las convocatorias electorales precedentes, pero con algunas excepciones, como por ejemplo la creación de la Sindicatura Electoral como sustitutiva de la Junta Electoral y un censo parecido pero no idéntico al utilizado habitualmente.

Con respecto al censo, los grupos proponentes no han detallado sus características, pero sí que indican que para votar "no será necesaria la autorización" del votante para inscribirse, sino que las mesas electorales dispondrán de un censo preestablecido.

Sobre la Sindicatura Electoral, que sustituye a la Junta Electoral como administración, la ley especifica que estará integrada por 5 personas, la mayoría juristas, que serán designadas por el Parlament a propuesta de los grupos.

"Todas las autoridades públicas tienen la obligación de colaborar con la Sindicatura", precisa el texto, antes de apuntar que la Generalitat "podrá habilitar locales alternativos" cuando los ayuntamientos no cedan las escuelas u otras dependencias habituales.

Además de la Sindicatura Electoral nacional, habrá cuatro Sindicaturas de demarcación territorial, repartidas por secciones electorales y por mesas, y respecto a estas últimas, se prevé que sean elegidas por sorteo entre los electores.

En rueda de prensa tras registrar la ley, el líder de JxSí, Lluís Corominas, ha asegurado que Cataluña celebrará un referéndum, aunque se opongan el gobierno central y, eventualmente, el Tribunal Constitucional.

Corominas ha explicado que el registro a esta ley es la respuesta a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impugnara el viernes la reforma del reglamento de la Cámara y ha concluido: "La democracia en Catalunya no la parará ni el señor Rajoy ni el Constitucional".

El diputado de la CUP Benet Salellas, en clara alusión al espacio políticos de 'los comuns' (Ada Colau), ha confiado en sumar apoyos a la ley que vayan más allá de JxSí y la CUP: "No es una ley de partido, es una ley de país y para el país".

La ley del referéndum prevé que el Parlament proclame "inmediatamente" la independencia si gana el 'sí' el 1 de octubre, y no fija una participación mínima para dar por válido el resultado de la votación.

Trámite urgente

Según figura en el artículo 105.1 del reglamento de la Cámara, el procedimiento de urgencia lo pueden pedir una quinta parte de los diputados (JxSí y la CUP lo cumplen de sobra) y supone reducir los trámites "la mitad de los plazos" habituales.

Además, tanto JxSí como la CUP se guardan la carta de tramitarla por un mecanismo aún más urgente, el de lectura única (les permitiría aprobarla con un solo debate y sin dar a la oposición la oportunidad de presentar enmiendas), pero es precisamente el mecanismo que el Gobierno ha impugnado ante Constitucional.

Ni JxSí ni la CUP han desvelado qué piensan hacer si el Constitucional tumba este punto del reglamento: "No responderemos a cosas que de momento no han pasado", ha zanjado la portavoz de JxSí en la Cámara, Marta Rovira.

67 firmas

La ley que han registrado, cuyo nombre oficial es proposición de ley del referéndum para la autodeterminación de Cataluña, lleva la firma de 67 diputados, 57 de JxSí y 10 de la CUP.

De entre los independentistas, solo faltan las firmas de los 4 diputados de JxSí que son miembros de la Mesa: la presidenta, Carme Forcadell; el vicepresidente, Lluís Guinó, y las secretarias Anna Simó y Ramona Barrufet.

Han considerado que, por razones de "imparcialidad", era conveniente que estos cuatro diputados no firmaran la ley, ya que serán al mismo tiempo los encargados de tramitarla en tanto que miembros de la Mesa.

La primera reunión de la Mesa del Parlament está fijada para el miércoles 16 de agosto y, en manos de JxSí (que tiene mayoría en el órgano), está decidir si empieza ya el trámite parlamentario de la ley o aún se espera unas semanas.